Seis meses después de que los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- rubricaran un acuerdo para implantar la tasa turística en la Comunidad, y cuando ni si quiera ha arrancado  formalmente el debate en las Cortes sobre la creación de este impuesto, el gravamen a los alojamientos hoteleros se ha convertido en uno de los temas recurrentes en el Parlamento valenciano. La oposición, en bloque, viene utilizando la propuesta como herramienta de desgaste en la recta final del curso político y todo hace pensar que intensificarán el ruido con el reinicio de la actividad tras el parón del verano. El hecho de que el secretario autonómico de turismo, el socialista Francesc Colomer, mantenga su rechazo frontal a esta iniciativa legislativa, en contra de la postura oficial de su partido, aflora una brecha en el Botànic que la derecha utiliza cada vez con más frecuencia para intensificar su ofensiva contra el tripartito. Turismo y agua, a raíz de los vaivenes en torno al Júcar-Vinalopó y la amenaza de recortes del Tajo-Segura, se posicionan pues como dos de los asuntos de capital importancia para la provincia de Alicante que calientan la agenda autonómica de cara al final de la legislatura. 

Por mucho que la izquierda valenciana trate de hacer pedagogía, subrayando que se trata de una tasa de carácter municipal y de aplicación voluntaria que, difícilmente, entrará en vigor antes de 2024, la derecha mantiene la presión contra una medida que defienden que resultará perjudicial para uno de los principales motores económicos de la Comunidad y, en especial, de Alicante. A ese respecto, son diversas las iniciativas que se vienen registrando para expresar su negativa. Saben que no saldrán adelante porque el Botànic cuenta con mayoría suficiente para tumbarlas, pero generar debate es parte de la estrategia. En la sesión plenaria de este miércoles fue Cs el grupo que sacó de nuevo el debate a la palestra, con una moción en la que se reclama al Consell no aplicar en ningún caso impuestos adicionales al turismo; un sector que, según defendió el diputado Carlos Gracia, ya contribuye con creces a las arcas valencianas, aportando el triple del gasto corriente que absorben las administraciones valencianas. Señaló además que «pretende castigar al turismo reglado» y que la acabarán pagando los propios valencianos que viajan por la Comunidad, dos de los argumentos que viene esgrimiendo la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, en la que se integra la patronal hotelera Hosbec. Sin citarlos de forma expresa, Ferrán Martínez, de Unides Podem, acusó a Cs, y a la oposición en general, de alinearse con los lobbies. Añadió, además, que los datos del primer trimestre no demuestran, como se advirtió, que el simple planteamiento de activar una tasa turística ya se traduciría en una merma en la llegada de visitantes

Tanto la formación naranja como el grupo principal de la oposición, el PP, no dejaron pasar la oportunidad de volver a meter el dedo en la llaga con tal de resaltar la postura contraria de Colomer a activar este impuesto. Manuel Pérez Fenoll consideró que los socialistas apoyan la «aberración» de la tasa solo por su «apego a la poltrona» mientras los valencianistas y los morados, por su parte, lo hacen por su aversión al turismo. Fue la socialista Trini Castelló quien trató de dar la vuelta a la situación y destacó como una «fortaleza» el hecho de que en el PSPV haya cargos que mantienen posturas «diversas» y dijo que eso enriquece al partido, apuntando como ejemplo al alcalde de Xàbia, el también diputado José Chulvi, que está a favor de la tasa. De Compromís, Paco García remarcó que en la Comunidad «tenemos a un gran secretario autonómico con el que, aunque en algunas cosas discrepamos, cuando tengamos la tasa, la aplicará». 

Sin consenso

Los aportes hídricos que riegan la provincia de Alicante fue otro de los asuntos que salieron a la palestra en la sesión. Esta vez, a cuenta de una moción del PP sobre la política general del Consell en materia de agua. El gancho de actualidad giró en torno a la polémica en torno a la utilización de acuíferos si no existe agua del Júcar que garantice los recursos. Y como siempre ocurre en el sempiterno debate del agua, derecha e izquierda acabaron enzarzados en un cruce de reproches en los que no faltó la gestión de Manuel Aldeguer en la contaminación del Mar Menor, la falta de depuración de agua del Tajo por la que se culpa a Isabel Díaz Ayuso, el lema del «Agua para todos» y hasta el caso Azud, José María Aznar y Eduardo Zaplana. Todo a vez y, por descontado, al margen de cualquier consenso en un asunto crucial para la provincia y, por ende, para la Comunidad.

Gloria Calero recibe la acreditación como senadora. Información

Gloria Calero ya es senadora: «No podía decir que no»

El pleno de las Cortes proclamó este miércoles a la exdelegada del Gobierno Gloria Calero como nueva senadora territorial en representación de la Comunidad Valenciana, con un total de 45 votos a favor, 46 en blanco y dos nulos. «No podía decir que no», expresó tras recoger el documento de su designación. Calero (PSPV) deja así el puesto de delegada, que asumirá la concejala socialista de València Pilar Bernabé, para ocupar el asiento en el Senado de Josefina Bueno, nombrada consellera de Innovación.

Botànic y PP, unidos por  el derecho civil valenciano

Los grupos parlamentarios del Botànic junto al PP defendieron en las Cortes la recuperación del derecho civil valenciano para acabar con una «grave injusticia histórica», una reivindicación que no comparten Cs y Vox, que abogan por unos derechos «unitarios» para todo el Estado. La sesión fue seguida desde la tribuna por la Asociación de Juristas Valencianos, impulsora de la defensa de dicho derecho. La propuesta insta al Congreso a llevar a cabo esa reforma y que, por economía procesal, se haga conjuntamente con la del artículo 49 de la Constitución.

La renuncia de Oltra pone ahora el foco en Bellver 

La renuncia de Mónica Oltra tras ser imputada aumenta la presión sobre el vicepresidente segundo de la Cortes, Jorge Bellver (PP). Compromís y UP están a favor de activar la comisión de investigación sobre el caso Azud en las Cortes, y el PSPV cree que hasta que no se levante el secreto de sumario no procede. Cs pide que se aparte del cargo ya y los valencianistas creen que debe de dar explicaciones, pero no reclaman que dimita. El PP replica que Bellver solo tiene una notificación en la que se indica que «no hay indicios» de su participación en la trama.