El último curso político del actual mandato arranca en la Diputación de Alicante con muchos factores que van a condicionar su funcionamiento en el día a día. Las diferentes circunstancias a nivel interno por las que atraviesan los cuatro grupos políticos con representación (Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Compromís) se entremezclan con situaciones que debe afrontar la propia institución, como la de comprometer 13,4 millones de euros para el Fondo de Cooperación de la Generalitat o la de elaborar las cuentas de 2023, un punto en el que está por ver si el equipo de gobierno contará con el apoyo de los dos partidos de izquierdas de la oposición. A ello hay que sumar proyectos que ya han dado sus primeros pasos, como los de los palacios de congresos de Alicante y Elche. Por último, el PP está apostando muy fuerte por la ciudad ilicitana, en la que, al margen del palacio de congresos, se está buscando una sede para la Diputación. Con este paso, asegura el presidente, Carlos Mazón, pretende saldar una deuda histórica con Elche.
PP: apuesta por las políticas de carácter social y medioambiental
Al margen de la actividad que mantiene Carlos Mazón como parte de su objetivo de convertirse en presidente de la Generalitat, desde el Partido Popular se ha dado un giro a su discurso político, en el que ahora se le otorga un peso mayor a los políticas sociales y medioambientales. En este sentido, desde el grupo popular en la Diputación se quiere impulsar en el último año de mandato antes de la cita con las urnas la ayuda a los más necesitados y a los municipios que más sufren los efectos de la despoblación, sobre todo en un momento en el que la coyuntura económica ofrece parámetros nada halagüeños.
Que las elecciones estén a la vuelta de la esquina condicionará la forma de actuar de los grupos políticos, que ya tienen el foco puesto en las urnas. Empezando por el PP, Mazón ya cuenta con una intensa agenda, con una actividad en València cada vez más cargada como parte de su objetivo de conquistar el Palau. Este hecho irrita especialmente a los partidos de la oposición, cuyos portavoces, Toni Francés y Gerard Fullana, han llegado a pedir la dimisión del presidente.
Cs: impulso a los planes propios de ayudas a los pequeños municipios
Al frente del área de Infraestructuras, desde Ciudadanos se pretende impulsar a lo largo del nuevo curso político los planes Planifica y + Cerca. Su portavoz, Javier Gutiérrez, defiende un modelo de gestión eficiente, justo y eficaz, en el que se pone la atención en los municipios más pequeños, aquellos de menos de 5.000 habitantes. La vicepresidenta, Julia Parra, incluye entre los retos para este año el objetivo de «ganar visibilidad» para la provincia, a través de «alianzas y propuestas relevantes». Los liberales también destacan la modificación del reglamento interno de la Diputación.
La situación del socio de gobierno de los populares, Cs, también es agitada, en este caso por sus turbulencias internas, hasta el punto de que el portavoz en la institución, Javier Gutiérrez, está suspendido cautelarmente de militancia por la propia formación naranja. En el PSPV también hay una brecha abierta a nivel interno desde las primarias que el partido celebró en enero. La mayor parte del grupo en la Diputación apoyó a Alejandro Soler frente a Francés, por lo que el portavoz se encuentra en minoría. En cuanto a Compromís, Fullana retoma la dedicación exclusiva tras haber pasado el último año como profesor en prácticas.
PSPV: elogio al Fondo de Cooperación y crítica al «ausente» Mazón
El grupo socialista aplaude la aparición en el horizonte del Fondo de Cooperación de la Generalitat. Mejorar la financiación, agilizar la puesta en marcha de proyectos o transferir recursos de manera más eficiente a los ayuntamientos de la provincia son algunas de las ventajas que el PSPV encuentra en el hecho de que la Diputación se vaya a sumar al plan del Consell. Por otra parte, los socialistas expresan su preocupación por la «falta de dirección» en la institución. «Mazón está centrado en la campaña autonómica y su ausencia se sufre en el funcionamiento del día a día», denuncia el portavoz Toni Francés.
Un hecho que marcará el curso político recién estrenado es que la Diputación tendrá que dar prioridad al gasto de 13,4 millones con el que contribuirá al Fondo de Cooperación de la Generalitat. La ley que regula el plan del Consell obliga a la institución a consignar dicha cantidad para ser repartida entre los ayuntamientos. Con todo, el PP está a la espera del recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la norma, al considerar que está invadiendo sus competencias.
Compromís: fiscalizar al equipo de gobierno y reclamar las inversiones
Desde Compromís aseguran que van a tener una agenda cargada de cara al nuevo curso, como parte de su labor de fiscalizar al gobierno de Carlos Mazón. «Somos guardianes del dinero público, que debe ir a los municipios menores de 20.000 habitantes y no a los caprichos electoralistas del presidente», defiende el portavoz valencianista, Gerard Fullana. Para este otoño anuncia una actualización de la ejecución de los planes anunciados a principios del mandato, ya que considera que la ejecución es «casi nula». La oposición a los nuevos palacios de congresos en Alicante y Elche será otro caballo de batalla de Compromís.
Uno de los más satisfechos por la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación es el socialista Toni Francés. «Ya no estaremos entre los peor financiados ni se eternizarán todos los proyectos, porque se anuncian muchos pero se materializan pocos», se felicita el también alcalde de Alcoy, quien también cree que la adhesión de la institución al plan del Consell permitirá «modificar convocatorias, agilizar trámites y transferir los fondos a los ayuntamientos de una manera más eficaz».
La elaboración del presupuesto de 2023 se llevará muchos focos en los últimos meses del presente año. Las cuentas de este 2022 alcanzaron los 272 millones y en ellas se consignaron más recursos para hacer frente a las crisis climática y para ayudar a los sectores económicos que más se vieron afectados por la crisis del coronavirus. En esta ocasión, está por ver si el equipo de gobierno contará con el apoyo decidido de la oposición y, sobre todo, de Compromís, como en las de 2022.
Un pleno con el foco puesto en la lucha contra el fuego
El primer pleno del nuevo curso político de la Diputación de Alicante tendrá lugar el próximo 14 de septiembre. Los recursos que la institución destina a la prevención de los incendios protagonizarán buena parte del debate político durante la sesión plenaria que se celebrará en el Palacio Provincial. Sin ir más lejos, Compromís ya ha venido mostrando esta semana su disconformidad con la situación actual. La formación valencianista ha denunciado que la institución destina 60 veces menos presupuesto en prevención de los incendios que la Diputación de València. «Tenemos pocos recursos para hacer frente al monstruo del fuego y el poco dinero llega tarde», ha lamentado su portavoz, Gerard Fullana.
Desde Cs, con relación al presupuesto, se apunta que uno de los principales objetivos es el de seguir mejorando la gestión y las políticas de ayudas a los municipios. En este sentido, destacan los dos planes propios de la Diputación, el Planifica y el + Cerca. «Las obras e inversiones que ya están en marcha son un revulsivo para la economía y el empleo de la provincia y una importante transformación para los 141 municipios alicantinos», asegura el portavoz, Javier Gutiérrez. Los liberales también ponen el acento en las localidades más pequeñas, por la despoblación.
La institución provincial ya ha dado los primeros pasos para la construcción de dos nuevas infraestructuras de enorme calado, los palacios de congresos proyectados en Alicante y Elche. Estas grandes obras no cuentan con el visto bueno de todas las fuerzas políticas, como expresa Fullana en representación de Compromís: «Estas inversiones podrían superar los 120 millones de gasto en dos megaproyectos a 25 kilómetros de distancia. No se puede hacer a costa de la inversión en los municipios más pequeños».
Los proyectos de los palacios de congresos circulan a diferentes velocidades, más rápido en Alicante, donde Mazón exhibe una mayor sintonía con el alcalde, el popular Luis Barcala, que en Elche, donde las diferencias son evidentes con el regidor, el socialista Carlos González. De la infraestructura alicantina, que se ubicará en el puerto, ya han trascendido bastante datos, como que tendrán un auditorio con capacidad para 2.500 personas. En Elche, en cambio, la Diputación y el Ayuntamiento siguen enredados con la expropiación de la parcela en la que se construirá el inmueble.
Más allá de estas desavenencias, el curso en la institución también se verá marcado por la apuesta que realiza Mazón por la ciudad ilicitana, en la que muchos ven realmente un interés en clave electoral. En una reciente reunión con empresarios de Elche, el presidente sacó pecho por los 41,5 millones invertidos por la Diputación en la ciudad desde 2019.
