La enseñanza básica de cualquier detective para llevar a cabo una investigación es seguir la pista del dinero. Y en eso se encuentra la Comisión de la Deuda en las Corts donde los diputados, al más puro estilo Hércules Poirot o Pepe Carvalho, persiguen a través de preguntas a comparecientes el rastro de los billetes que se marcharon de las arcas públicas y han dejado en su lugar el crimen en forma de socavón con números rojos. 

Este martes el turno ha sido para el director general de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. El móvil de su citación es la sospecha de que una parte de los más de 53.000 millones de euros que conforman la deuda de la Generalitat se deben a la factura de la corrupción y las malas prácticas gubernamentales. Cuánto ha sido la pregunta sin resolver con exactitud aunque Llinares le ha puesto una cifra aproximada: 4.000 millones. 

Llinares ha explicado que la agencia en sus cinco años de existencia tiene acreditados en sus informes más de 30 millones de euros de factura por las malas prácticas de gestión en las administraciones valencianas. “Son prácticas que no se deberían haber producido, con gastos que no se deben realizar”, ha indicado. De esos 30 millones, ha desgranado, 23 son del año pasado y cinco de lo que va de año. 

Sin embargo, la cifra global ha de incrementarse, aunque sin especificidad alguna. El director de la agencia ha indicado que el motivo más común para ese despilfarro innecesario que acaba engrosando la deuda es la “mala concurrencia en los procesos de contratación pública”, una causa, ha indicado, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 40.000 millones en toda España. 

El dato es estatal, pero Llinares ha aventurado que bien podría sacarse su correlación autonómica “perfectamente aplicando el 10 %” que supone la Comunitat Valenciana en el PIB de España. Esto dejaría una cifra total de 4.000 millones de euros. Esta cantidad, no obstante, no significa que sea responsable directamente del 7,5 % de la deuda de la Generalitat sino que en este dato se incluyen también a ayuntamientos y diputaciones. 

Estos cerca de 4.000 millones como máximo harían a las malas prácticas gubernamentales y administrativas un cómplice en ese crecimiento de la deuda que tiene un acusado principal: el sistema de financiación autonómica. Según declararon expertos en la propia comisión de investigación parlamentaria como los responsables del Ivie o el Síndic de Comptes a los que ha citado Llinares, la infrafinanciación ha generado cerca de 42.000 millones de deuda, casi tres de cada cuatro euros de este agujero cuyo autor se sigue investigando.