Los propietarios de más de medio millar de viviendas ubicadas en la Comunidad Valenciana se enfrentan al pago de un impuesto de nuevo creación. No están en manos de particulares, sino de grandes fondos de inversión. Son inmuebles que se encuentran cerrados a cal y canto, sin inquilinos, y eso es algo que, de facto, ya está penalizado por la Generalitat. Se trata de un gravamen que se encuentra recogido en la Ley por la Función Social de la Vivienda y que la conselleria que lidera Héctor Illueca, de Unides Podem, confía en que se empiece a girar a partir de diciembre, penalizando todos y cada uno de los meses en que dichas propiedades han estado deshabitadas en 2022. Por el momento, 532 viviendas han sido inscritas en el registro por el que los dueños de más de 10 inmuebles, obligatoriamente, deben comunicar a la Administración qué pisos mantienen en desuso.
El marco normativo para empezar a aplicar este tributo está preparado a falta de que la conselleria de Hacienda, con Arcadi España al frente, desarrolle la fórmula mediante la que se girará el impuesto. Su importe variará en función del volumen de suelo del que dispongan los dueños de las viviendas en su conjunto. Así, hasta 5.000 metros cuadrados se pagará una tasa de 7,5 euros por metro. A partir de 40.000 metros, el importe se dispara hasta los 22,5 euros por metro cuadrado, con una cuota íntegra de 600.000 euros. La normativa recoge que los grandes tenedores que obstruyan información y no comuniquen a la Administración las viviendas que mantienen vacías desde al menos un año, se exponen al pago de multas que pueden llegar a superar los 300.000 euros.
La provincia de Alicante es, por el momento, la que concentra el mayor número de inmuebles en esa situación que han sido inscritos en el registro de la Generalitat, con un total de 219; seguida de Valencia, con 184; y Castellón, con 129, según datos de la Dirección General de Emergencia Habitacional de la Generalitat. El resultado es el del primer semestre de comunicaciones del presente ejercicio, por lo que se espera que la cifra siga en aumento de cara a final de año.
Movilizar recursos para hacer frente a la denominada emergencia habitacional es uno de los ejes estratégicos del Botànic y, en concreto, de Unides Podem, que abandera la causa desde la Vicepresidencia Segunda. La agenda política en esta materia pasa por tratar de movilizar un mayor número de recursos públicos y privados para facilitar el acceso a la vivienda, frenando en todo caso prácticas especulativas y con las entidades bancarias y los fondos buitre en el punto de mira. De hecho, ese es precisamente el objetivo del impuesto que se empezará a cobrar a los grandes tenedores de pisos, que se puede evitar si se alquila la vivienda. Con ese objetivo, la conselleria del ramo ha impulsado programas como el de Xarxa Lloga’m, que trata de facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda en régimen de alquiler y de movilizar las propiedades no habitadas de la Comunidad a precios asequibles. Se calcula que en el territorio autonómico existen cerca de 20.000 viviendas en desuso en manos de entidades financieras, por lo que la cifra de las que han sido inscritas hasta el momento parece bastante baja.
Con todo, la Generalitat pretende ir ahora un paso más allá y la Conselleria de Vivienda prepara una ley que plantea que los grandes propietarios se vean obligados a ceder de forma temporal las propiedades que permanezcan deshabitadas al menos dos años.
