Un plan de medidas  económicas y sociales, que pase por el apoyo a los principales sectores productivos de la provincia, pero que también tenga en cuenta aspectos como la sostenibilidad, la salud o los derechos laborales. Este es el principal acuerdo alcanzado por el Consejo Económico y Social (CES) de la Diputación de Alicante en la reunión celebrada este miércoles. Los participantes dieron prioridad a una serie de medidas que ahora tendrán que ser aprobadas por el Pleno de la institución provincial, en una sesión fijada para el próximo 26 de septiembre.

A la reunión de la Comisión Permanente del CES se llevaron las propuestas de Ineca, la CEV, Cocemfe, el Colegio de Enfermería, la Unión de Consumidores, Amas de Casa Lucentum, los sindicatos UGT y CC OO, la Universidad de Alicante, el Cuerpo Consular, Covapa y la Fapa Gabriel Miro. Los grupos participantes presentaron una serie de medidas que fueron valoradas por su urgencia e importancia y que conformarán el plan de acción que seguirá el órgano de la Diputación. Estas propuestas se encaminan, entre otros objetivos, hacia el fomento de la Formación Profesional a nivel industrial y de los sectores turísticos, hacia la creación de una guía que ayude a las empresas de la provincia a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 o hacia la puesta en marcha de mecanismos para luchar contra la economía sumergida.

Ruta de trabajo

La reunión del CES fue presidida por el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón. «Estos ejes marcarán la ruta de trabajo de cara a los próximos meses con el objetivo de dar respuesta a las demandas que plantea la sociedad», manifestó el portavoz popular tras el encuentro. La propuesta para elaborar una guía sobre planes de sostenibilidad y ODS partió de Ineca, mientras que la CEV propuso, entre otras cuestiones, un plan para potenciar la promoción de la Costa Blanca como destino turístico en los mercados internacionales o la creación de un grupo de trabajo con representantes de la Administración y empresariales para lograr una mayor agilidad administrativa.

El plan de acción también contempla otras medidas, como las acciones destinadas a mejorar el conocimiento en temas sanitarios y hábitos de vida saludable o las que se quieren emprender para reducir la brecha digital entre las personas mayores de 65 años. Los sindicatos plantearon la creación de un observatorio para la prospección del mercado laboral y la elaboración de un informe anual de coyuntura económica y social. Por último, en materia socioeducativa, Covapa y la Fapa Gabriel Miró sugirieron un estudio sobre la población total escolar con diversidad funcional y el diseño de una campaña sobre hábitos saludables de consumo entre la propia población escolar.

Casi todos los participantes en la reunión destacaron a su finalización el trabajo «en consenso» que se había realizado. Este fue el caso del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño: «Ha sido una reunión positiva, en la que se han priorizado las acciones consensuadas que ahora se tendrán que aprobar. Todas las partes hemos actuado con coherencia y diálogo». Desde el equipo de gobierno de la Diputación, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, se pronunció de forma similar: «El CES es una herramienta muy útil. Actuaremos sobre los temas que tenemos competencia y, sobre los que no, ejerceremos como altavoces».

Entre los más descontentos tras la reunión se encontraba uno de los representantes socialistas, Miguel Millana. «Hemos propuesto la creación de un fondo de participación financiera para apoyar a los sectores productivos a través de entidades locales, pero Dolón no nos ha facilitado nada y nos remite al interventor. Tiene miedo a que nos apoyen», lamentó. Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, añadió: «Muchas propuestas están bien y otras son genéricas».

Ayuda de 4 millones frente a la subida del precio de la energía

La Diputación movilizará de forma inmediata cuatro millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de la provincia a hacer frente a la crisis energética que está afectando al país. Con este fin, impulsará la ejecución de actuaciones y obras que favorezcan el ahorro y propicien la sostenibilidad en los municipios, al tiempo que activará una nueva línea de subvenciones dirigida a los consistorios más pequeños para minimizar el impacto económico de la subida de los precios de la energía y los combustibles en las instalaciones públicas municipales.