El Botànic supera un nuevo escollo al pactar la Agencia Valenciana de la Energía

Sellar un pacto en ese sentido era una condición sine qua non para garantizar que el decreto aprobado por el Consell con medidas para agilizar la instalación de plantas de solares y fotovoltaicas fuera convalidado por las Cortes sin introducir modificaciones. Compromís y Unides Podem echaron un pulso al PSPV-PSOE y advirtieron que estaban dispuestos a forzar que ese decreto se tramitara como proyecto de ley, con tal de poder incluir las reivindicaciones pendientes, al considerar que el marco normativo del Ejecutivo se quedaba corto. Finalmente, hubo fumata blanca. Diez minutos antes de la votación en el Parlamento, las síndicas Ana Barceló, Papi Robles, Pilar Lima y la portavoz adjunta Estefanía Blanes, anunciaron el acuerdo, que contempla instar al Consell a que las medidas adicionales se plasmen en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2023, que se aprobaría, previsiblemente, en diciembre. Por tanto, está por ver si las reivindicaciones se llevan a efecto teniendo en cuenta que cinco meses después, en mayo de 2023, se celebrarán elecciones.  

Desarrollar la Agencia Valenciana de la Energía como herramienta para impulsar la producción y distribución de energía renovable para las administraciones, los hogares y el tejido empresarial, como paso previo a la creación de un organismo con capacidad para la generación de energía, era un compromiso establecido en el primer punto del pacto del Botànic, que posibilitó la reedición de la coalición de izquierdas en 2019. Aunque, en particular, Unides Podem ha sido la fuerza que ha venido reclamando con más ahínco durante este mandato el cumplimiento de dicho pacto, los socialistas han venido dilatando ese debate. Es más, incluso el entonces síndico del PSPV-PSOE en las Cortes, Manolo Mata, llegó a defender en el Parlamento autonómico que eso era algo que no convenía poner en marcha tras el mal resultado cosechado en una iniciativa similar en Baleares. No obstante, la crisis generada por la invasión de Ucrania, con precios disparados en materia de energía y una inflación generalizada, afloró de nuevo el debate y, en esta ocasión, fue Compromís quien trató de abanderar esta causa. En ese complicado contexto, el Ejecutivo autonómico aprobó un decreto con medidas para hacer frente a los costes disparados en la electricidad, pero los grupos parlamentarios de los valencianistas y los morados lo vieron insuficiente. Los socialistas trataron de frenar esa revuelta, sin éxito. Incluso la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ambas de Iniciativa, salieron a la palestra a mostrar su presunto desacuerdo con la reivindicación de Compromís en el Parlamento, liderada por Papi Robles (Més, antiguo Bloc).

Aunque el pacto se cerró in extremis, no estaba claro que este jueves los parlamentarios de izquierdas fueran a validar el decreto del Gobierno regional sin obligar a que se tramitara como una iniciativa legislativa. Cabe recordar que cinco diputados de Compromís y Unides Podem habían hecho pública su intención de no apoyar el decreto si no daba garantías ambientales y territoriales y brindaba una mayor autonomía a los ayuntamientos para decidir en cuestiones de planificación. Son medidas que, finalmente, se plasmaron en el acuerdo adicional entre grupos parlamentarios, por lo que la votación sobre el decreto salió adelante con el posicionamiento en contra de la oposición, que reprochó a la izquierda que en el decreto de medidas para hacer frente a la crisis se han colado otras modificaciones legislativas que nada tienen que ver con esta cuestión. 

Con este acuerdo, el Botànic zanja un escollo más, el primero que ha sido negociado por Barceló como nueva síndica socialista, que se apunta dos tantos: haber frenado las pretensiones de los valencianistas de aprobar una ley específica de soberanía energética y conseguir que el decreto del Ejecutivo no acabe transformado en un proceso legislativo. No obstante el PSPV-PSOE cede a regular cuestiones que no pretendía abordar más allá de las medidas aprobadas por el Gobierno autonómico.

En concreto, el pato alcanzado incluye los siguientes puntos:

1. La creación de una Agencia Valenciana de la Energía que entre sus funciones contemplo crear o participar en sociedades mercantiles, con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo.
2. El impulso de promociones públicas de generación distribuida de energías renovables y el fomento de las cooperativas de energía y las comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética democrática.
3. El establecimiento de una prelación de los suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parque eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio.
4. La mejora de aquellas cuestiones de carácter técnico que puedan resultar de interés para impulsar la transición energética en la normativa vigente de aplicación.
5. El refuerzo de la protección medioambiental para minimizar la afección de los espacios naturales protegidos y de especial valor en los que sean manifiestamente incompatibles los usos, como espacios a los cuales no se pueden desarrollar proyectos de instalación fotovoltaica.
6. La adaptación de la normativa valenciana en el acuerdo logrado en el congreso de los diputados sobre la modificación del Real decreto ley 6/2022, en aquellas cuestiones que facilitan la participación ciudadana y establece más garantías medioambientales.
7. El establecimiento de mecanismos que permiten a los municipios participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en su término. Todo proceso de instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 Mw en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública, de acuerdo con aquello que establece el Texto Refundido de la LOTUP. Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga.
8. Apoyar técnico y humano en los ayuntamientos de municipios pequeños que presentan insuficiencia de recursos materiales y humanos, para que puedan cumplir con las obligaciones y actuaciones que correspondan para dar cumplimiento a la aplicación de la normativa que se implante.