La renuncia de Mónica Oltra aparece en unos meses decisivos para Igualdad, con muchísimo trabajo por delante en los despachos para sacar adelante varios de los decretos más importantes de la legislatura. La nueva consellera, Aitana Mas, deberá poner la quinta marcha para conseguir que estos textos salgan a la calle lo antes posible, porque significaría, en palabras de Oltra, «un salto de 30 años en la Administración».
Al menos esos son los deberes que le pone el tercer sector y las plataformas más importantes de la dependencia. Para apuntalar la legislatura y levantar lo que Oltra ha defendido siempre como un pilar más del estado del bienestar -el de Servicios Sociales- es necesario desatascar dos decretos.
El primero es el decreto sobre tipología y funcionamiento de los servicios, programas y centros de servicios sociales. Es una «enciclopedia» de más de mil páginas que se encuentra en alegaciones, pero que, en resumen, actualiza y mejora las ratios y los modelos de todos los centros de servicios sociales, además de garantizar la atención de proximidad. Y no solo eso, unifica y da aire fresco a más de 15 normas distintas, algunas que llevaban 30 años sin tocarse.
El segundo es el Plan Covivint, un nuevo modelo de residencias menos masificadas y más parecidas a un hogar, que limita los centros a 100 plazas, divididas en unidades de convivencia de 20 personas. Un decreto que pretende finiquitar el modelo Blasco-Cotino y que siempre ha tenido enfrente a la patronal, que considera que no sirve para satisfacer el elevado número de plazas para mayores que serán necesarias en un futuro. Ahora mismo hay 28.720 repartidas en 357 centros (283 privados y 74 públicos) y este plan proyecta unas 7.000 más. Pero la OMS estima que serán 22.800 las necesarias, con lo que, según piden desde el tercer sector, es necesario acelerar además de aprobar el plan.
Ambos decretos llegaban justos para ser aprobados esta legislatura, y las entidades ahora reclaman que, a poder ser, salgan este mismo año. Pero todavía quedan escollos administrativos. El primero lo deberá capear Mas este mismo lunes. El Gobierno aprobó recientemente para las autonomías su «acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD)». Ahora tiene que pasar por las comunidades para que lo refrenden, y la norma toca alguno de los pilares de los dos anteriores decretos. Igualdad -reclama el tercer sector- debería ser ágil en incorporar las exigencias del Gobierno y echar a andar los decretos cuanto antes.
Empujón al PATI
Pero hay un tercer decreto que el sector de la dependencia reclama con muchas ganas; primero porque salió de ellos y segundo porque supone dejar de institucionalizar a las personas en centros. Es el que regula los asistentes personales (una persona contratada para ser los ojos, manos y piernas de un dependiente). La valenciana siempre llevó la delantera en esta prestación tan deseada por las personas con discapacidad, ya que supone libertad real de movimientos y no estar limitados a las paredes de los centros. Por el momento la Comunidad solo tiene 192 asistentes personales, pero las entidades reclaman un empujón fuerte este año, que acabe de asentar la figura como otra ayuda más que la gente conozca y pida. Especialmente piden vitaminar la figura del asistente personal infantil (PATI) una prestación en la que la C. Valenciana es pionera en toda España.
La primera decisión de Oltra nada más aterrizar el Botànic fue atajar las listas de espera de la dependencia. Su primera gran promesa que, siete años después, cumplió. En 2015, el sistema acogía a 43.000 personas, Oltra deja el Gobierno con 126.565 ciudadanos con prestación y muy buenos datos cada año en el Imserso, aunque con matices. Pero su principal talón de Aquiles en la gestión ha sido no abonar la dependencia a las 14.000 familias de personas que murieron a la espera de cobrar la ayuda. La exconsellera siempre priorizó en la lista a los vivos, pero las familias sin compensar siguen ahí, algo que deberá gestionar Mas.
La segunda decisión de Oltra fue crear una norma pionera y referente en España, la ley trans valenciana, en 2017. Cinco años después esta normativa marca el camino para la ley trans estatal, al ser un referente en la despatologización y persecución de las llamadas terapias de conversión, además de facilitar el derecho a la autodeterminación de género y el cambio de documentos. Oltra, primero como asesora, y luego como abogada compaginándolo con su actividad política, siempre estuvo muy próxima al colectivo Lgbti y a asociaciones como Lambda, una línea que no se sabe aún si Mas priorizará.
La atención temprana -que a pesar de haber duplicado las plazas y trabajadores sigue recibiendo quejas-, la falta de plazas en centros de día para personas dependientes o la gestión de Renta Valenciana de Inclusión mientras llega también el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno son otros grandes retos de gestión para Más. La cartera de Igualdad y Servicios Sociales es una de las parcelas de gestión más desagradecidas de cualquier Gobierno. Oltra asumió el cargo con la ambición de «rescatar a las personas» y ponerlas en el centro del sistema, sobre todo a las más vulnerables. Ese es el trabajo que le deja a Aitana Mas.
