La Generalitat aún no ha decidido personarse en la causa que investiga el posible fraude de subvenciones públicas a empresas del hermano del presidente, Francis Puig, al tener "dudas razonables" de que se haya cometido algún tipo de delito, pues por ahora no se ha "acreditado" ninguna conclusión.
Así lo ha asegurado este jueves la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al responder en el pleno de las Cortes a una pregunta formulada por la diputada del PP Eva Ortiz sobre cuándo se personará la Abogacía de la Generalitat en la causa judicial que afecta al hermano de Ximo Puig y a otro empresario, que han declarado esta semana como investigados ante un juzgado de València.
Según Ortiz, ambos han reconocido en sede judicial que presentaron facturas falsas, duplicadas o por otros conceptos para lograr subvenciones de la Generalitat Valenciana, del Gobierno de Aragón y de la Generalitat catalana, un fraude que ascendería a 1,2 millones de euros entre subvenciones y contratos solamente con la Administración valenciana, y que llegaría a los 2 millones sumando a las que afectan a los gobiernos aragonés y catalán. Tanto esta causa como la que salpica a la vicepresidenta, Mónica Oltra, por la supuesta actuación negligente de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos, en concreto, los cometidos por su exmarido sobre una menor tutelada por la Generalitat mientras ejercía como educador, han puesto en bandeja a la oposición, a la bancada de la derecha, ahondar en su estrategia de desgaste contra los dos principales socios del tripartito que gobierna la Comunidad.
La diputada del PP ha reprochado a Bravo que la Generalitat aún no haya hecho nada para intentar recuperar ese dinero público, le ha preguntado cómo no fue detectado por los controles de la Administración y le ha insistido para que responda cuándo se personará la Abogacía de la Generalitat en esa causa para defender tanto por la vía civil como la penal que se devuelva ese dinero.
Según Ortiz, el Consell tiene "un doble rasero" para pedir responsabilidades, como en este caso, pues afecta directamente a un hermano del president Ximo Puig.
La consellera le ha espetado que sabe "perfectamente" que la Generalitat no puede personarse todavía en este caso porque no hay "ninguna conclusión" de que haya falsedad documental o de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, fijada como límite para que se investigue como delito de fraude, motivo por el cual la fiscalía ha pedido sendos informes a la Intervención tanto de la Generalitat Valenciana como de la catalana.
"Lo que sí sabemos que de todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig ha salido impoluto y por eso no hay reclamación alguna", ha añadido.
"Si no se da esa premisa, no es un fraude", ha insistido Bravo, pues "a pesar de los más de 388 folios de informe de la Guardia Civil hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones, y ha cargado contra Ortiz por querer "confundir a la opinión pública" con el "bulo" que ha fabricado el PP en torno a este asunto.
La consellera la ha acusado además de practicar una "política de barro" con falsas acusaciones "contra quienes no han podido defenderse durante dos años por respeto a la justicia", en alusión a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover, quien este miércoles declaró ante el juez que no mantiene ningún vínculo societario con el hermano del presidente de la Generalitat.
"Le recomiendo que deje esa política de barro, solo logra que su partido quede retratado. Eso es basura, y usted de basura sabe mucho", ha concluido Bravo su réplica a Ortiz.
