La Generalitat Valenciana está ultimando un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética y, de esa forma, facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de ahorro aprobado por el Gobierno central. En ese sentido, el Consell aprobará ayudas específicas para el comercio y la hostelería con tal de que puedan adecuar los establecimientos a la normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluye, por ejemplo, la instalación de puertas automáticas, sensores de humedad o adaptación de los equipos de climatización. De igual forma, se articularán ayudas directas para familias con dificultades para hacer frente a la escalada inflacionista.

El jefe del Consell, Ximo Puig, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, se han reunido esta mañana con los agentes sociales para consensuar la hoja de ruta que seguirá la Generalitat en el actual contexto de crisis energética y con las vista puesta, igualmente, en acciones a largo plazo. Al encuentro han acudido el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; y su homóloga en CCOO, Ana García.

Puig ha explicado que las ayudas al comercio y la hostelería se articularán a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) e incluirán también bonificaciones directas a negocios ligados a estos sectores de actividad. Las cuantías y los requisitos se concretarán en los próximos días y serán aprobadas por el Consell en septiembre. De igual forma, la Generalitat estudiará, a partir de datos de la Agencia Tributaria, qué ayudas se pueden ofrecer a personas que, a pesar de estar trabajando, tienen dificultades para llegar a fin de mes en un contexto generalizado de inflación.

Puig preside la reunión de trabajo.

El jefe del Consell ha puesto el acento en que el objetivo es más ambicioso que aplicar el real decreto del Gobierno. Se trata de ir más allá para avanzar en eficiencia energética, reducción de consumo y producción a partir de fuentes renovables. En definitiva, acelerar la transición energética y garantizar la sostenibilidad. Todo sin dejar por el camino las medidas sociales para atender a personas vulnerables.

Además, ha concretado que en septiembre se convocará la mesa de diálogo social para abordar tres grandes cuestiones: la fiscalización y el balance sobre los planes que se han ido acordando con los empresarios y los sindicatos, en especial el Plan Resistir; acordar propuestas para incluir en los presupuestos del 2023 y, finalmente, la cuestión energética. En ese sentido, ha adelantado que la Generalitat va a empezar a ejecutar un plan de 53 millones de euros vinculado a implementar mejoras en edificios de la Administración para avanzar en eficiencia que está financiado con fondos europeos. Solo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se contempla alcanzar un ahorro del 30% del gasto energético.

Agentes sociales participan en la reunión. Información

Por su parte, Navarro ha destacado que se necesita una mayor implicación de la Administración, del tejido productivo y de los ciudadanos para avanzar en los objetivos de eficiencia y ha reclamado que, desde el punto de vista empresarial, hacen falta medidas de apoyo a la hostelería y el comercio para poder ejecutar las medidas de ahorro decretadas por el Gobierno. El representante de la patronal ha considerado que la Comunidad Valenciana debe ganar peso en la producción propia de energía y que es necesario una implicación global para reducir el consumo. "Ahorro y eficiencia", ha dicho, son claves para poder afrontar el contexto actual.

García ha puesto en valor el diálogo social que existe en la Comunidad Valenciana y la hoja de ruta autonómica para avanzar en eficiencia y soberanía energética, facilitando ayudas a los sectores productivos y colectivos desfavorecidos. Sáez ha añadido que conseguir que la inflación disminuya es una prioridad y que el real decreto del Gobierno busca reducir el consumo para moderar el precio de la energía. A la espera de que la Generalitat concrete las acciones a adoptar, ha considerado que las propuestas anunciadas van en una dirección acertada.