La Diputación de Alicante ya tiene comprometidos 13,4 millones de euros de inversión para la próxima anualidad. Al menos, por el momento. Cierto es que todavía no se ha elaborado el presupuesto de 2023, pero la Ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat obliga a la institución provincial a consignar dicha cantidad para ser repartida entre los ayuntamientos. El PP, que controla la Diputación, está pendiente del recurso de inconstitucionalidad presentado contra esa norma impulsada por el Consell de Ximo Puig, al considerar que invade sus competencias. Pero el tiempo apremia. Si el tribunal no se pronuncia el próximo cuatrimestre, el organismo que preside Carlos Mazón (PP) tendrá que sumarse a regañadientes al controvertido Fondo de Cooperación. Eso es algo que obligará a ajustar las cuentas y, por lo pronto, podría llevar al bloqueo de numerosos proyectos acordados con los municipios, algunos de ellos en plena ejecución, según alerta el diputado encargado de la elaboración de las cuentas, Eduardo Dolón.
De nada ha servido la comisión bilateral para tratar de alcanzar un acuerdo en torno al Fondo, convertido desde hace seis años en uno de los principales puntos de fricción entre la Generalitat y la Diputación. El conflicto va mucho más allá del ámbito competencial y, a fin de cuentas, refleja la batalla existente entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda y la derecha en la Comunidad.
Durante seis anualidades la institución alicantina ha bloqueado el plan de la Generalitat, que tiene por cometido inyectar liquidez a los ayuntamientos y permitirles gastar ese dinero extra como les venga en gana. Por contra, impulsaba su propio proyecto de ayudas, que asegura que beneficia en mayor medida a los núcleos de menor población. Pero esta vez, si no recibe respaldo del Constitucional, no podrá mantener el bloqueo.
En total, serán 80 millones los que se distribuirán entre todos los municipios de la Comunidad de cara a 2023, de los cuales la Generalitat aportará 40 millones y, el resto, las diputaciones. Pues bien, esos 13,4 millones que tendrá que aportar la de Alicante suponen, según Dolón, un vector de desestabilización.
El embrollo al que se puede ver abocada la institución es, en resumidas cuentas, el siguiente. Cada ejercicio, la Diputación impulsa planes para contribuir al desarrollo de los municipios, como el + Cerca, el + Agua o el + Deporte. Pues bien, según el diputado, todas estas iniciativas se financian con cargo a los remanentes, que devienen del dinero que tiene ahorrado el organismo provincial, su particular hucha. Pero, si al término de cada anualidad los ayuntamientos no concluyen los proyectos para los que reciben esos fondos, la Diputación debe asignar el montante que se necesita para poder concluirlos en el ejercicio siguiente. No con remanentes, sino ahora ya con cargo al presupuesto ordinario. De forma que para 2023, como cada año, se deberán de atender a esa esas necesidades ya comprometidas y, además, incluir las partidas que se precisen para seguir ejecutando el plan Planifica, el de mayor cuantía y que cuenta con planes de inversión plurianuales para impulsar proyectos municipales. Ahora todo cambia. La ley obliga a dar prioridad al Fondo de Cooperación y eso es algo que deja en el aire multitud de obras previstas.
Así las cosas, Mazón podría rubricar un decreto para solventar la situación excepcional con cargo a los remanentes, pero solo cuando se apruebe la partida de remanentes disponible para 2023, que podría ser en abril o mayo. Pero esos plazos, según Dolón, llevarían a la paralización de contratos y, por consiguiente, a la probable exigencia de responsabilidades por parte de las empresas adjudicatarias debido a los incumplimientos.
Las competencias impropias emergen en el conflicto
La Diputación de Alicante continúa reclamando a la Generalitat que asuma las competencias impropias que viene prestando la institución y que, a fin de cuentas, son competencia de la Administración autonómica. En total, le supone un desembolso de 25 millones de euros anuales por mantener el Hogar Provincial y el centro de salud mental Doctor Esquerdo. La subrogación del contrato de teleasistencia que presta Cruz Roja y que asumirá la Generalitat desde noviembre supondrá un ahorro de un millón de euros anuales a la institución.
