Más de cuatro horas ha durado la declaración de Francesc Puig, el administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL y hermano del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ante el titular del Juzgado de Instrucción cuatro de València y la Fiscalía Anticorrupción. Únicamente se ha negado a declarar a las preguntas del letrado del PP, que ejerce la acusación popular y el que facilitó, según fuentes de las defensas, los "datos erróneos con los que comenzó esta causa que nunca se debería haber iniciado".
El abogado de Francis Puig, Javier Falomir, ha asegurado a los periodistas a la salida de la declaración que se ha contestado "absolutamente a todas las preguntas que se nos han formulado, sobre el informe de la Guardia Civil. Necesitábamos saber qué cuestiones quiere la Fiscalía que mostremos documentalmente además de lo declarado hoy: la realidad del gasto, del pago, la factura, la prestación de servicios que se ha pagado o se ha cobrado y es lo que vamos a hacer a continuación. Salimos muy contentos".
Según el letrado, "la Guardia Civil parte de cuestiones que entendemos que podía haber comprobado, por ejemplo el tema de los domicilios, que duda que haya suministros que se presten en los lugares de trabajo de las empresas, porque no ha hecho lo que tenía que hacer que es ir a Hacienda y pedir los certificados y las altas en Hacienda de esos domicilios. Y lo mismo ocurre con las ayudas de Avalem, donde no concurre que haya ningún problema con ello, pero deja caer una serie de perlas en el informe que no tiene ningún de tipo valor. Es cierto que hay algunas cuestiones que no se ha acreditado el pago, porque en algunos casos se han compensado desde el punto de vista contable porque hablamos de empresas que nos suministran a nosotros y nosotros a ellos. Y en otros casos porque no ha visto los pagos, simplemente".
La defensa del empresario de medios de comunicación de Els Ports señala que "lo que más deseamos es cerrar esto cuanto antes. Esperamos que la intervención [de la Generalitat de Cataluña y Valenciana] aporte cuanto antes su informe y nosotros vamos a aportar todo lo que nos ha pedido la fiscal que hemos dado una explicación, pero vamos a aportar los documentos". Su intención es presentar en breve esa documentación relativa a los domicilios de las empresas y los cambios en Hacienda: "Hay proveedores que han seguido manteniendo las facturas en domicilios que no tocaban. Todo eso hay que justificarlo. En otros casos no consta que se hayan efectuado los pagos. Hay casos en los que el pago está realizado por transferencia o en otros casos como compensaciones".
Preguntado sobre las presuntas facturas duplicadas, el abogado Javier Falomir ha explicado que "la Guardia Civil no entiende muy bien como es el sistema. Las subvenciones en València se piden de una manera y se resuelven de una manera y en Cataluña se resuelven de una manera completamente distinta. Es verdad que aportamos facturas en València y en Cataluña y en algunos casos son las mismas. ¿Significa que imputamos el cien por cien del gasto en los dos? No tiene nada que ver. Es la administración la que decide es qué nos subvenciona y que no. Aquí lo importante es que València, cuando resuelve las subvenciones, jamás te dice qué gastos ha imputado a la subvención. Si conceden 33.000 euros no sé si han ido a nóminas, gastos corrientes, seguridad social. Al cliente nunca le explican eso. Cuando se pide la subvención a Cataluña tiene que aportar todo y la administración ya decidirá qué es subvencionable y qué no. Ni siquiera a día de hoy, despues de haber pasado los planes de control que nos han sido favorables y nunca hemos tenido que reintegrar nada, han explicado por qué no lo hacen a quien conceden subvenciones o no. Y en Cataluña no tenemos por qué indicar qué subvención hemos recibido en València porque no lo piden".
Y ha recordado que el informe del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil de València "no es concluyente por lo que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que pedir un informe a la Intervención" de la Generalitat de Cataluña y Valenciana. "Creemos que no va a haber ninguna sorpresa con los informes de la intervención. También vamos a pedir alguna declaracón testifical, como la del cap de servei para que explique como funciona y cual es el sistema para dar las subvenciones en València. Y tras recibir el informe de la intervención seguro que pediremos el sobreseimiento" de la causa.
Por último, el letrado de Francesc Puig considera que este "es un procedimiento desafortunado porque desde el principio se tenía que haber hecho lo básico: para el tipo penal de fraude de subvenciones existe un requisito de procedibilidad, los famosos 120.000 euros eso es lo primero que hay que comprobar. Creo que a partir del informe de la Guardia Civil ya no nos centramos en el fraude de subvenciones y nos centramos exclusivamente en si ha habido una falsedad de la factura. La Guardia Civil induce a error y piensa que para llegar al tipo y superar la cantidad de 120.000 hay que sumar los importes concedidos y no es eso. Será el importe que de forma irregular me han concedido lo que tiene que superar los 120.000 euros. Si sumamos las cantidades que la Guardia Civil pone alguna objección en su informe, no llegamos a los 120.000 en ningún caso", ha concluido
El juez que investiga las supuestas irregularidades en subvenciones a empresas vinculadas a Francis Puig también ha citado el miércoles a declarar al administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell.
La Generalitat "no está concercenida"
Por su parte, el 'president', Ximo Puig, ha recalcado este lunes que la Generalitat no está "concernida" en la declaración de su hermano Francis y que su empresa "deberá dar explicaciones trabaje quien trabaje", según informa la Agencia Efe.
"El PP intentó involucrar a la Generalitat en esta cuestión y la Justicia dio portazo al PP", ha subrayado Ximo Puig. A este respecto, el jefe del Consell ha querido dejar claro que "es una cuestión que, desde la perspectiva de la Generalitat, quedó bien clara desde el primer momento", mientras que ha criticado la "manera de actuar" del PP con sus querellas.
Por lo demás, ha asegurado que el gobierno valenciano siempre acatará las decisiones judiciales y que cualquier empresa de la Comunitat Valenciana debe tener "los mismos deberes y los mismos derechos". "Es una empresa que deberá dar las explicaciones que tenga que dar, trabaje quien trabaje", ha aseverado.
A partir de ahí, el 'president' ha hecho hincapié en que "si en un momento determinado se observan irregularidades, desde luego que la Generalitat pedirá las compensaciones o lo que corresponda".
Y ha enfatizado: "Hemos demostrado desde 2015 que estamos aquí para mejorar la reputación de la Comunitat Valenciana, lo hemos venido haciendo y lo vamos a hacer siempre, esté quien esté afectado".
