La Generalitat se ha comprometido a trabajar con el Gobierno central para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 incluyan inversiones estratégicas para la Comunidad Valenciana y, en concreto, acabar con el agravio que viene sufriendo la provincia en el reparto de fondos, la peor tratada de todo el conjunto nacional. Tanto es así que el presupuesto en vigor, el de 2022, supuso un recorte de un 38% en las inversiones en la provincia al contemplar solo una inyección de 183,5 millones en Alicante, apenas un 15% de lo que se destinó a la Comunidad y el 1,4% del conjunto nacional. El hecho de que la quinta provincia en población quedara relegada a la cola en inversión generó una gran indignación al dejar de lado la ejecución de infraestructuras clave para el territorio.

El director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional, Jorge Alarte, afirmó que la Generalitat trabajará con el Gobierno central con el objetivo de lograr que las cuentas para el próximo año recojan actuaciones prioritarias y, al mismo tiempo, elevar el nivel de ejecución de las inversiones que se presupuesten. Porque una cosa es lo que se plasma sobre el papel, lo que se promete, y otra muy distinta es lo que, finalmente, acaba convertido en proyectos tangibles. Un ejemplo: de los 1.107 millones comprometidos en inversiones para la Comunidad en 2021, solo se acabaron ejecutaron 469. Es decir, que un 60% de las infraestructuras prometidas fueron humo. Con todo, Alarte subrayó que el Gobierno debe acabar con la infrafinanciación de Alicante, además de reflejar, como mínimo, el peso del 10% para adaptarse a la realidad de lo que representa la Comunidad Valenciana en términos económicos y sociales en el conjunto del Estado. Cabe recordar que las cuentas para 2022 destinaron solo 97 euros a cada alicantino, lo que supuso 177 euros menos que la media nacional.

El director general insistió en la importancia de establecer los mecanismos para hacer real ese porcentaje del 10% de los PGE en su nivel de ejecución -se refirió a la comisión de seguimiento creada para evaluar los proyectos de infraestructuras-, y además subrayó que las cuentas estatales para 2023 deben incorporar “una visión especialmente prioritaria para las comarcas de Alicante”. “Alicante tiene que ser una prioridad”, remarcó.

En este sentido, indicó que “existe una situación de desequilibrio en relación con Alicante, sus necesidades de infraestructuras, de equipamientos e inversiones, que tiene que ser corregida”, y se ha referido a la necesidad de mejora de las comunicaciones de las áreas turísticas con el Aeropuerto, así como a actuaciones en la Marina o en equipamientos importantes de la Vega Baja y de la propia ciudad de Alicante. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al menos hasta el pasado año, parecía vivir ajena a ese agravio que sufre la provincia. En declaraciones a este diario dijo el pasado mes de octubre que desconocía que Alicante es la provincia peor financiada de todo el país y salió al paso delas críticas aseverando que, «si no es ahora, más adelante se harán las infraestructuras que permitan cohesionar el territorio»

“Respuesta inmediata” postincendios

Alarte manifestó, por otro lado, que Generalitat y Gobierno central “han vuelto a demostrar su capacidad de alineación, coordinación y actuación conjunta” no solo durante las labores de extinción de los grandes incendios que han afectado a la Comunidad Valenciana, sino en la “respuesta inmediata” posterior, y ha aludido en este sentido a la declaración de los municipios damnificados por los incendios de La Vall d’Ebo, Bejís, Les Useres, Venta del Moro, Petrer, Olocau y Calles como zonas afectadas por emergencias de protección civil.

El director general destacó que la Generalitat liderará las actuaciones para facilitar que las ayudas postincendios lleguen cuanto antes a la ciudadanía y a las instituciones.

Jorge Alarte recordó también otros logros conseguidos gracias a la coordinación entre ambos gobiernos y que han permitido desbloquear infraestructuras como el canal de acceso ferroviario a la ciudad de València o la nueva vía de comunicación hacia Morella, ambas reivindicaciones de hace décadas y que repercutirán en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.