«Continuamos con las conversaciones y no es un tema que esté cerrado». Esa es la respuesta que ofreció este viernes la portavoz del Consell, Aitana Mas, cuando fue preguntada sobre en qué punto se encuentran las negociaciones relacionadas con el requisito lingüístico que se exigirá a los altos funcionarios de la Generalitat. De las palabras de Mas se desprende que el pulso entre los dos socios principales del Botànic, el PSPV y Compromís, sigue vigente. Por tanto, las divergencias han impedido cumplir el acuerdo sellado en marzo del pasado año, cuando se aprobó la Ley de Función Pública y el Gobierno valenciano se dio un plazo de un año para desarrollar un reglamento que determinara los niveles exigibles para todos los grupos funcionariales. 

La portavoz del Consell dio cuenta este viernes de una modificación de la Ley de Función Pública para adecuarla a la norma estatal, que persigue reducir las tasas de interinidad. El Ejecutivo autonómico abrió y cerró ese melón con toda normalidad, pero hasta el momento no ha conseguido hacer lo mismo con respecto al nivel de lengua cooficial que deben acreditar los trabajadores públicos del grupo más alto de la Administración autonómica, los A1 y A2. Compromís sigue empujando para que se les exija el nivel C1, antiguo Mitjà, mientras el PSPV defiende que no se debe exigir más de un certificado B2 porque ese es el nivel que se garantiza en el sistema de educación público al concluir Bachillerato. «Estamos esperando a que se acaben los debates internos y las conversaciones y esperamos que en el tiempo más corto posible den sus frutos y anunciemos alguna cuestión», aseveró Mas, quien se alineó con lo que defendía su antecesora, Mónica Oltra, la de requerir un nivel C1. 

Por otro lado, la portavoz del Consell confirmó que se volverá a incluir la partida de 1.300 millones «reivindicativos» por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana en los presupuestos de 2023 puesto que el modelo de reparto de fondos del Estado es el mismo y perjudica al territorio autonómico. En cambio, aseguró que no sabe qué pasará con la partida adicional de 1.000 millones que se incluyó en 2022 para compensar los gastos derivados de la pandemia, puesto que el Gobierno no la renovó, como hizo en los dos años anteriores. Mas señaló que eso es algo que se tendrá que debatir en la comisión política. Por lo pronto, subrayó, se está haciendo una revisión de las necesidades para cuadrar después los gastos y los ingresos. La comisión negociadora no ha arrancado y, según Mas, no se ha hablado de números concretos. 

Multas de 40.000€ por contaminación lumínica

La nueva Ley de Protección Lumínica del Medio Nocturno, cuyo anteproyecto fue aprobado este viernes en el pleno del Consell, contemplará sanciones de hasta 40.000 euros para quienes reincidan en el incumplimiento de horarios y del flujo lumínico permitido. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, presentó las principales líneas de la nueva normativa, que regulará las instalaciones, dispositivos y los elementos de alumbrado con incidencia en el medio nocturno para prevenir la contaminación asociada a las fuentes de iluminación y fomentar la eficiencia energética.