Desde el pasado 20 de junio los cargos de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana están ejerciendo su labor de forma interina. El tope legal determina que tanto el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, como los otros dos síndicos, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval, solo pueden permanecer en sus funciones un máximo de seis años, tiempo que en el caso de Miró y Mira-Perceval se supera de largo, ya que fueron elegidos por el pleno de las Cortes Valencianas en mayo de 2004, es decir, acumulan más de 18 años, una situación que pocas veces se da entre los cargos públicos.
Salvo que en julio se produzca un giro de los acontecimientos poco probable, se da por descontado que la actual situación de interinidad que vive la institución se mantendrá, al menos, hasta el comienzo del próximo curso político, es decir, hasta septiembre. Pero las fuentes consultadas por este periódico son más pesimistas incluso y la opinión generalizada es que Cucarella, Miró y Mira-Perceval continuarán tras haber agotado su mandato hasta la próxima legislatura, una vez que se haya pasado por las urnas.
Motivos
La excesiva prolongación de la situación de interinidad se explica a través de dos motivos principales: las discrepancias entre PSPV-PSOE y Compromís, por una parte, y los cálculos tácticos que está haciendo el Partido Popular por otra, ya que los populares esperan aumentar su fuerza en las Cortes Valencianas, amparándose en resultados como los de las recientes elecciones en Andalucía o en el rédito que esperan obtener por el desgaste sufrido por el Botànic a raíz de la situación judicial que ha acabado con la dimisión de Mónica Oltra de todos sus cargos.
En el seno de la Sindicatura se apuesta por la continuidad de Cucarella. La ley le impide seguir como Síndic Major, por lo que tendría que permanecer en calidad de síndico raso. Los partidarios de su continuidad defienden su posición con argumentos como que en la historia de la institución nunca se ha producido una renovación por completo de sus tres síndicos y que siempre es conveniente que permanezca uno de los cargos de la etapa anterior para «trasladar el legado a los nuevos y tirar del carro».
El problema con la continuidad de Cucarella es que fue propuesto por Compromís. El acuerdo entre los valencianistas y el PSPV determina que los primeros son los encargados de elegir al cargo más importante, mientras que los socialistas optaron por Mira-Perceval y el PP por Miró. Al no poder continuar como Síndic Major, se tendría que producir un cambio de reglas en el acuerdo que establecieron los dos socios mayoritarios del Botànic: o Compromís deja que el PSPV elija al nuevo Síndic Major o los socialistas no ejecutan su elección y dejan que los valencianistas impongan dos candidatos en el nuevo mandato de la institución. Ninguna de las dos formaciones parece dispuesta a ceder, lo que provoca que se prolongue la actual situación de interinidad.
En paralelo, el PP hace sus cuentas en clave electoral y tampoco se muestra proactivo a la hora de promover la renovación de los cargos. Los populares prefieren dejar pasar el tiempo y agotar la actual legislatura, a la espera de que las elecciones autonómicas del próximo año les deparen un resultado favorable para sus intereses. De esta forma, tendrían la capacidad de imponer al nuevo Síndic Major. E, incluso, se podría dar la circunstancia de que otro de los síndicos fuera impuesto por un partido de derechas.
La renovación de los cargos tiene que contar con el respaldo de tres quintas partes de las Cortes Valencianas, por lo que debe ser aprobada por sesenta diputados en un pleno extraordinario.
Fiscalización del segundo año de covid: 42 informes
Durante el segundo año de incidencia de la pandemia del coronavirus, es decir, el pasado 2021, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana emitió un total de 42 informes, 27 de ellos para fiscalizar las cuentas de la Generalitat Valenciana y las cinco universidades públicas y otros quince de ámbito municipal. La crisis económica derivada de la grave situación sanitaria se dejó sentir especialmente en las cuentas de las diferentes administraciones. El programa se amplió el pasado mes de noviembre con un informe sobre la deuda de la Generalitat, tras la petición de una comisión de investigación de la deuda pública de la Comunidad Valenciana que fue creada por el propio Parlamento.
En el ámbito autonómico, entre otros informes, se emitieron cinco volúmenes correspondientes a la cuenta general de la Generalitat de 2020, con 17 informes específicos. En el apartado de contratación se prestó especial atención a todas aquellas compras que derivaron de la pandemia y a las subvenciones por las consecuencias económicas que originó la situación sanitaria. También se realizaron auditorías de las cuentas de las Cortes, del plan de infraestructuras judiciales, de la actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas, del plan de transformación digital de la Generalitat o de la gestión de la Conselleria de Sanidad.
En cuanto al ámbito local, entre otros, se elaboraron informes sobre el control interno de los ayuntamientos con entre 20.000 y 25.000 habitantes, se fiscalizó la cuenta general de las entidades locales y se realizaron auditorías de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de los contratos del sector público local. La ciberseguridad, el alumbrado exterior o el endeudamiento también fueron fiscalizados.
