A fin de cuentas, daba igual las explicaciones que ofreciera, los detalles que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, aportara sobre la gestión de la Generalitat en los incendios registrados en agosto; los más graves en la Vall d’Ebo y Bejís (Castellón). La primera sesión parlamentaria, celebrada en el marco de la diputación permanente de las Cortes, evidenció este jueves que la catástrofe medioambiental que se ha saldado con 31.000 hectáreas de terreno forestal arrasadas por el fuego se convertirá, sin duda, en una de las principales herramientas de desgaste de la derecha contra el Botànic en el arranque del nuevo curso político. A Bravo le reclamaron que dimitiera. A la consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, que dé la cara. Pero la pieza de caza mayor y contra la que dirigirán en última instancia esta ofensiva de final de mandato no será otro que el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, a quien se exige que comparezca para dar explicaciones.
« La oposición buscar sacar rentabilidad política de una tragedia. Las decisiones las tomaron técnicos en el Puesto de Mando Avanzado»
La actuación de la Generalitat en los incendios en general y, sobre todo, en el suceso que acabó con un tren en una zona sitiada por las llamas en la provincia de Castellón, con un resultado de seis personas hospitalizadas, ocupó buena parte de la intervención de la consellera. ¿Quién es el responsable de que el convoy se adentrara en un terreno amenazado por las llamas? Esa es la pregunta sobre la que la oposición lleva pidiendo respuestas desde el día que ocurrieron los hechos, el 16 de agosto. Sobre este asunto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue taxativa en su comparecencia del miércoles en el Congreso, donde dijo que ni Adif ni Renfe recibieron información del incendio de Bejís ni de la situación de la vía por la que circulaba el tren. En definitiva, que el 112 no dio la voz de alarma para evitar unos hechos que podrían haber acabado en tragedia. Y esa es una versión que vino a refrendar la consellera Bravo, que señaló que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no recibió del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Bejís ninguna instrucción para que cortara la línea férrea Valencia-Zaragoza debido al fuego. La consellera hizo hincapié en que ella «no acusa a nadie» mientras apoyó su intervención con un informe preliminar de la dirección de extinción de los bomberos de Castellón, que explica de forma pormenorizada la conjunción factores que convirtieron «un incendio convencional en lo que puede denominarse una tormenta de fuego». Según leyó, en apenas tres horas, el incendio de Bejís pasó de una dimensión de 600 hectáreas a más de 3.700, debido a un cambio «violento» de las condiciones, que volvieron el fuego «enormemente violento y errático», impredecible. Y defendió que si no se ordenó cerrar el tramo ferroviario fue porque probablemente no detectaron el peligro, al tiempo que insistió en que las decisiones en el Puesto de Mando Avanzado las toma personal técnico, no político. «No tengo capacidad para decidir si cortamos una carretera, no», recalcó la consellera, que acusó a la oposición de buscar «rentabilidad política».
"Que el tren no saliera de la estación de València era responsabilidad de Bravo. Le pedimos que se marche"
El principal grupo de la derecha, el Partido Popular (PP), insistió en exigir responsabilidades políticas y reclamó que Bravo deje su cargo.
«Era su exclusiva responsabilidad que el tren no saliera de València», dijo el diputado Miguel Barrachina, quien exigió a la consellera su dimisión porque «le corresponde la extinción y coordinar las actuaciones de la Generalitat con otras administraciones», asegurando que era ella la que tendría que haber avisado a Adif.
"Mollà no ha venido a dar la cara. Tiene que explicar qué ha hecho el Botánic en materia de prevención de incendios"
El diputado insistió en que el PP también ha venido reclamando la comparecencia de Puig y dejó claro que lo seguirá haciendo.
Los ataques también llegaron desde las filas de Ciudadanos. El diputado Eduardo del Pozo señaló que lo ocurrido invita a pensar si en la última década se ha avanzado en materia de prevención y extinción de incendios. Es por ello que explicó que su grupo había solicitado la comparecencia de Mollà.
«Se puso en riesgo la vida de 48 personas y eso requiere explicaciones y responsabilidades», aseveró en las Cortes.
