El desenlace prácticamente estaba cantado desde hace días. Sólo faltaba saber el cuándo. Y la incógnita se despejó este jueves, pasado el mediodía, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) notificaba el auto con el que cita a declarar en calidad de investigada -por tanto, como imputada- a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada y, en particular, por tratar de proteger a su exmarido o su carrera política, según recoge el auto literalmente. No en vano, el condenado por esos hechos a cinco años de prisión fue su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, pendiente ahora de un recurso ante el Tribunal Supremo. La causa contra él ha acabado por salpicar de lleno a la lideresa de Compromís, que despuntó en sus inicios en política como azote de los imputados del por aquel entonces hegemónico PP. La estrategia se le ha vuelto ahora completamente en contra a un año de las elecciones. Oltra deberá acudir a declarar el próximo 6 de julio y queda, pues, en una situación más que complicada. Un desenlace que, pese a ser el esperado, no ha hecho más que elevar la presión sobre el jefe del Consell, Ximo Puig, y el Ejecutivo valenciano, hasta el punto de poner contra las cuerdas al Botànic. Tanto que en ciertos sectores del Gobierno hay división entre los partidarios de que el president adopte medidas contundentes ya -lo que, a efectos prácticos, pasaría por la salida de la vicepresidenta, sobre todo teniendo en cuenta que es él quien tiene la capacidad de cesar a los cargos de su Ejecutivo- y los que abogan por esperar hasta el próximo 6 de julio, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pese a los respaldos públicos más o menos efusivos, más o menos tibios. La presión es especialmente fuerte en el seno del PSPV. Todo, a la sazón, mientras en Compromís el cierre de filas con su líder fue total, pese al desconcierto y la preocupación que se exteriorizaba entre las bases. La secretaria general de Més Compromís, Águeda Micó; el diputado nacional Joan Baldoví; o el conseller de Economia Sostenible, Rafa Climent, todos ellos del antiguo Bloc, tardaron poco en salir a mostrar su apoyo sin fisuras.

La jornada había comenzado tranquila. La vicepresidenta del Consell comparecía junto al titular de Sanidad, Miguel Mínguez, para presentar el nuevo protocolo que reduce a la mitad el plazo para que las personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica puedan acceder a prestaciones como la dependencia. Hubo sonrisas, fotos y abrazos. Felicitaciones por sacar adelante un proyecto que, en palabras de Oltra, «es muestra de un cambio de paradigma desde hace siete años en que los valencianos y valencianas eligieron una nueva forma de gobernar». Sin embargo, todo se torció a mediodía. El retraso del «consellet», la reunión semanal de secretarios autonómicos y subsecretarios como paso previo al Consell para tramitar los asuntos que se deben aprobar al día siguiente, encendía las alarmas. Estaba convocado para la una de la tarde, se posponía hasta la una y media, y, finalmente, comenzaba prácticamente un cuarto de hora después. Entre medias, la imputación de Oltra, que es quien dirige el «consellet» como secretaria del Ejecutivo, ya estaba en boca de todos. El auto se había hecho público y, pese a todo, la vicepresidenta trató de mantener el tipo y dirigir la reunión semanal con normalidad, según relataban posteriormente algunos de los presentes. De hecho, salvo giro de guion de última hora, está previsto que comparezca este viernes, como cada semana, tras el pleno del Consell, y que el sábado participe en el acto con el que Compromís abre la precampaña, titulado «Cap al 3er Botànic», en el que Oltra compartirá cartel con Baldoví, Micó o el alcalde de València, Joan Ribó. Incluso ya se ha hecho un llamamiento a las bases para que se vuelquen en masa con la convocatoria.

El tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que asumió inicialmente la causa, relata «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada». Oltra encabeza la segunda formación con más peso en el Consell del Botànic. El TSJCV entiende, por tanto, que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario». Y no solo se hace cargo de la investigación sobre la vicepresidenta, que está aforada en su condición de diputada, sino que asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos. Considera que, en este momento, existe en todos ellos «una conexidad inescindible».

El pronunciamiento que inicia formalmente la investigación judicial sobre la número dos de la Generalitat se ha rubricado una semana después de que el fiscal superior de la Comunidad Valenciana respaldara la competencia de TSJCV para imputar a la vicepresidenta por la actuación como máxima responsable de Políticas Inclusivas en la supuesta ocultación del caso de abusos a una menor tutelada por la que fue condenado su por entonces marido, apreciando indicios racionales de hasta tres delitos en los que presuntamente habría incurrido la consellera: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

En el auto hecho público este jueves, el TSJCV expone un razonamiento que resulta clave en la imputación de la vicepresidenta: «Puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la conselleria, considerados en abstracto y de una forma aislada, no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, pero, si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar, según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad».

El documento ahonda, además, en el razonamiento sobre que constan una serie de declaraciones publicas efectuadas por Oltra, tanto en el seno de les Cortes como ante los medios de comunicación, en las que se atribuye la orden de incoar un expediente reservado en la conselleria para analizar supuestamente lo ocurrido. No obstante, después, en su escrito de defensa, se desdijo. Aseguró que no fue ella quien lo ordenó, pero eso es algo que para el tribunal no ha pasado desapercibido.

«Cierto que ahora puede que se trate de desvincular de sus anteriores afirmaciones, pero no por ello deja de ser un elemento a considerar, como también lo es que resulta ciertamente increíble que, como llega a afirmar alguno de los investigados, se enteraran de los abusos y de la posible imputación de quien resultó ser el marido de Oltra por la prensa, cuando esta afirmó que por un afán de trasparencia al inicio de su mandato comunicó en la conselleria, tanto oralmente como por escrito, su relación (con el ahora condenado por abusos) y su trabajo como educador, lo que nos hace pensar que era una circunstancia perfectamente conocida en ese ámbito». Señala, además, que cuando la víctima y el que entonces era su novio denunciaron nuevamente los hechos , esta vez ante los agentes del GRUME, manifestaron sus miedos porque «el educador era el marido de un persona muy importante que salía en la tele por lo que temían que no les fueran a hacer caso». Y todo eso es algo que «hace sospechar igualmente que, en contra de lo afirmado, conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía», subraya el auto con relación a Oltra. 

Por todo ello, el tribunal acuerda asumir la investigación sobre Oltra, aforada por su condición de diputada, así como de la integridad de la causa, puesto que, de enjuiciarse por separado, «no solo podría determinar la existencia de resoluciones contradictorias, sino a la par generar para los diferentes imputados una posición procesal realmente compleja». 

A expensas de lo que pueda ocurrir con el «encubrimiento»

El TSJCV recuerda que la condena de cinco años de prisión al entonces marido de Oltra está a expensas de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y argumenta que «eso es algo que, quizá, nos impida hablar de un delito de encubrimiento que, en caso de adquirir firmeza la resolución, podría igualmente valorarse en un futuro». No obstante, añade que no impide entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que «se refiere sencillamente a impedir una investigación, a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía, infracción que igualmente podría concurrir aunque finalmente resultara absuelto (el abusador), ya que lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia».