Uno de los aspectos que centran la causa abierta que instruye el Juzgado número 15 de València contra Mónica Oltra, once funcionarios de la Conselleria de Igualdad y dos trabajadores del centro de menores Niño Jesús, por el caso de los abusos a una menor tutelada por el monitor Luis Ramírez Icardi, exmarido de la exvicepresidenta, es el trato de la conselleria hacia la víctima. Además de ordenar un informe paralelo a la vía judicial en el que se la desacreditaba, en ningún momento se la trató como a una víctima –se tocó fondo al llevarla esposada a juicio– y no se le defendió desde la Abogacía de la Generalitat como acusación particular pese a tratarse de una menor tutelada, como establece la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de 2018.
Sobre estas cuestiones fue interrogada el lunes Oltra tanto por el juez instructor como por el fiscal, y la respuesta fue clara: «Si no hay normativa que lo respalde, la abogacía no actúa». La exvicepresidenta justificó que la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia es posterior a los hechos denunciados y al momento en el que ella tuvo conocimiento de los mismos, el 4 de agosto de 2017, cuando se lo comunicó vía telefónica su exmarido. El monitor fue condenado por estos hechos a cinco años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (una sentencia que todavía no es firme, ya que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo).
El juez rebatió su respuesta con jurisprudencia que permite la posibilidad de que la Administración que vela por los intereses de una menor tutelada se personara como acusación particular, al encontrarse en plazo. De hecho, el magistrado le recordó que el primer juicio a su exmarido y monitor se celebró en noviembre de 2019, después de que estuviera ya en vigor la ley. «Nadie lo planteó y yo tampoco», reconoció Oltra en el interrogatorio de siete horas.
Asimismo, la exvicepresidenta indicó que la Generalitat nunca se había personado como acusación en un caso de abusos a un menor, y sacó pecho remarcando que por ello «impulsamos la Ley 26/2018» de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia.
Otra cuestión importante del caso es la doble victimización a la que supuestamente se sometió a la menor, al ser objeto de entrevistas para valorar la credibilidad de su testimonio una vez judicializado el caso, o por qué se la deriva en agosto de 2017 al Instituto Espill pero no en febrero cuando la adolescente verbalizó por primera vez los abusos. La respuesta reiterada por Oltra es que los técnicos actuaron «según su leal saber y entender» y «sin interferencias», como ya adelantó ayer este periódico.
De hecho, la exconsellera aseguró que desconocía por completo los pasos que dieron los técnicos durante todo el proceso. Y que permaneció ajena al caso desde que se lo contó su exmarido en agosto de 2017 hasta principios de 2020, cuando tuvo que dar cuenta del caso en las Cortes, tras la primera condena al monitor en diciembre de 2019. «Mi voluntad era la de no interferir en ninguna actuación», puntualizó.
También se interesó el juez de Instrucción 15 por saber si Oltra supo que su exmarido fue apartado del centro de menores Niño Jesús desde el 20 de febrero hasta el 12 de marzo de 2017, tras comunicar la menor por primera vez los abusos. La exvicepresidenta aseguró que «ese fue un mes con mucha actividad porque yo tenía que desplazarme fuera de València y estuve en Bruselas y en Madrid. Él me dijo que le debían días y que no me preocupara por los niños que él los iba atender», ya que ambos tenían pautadas las semanas en las que se encargaban de los menores. El fiscal de Instrucción 15 pidió durante el interrogatorio que se solicite a la Generalitat la agenda pública de la entonces vicepresidenta en esas fechas.
En febrero y marzo de 2017, Oltra aún desconocía la denuncia que había presentado la menor contra el monitor y exmarido de la exvicepresidenta. De ahí que el juez también se interesara por quién de la conselleria debía saber que su marido había sido apartado de su puesto de trabajo, ya que varios de los investigados han negado haber tenido constancia de ello, a lo que Oltra respondió que «eso es autoorganización de la Administración, es como si yo hubiera sido consellera de Sanidad y le preguntara quién entra en quirófano», como ayer adelantó este diario.
