La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática recibió la pasada semana, de manos de la Autoridad Portuaria, las llaves del antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante. Esta acto simbólico supone el pistoletazo de salida con el que se acelerarán los pasos para que el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que da continuidad a la apuesta descentralizadora de Ximo Puig para la Comunidad Valenciana, la misma que el presidente está promoviendo para el conjunto del Estado, entre en funcionamiento el próximo año, antes de que concluya la actual legislatura.
De esta forma, Alicante se convertirá en la casa de las políticas sobre memoria democrática que se promoverán desde la Generalitat, con un instituto que estará formado por una plantilla de quince profesionales que contará con autonomía de funcionamiento. Tras la recepción de las llaves, desde la conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo se está trabajando ahora en la redacción del proyecto para el inmueble, un documento que se espera finalizar este mes o, como muy tarde, a principio de julio. Una vez concluida la redacción, se ejecutaría la obra, con un plazo de duración estimado de ocho meses, lo que llevaría hasta marzo del próximo año y, por tanto, se cumpliría el objetivo de que la nueva sede del Consell en Alicante abriera sus puertas en el actual mandato.
Objetivos
El instituto nace de laLey 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana y entre sus objetivos se encuentra el estudio, la investigación y el impulso de las medidas establecidas en la propia ley. En cuanto al apartado económico, para la estimación de los costes derivados de su creación y puesta en marcha se han tomado como referencias la memoria económica del anteproyecto de ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana y el presupuesto anual del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora del País Vasco.
La memoria económica contempla costes para la localización, exhumación e identificación de las víctimas desaparecidas. Los costes de localización alcanzan los 900.000 euros, los de exhumación los 4.600.000 euros y los de identificación 2.819.600 euros. Los trabajos de reinhumación, por su parte, llegan a 1.600.000 euros. Otros costes menores son los de adquisición y copia de documentos (100.000 euros) o divulgación (50.000 euros). En cuanto a las líneas de subvención, la colaboración con entidades locales y memorialistas y universidades se establece en 480.000 euros.
En cuanto a lo que se refiere al campo de actuación del nuevo instituto, le corresponden las funciones relativas a la identificación, reparación y reconocimiento de las víctimas, de impulso del conocimiento, fomento y divulgación de la memoria democrática de las que son titulares todos los valencianos, de coordinación, colaboración y cooperación administrativa con entidades y otras administraciones públicas en materia de memoria histórica y democrática y de coordinación en dicha materia de las actuaciones de las distintas consellerias, entre otras.
Organigrama
El organigrama del Instituto de la Memoria está formado por quince profesionales: un director general, un subdirector general, dos jefes de servicio, tres jefes de sección, cuatro técnicos y cuatro auxiliares de gestión. El coste de la plantilla es de 662.695 euros, a los que hay que sumar los 71.504 euros del puesto de director general, lo que supone el 31% del presupuesto específico para el primer año a pleno rendimiento de la nueva sede del Consell en Alicante: 2.240.833 euros.
De su espacio físico, cabe recordar que la oficina ocupará una parcela de 630 metros cuadrados, en un terreno perteneciente al dominio público alicantino, ubicado en la rotonda de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente. En ella se invertirán 900.000 euros para acondicionarla.
