Agentes de la Policía Judicial registraron durante ocho horas la Conselleria de Igualdad el pasado lunes, apenas un día antes de la dimisión de la titular del departamento y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La orden de registro habría sido dictada por el Juzgado de Instrucción 15 de València, que abrió las diligencias el 18 de junio de 2021 para investigar si los funcionarios de la Conselleria de Igualdad prevaricaron y desatendieron a la menor que sufrió abusos por parte de un educador, expareja sentimental de Oltra.
Durante el prolongado registro los agentes judiciales escanearon íntegramente el expediente que sobre el caso de la menor se abrió el 8 de agosto de 2017. Un expediente que la sección segunda de la Audiencia de València que condenó al educador por abusos considera «parajudicial» y creado para «desacreditar a la menor». Y del que existe controversia sobre quién ordenó su apertura. Los funcionarios de la Conselleria de Igualdad investigados en la causa han negado en sus declaraciones que fuera la consellera quien ordenara su apertura. Una directora general también incorporó el expediente a la causa, pero ahora el juez instructor querría comprobar si lo aportado incluye toda la documentación sobre el caso.
Sin embargo, fue la misma Oltra la que se puso en el punto de mira al declarar a los periodistas el 7 de marzo que «ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga averígüese aquí que ha pasado’».
Posteriormente, en su escrito de defensa ante el TSJ, Oltra se desdijo y justificó que su intervención se debió a «unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que conllevaba poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la conselleria que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes».
También recordaba la defensa de Mónica Oltra en su escrito que los altos cargos investigados que han declarado hasta ahora siempre han defendido que «el citado expediente informativo fue aperturado a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia en una conversación que mantiene con la subdirectora general de Infancia el 8 de agosto de 2021».
Orden de registro
Sea como sea, el expediente original y una copia escaneada ya están a disposición de la Policía Judicial y del Juzgado de Instrucción 15 que es quien ha dictado la orden de registro, en un auto con fecha del 13 de junio. Una decisión que el titular del Juzgado de Instrucción 15 podía adoptar aunque hubiera enviado la exposición razonada al TSJ para que investigara a Oltra. El juzgado de Instrucción 15 ha abierto una pieza separada secreta para incorporar la documentación requisada en el registro, lo que supone que ni siquiera las partes tienen acceso a estas pesquisas que realiza el magistrado titular.
La orden de registro se habría dictado apenas dos días antes de que el TSJ asumiera la competencia de toda la causa que investiga la gestión de trece funcionarios y trabajadores del Centro Niño Jesús, además de la ya exconsellera de Igualdad Mónica Oltra. En la visita de la Policía Judicial a la Conselleria de Igualdad también se habrían incautado de las dos instrucciones originales, una de 2004 y otra de 2013, en las que se establecía el protocolo de actuación en caso de tener conocimiento de un caso de abuso a un menor y que habrían sido aportadas por el Partido Popular al juzgado, aunque no están personados en la causa.
La primera denuncia que originó esta investigación fue presentada por José Luis Roberto, el líder del partido de extrema derecha, España 2000, y abogado de la menor, solicitando una reclamación económica a la Conselleria de Igualdad.
Una acusación también pedía requisar correos electrónicos
La resolución judicial que ordenaba el registro de la Conselleria de Igualdad se adoptó en el marco de una pieza secreta, abierta a raíz de la presentación de un escrito en el que una de las acusaciones solicitaba la práctica de determinadas diligencias, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia. En esa petición también se reclamaba acceder a los correos de los funcionarios que trataron el caso de la menor abusada.
