El Botànic está más cerca de cerrar un acuerdo sobre cómo impulsar las energías renovables en el territorio autonómico. No obstante, el pulso entre las fuerzas políticas del tripartito seguía activo a última hora de este miércoles. Principalmente, por las reticencias del PSPV a asumir la hoja de ruta que le está marcando Compromís y Unides Podem, y, sobre todo, por consensuar la fórmula que permita desarrollar esas medidas sin que parezca, y eso parece ser lo más importante, que se está enmendando el decreto aprobado por el Consell para avanzar, precisamente, en esa línea. Aún así, todo apunta a que la convalidación del decreto consensuado por el Ejecutivo recibirá este jueves luz verde en las Cortes valencianas, no sin antes cerrar un acuerdo in extremis entre la izquierda parlamentaria.
Establecer un marco normativo que delimite la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos en la Comunidad Valenciana se ha convertido en el nuevo foco de conflicto entre las formaciones que sustentan al Botànic. El Gobierno que lidera Ximo Puig aprobó un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia económica y energética originada por la guerra en Ucrania que incluía eliminar burocracia para allanar el camino a las instalaciones para generar energía verde. Aunque dicho texto está en vigor desde el primer día de su aprobación en el Consell, debe ser validado por el pleno de las Cortes antes de dos meses, y ese plazo está a punto de cumplirse. Con el calendario cada vez más ajustado, los valencianistas y los morados abogaron por forzar en el Parlamento autonómico que dicho decreto se tramitara como una proposición de ley, de forma que se pudieran incluir cambios. Sin embargo, ese es un hecho inédito que los socialistas han querido evitar a toda costa. Fuentes parlamentarias admiten que, si se llega a ese extremo, se estaría proyectando una imagen de debilidad. Por tanto, y aprovechando esa negativa, sus socios parlamentarios están forzando una negociación paralela. La jugada está clara: no presentarán objeciones al decreto a cambio de que se aprueben, por otra vía, las modificaciones que reclaman. Y eso es algo que se tiene que resolver antes de la votación programada este jueves en el hemiciclo. Las posibilidades, al parecer, son dos. Que PSPV, Compromís y Unides Podem se comprometan a tramitar una ley de soberanía energética que incluya todas las medidas que se reclaman, entre ellas la creación de la Agencia Valenciana de la Energía, o bien impulsar modificaciones en diferentes leyes ya existentes para introducir las novedades que reclaman; una opción que se podría hacer, por ejemplo, a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2023.
La nueva consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, fue la encargada de defender este miércoles el decreto del Consell en las Cortes, siendo su primera intervención desde la tribuna desde que asumió el cargo. Durante el pleno, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Muñoz, pidió la convalidación del decreto al considerar que es la gran oportunidad valenciana para ponerse la frente de las economías y regiones europeas o, en caso contrario, supondrá delimitar el futuro de los valencianos.
Por parte de Compromís, la síndica, Papi Robles, remarcó que no hay que dar solo una respuesta de urgencia sino estructural y que detalle cómo se va a distribuir la energía, cómo se va a comercializar y cómo va a llegar a las familias. En esa línea, planteó una ley de soberanía energética en la que se marque «toda la estructura» de la producción y distribución en la Comunidad.
Freno a las eléctricas
La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, defendió desde la tribuna que el decreto del Consell se puede mejorar «por la vía que sea» . Reivindicó que lo que se necesita es reforzar la autonomía municipal en la toma de decisiones sobre implementar nuevos proyectos de renovables; incrementar la protección del territorio para que las posibles placas solares se instalen primero en las cubiertas de edificios o polígonos industriales, antes que extender macroproyectos en espacios rurales; o potenciar las cooperativas y las comunidades energéticas para evitar que las grandes eléctricas dominen este nuevo mercado.
La oposición, por su parte, se posiciona radicalmente en contra. El portavoz de Hacienda del PP, Rubén Ibáñez, dijo que este decreto es «una barbaridad normativa. Recordó que el primer decreto que pretendió impulsar el tripartito obtuvo numerosos reparos de la Abogacía y que se está utilizando, además, para aprobar modificaciones de otras leyes que nada tienen que ver. De hecho, los populares aseguran que, en caso de ser convalidado como tal y no tramitarse como proyecto de ley, lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, señaló que el tripartito ha convertido el decreto de las energías renovables en un cajón de sastre donde todo vale para colar «medidas partidistas». Reclamó también que se tramite como proyecto de ley porque «tiene margen de mejora y el decreto, tal como lo han presentado, deja mucho que desear». Vox dejó claro que no lo apoyará aunque reclamó, igualmente, que se tramite como una ley.
