La exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad Mónica Oltra respondió el pasado lunes durante siete horas a las 209 preguntas que le plantearon el magistrado y el fiscal del Juzgado de Instrucción 15 y siete abogados de las catorce defensas. Oltra compareció como investigada en la causa que indaga el tratamiento que la Conselleria de Igualdad dio a la menor tutelada que denunció los abusos de un monitor, exmarido de la exconsellera, condenado por la sección segunda de la Audiencia y pendiente de un recurso ante el Supremo.

Un interrogatorio extenso, minucioso y enfocado en conocer qué hizo la máxima responsable de los menores tutelados por la Generalitat ante una denuncia que afectaba a su exmarido.

Oltra respondió al juez y al fiscal que no hizo nada en los primeros cuatros meses después de que la menor comunicara los abusos [que no se notificaron a la Fiscalía aunque la menor tampoco quiso denunciar los hechos al Grupo de Menores (Grume) de la Policía] porque desconocía los hechos. Nadie le advirtió. Cuando se enteró «como Mónica Oltra, no como consellera de Igualdad», por boca de Luis Ramírez Icardi (con quien compartía vivienda, aunque dejaron de ser pareja en el verano de 2016), comunicó los hechos a la conselleria para que se averiguara lo que había sucedido.

Y asegura que no quiso saber nada de todo este asunto hasta dos años después, cuando condenaron a su exmarido en diciembre de 2019 y tuvo que dar explicaciones en las Corts en 2020. «Yo quería dar cuenta de algo sobre lo que la oposición tenía derecho a ejercer el control del gobierno», aseguró al juez.

El extenso interrogatorio del magistrado, de 136 preguntas, dejó pocos cabos sueltos en las dos «etapas» de esta investigación: antes y después del 4 de agosto de 2017, cuando Oltra sostiene que se enteró de la denuncia por abusos contra su exmarido.

Una relación de pareja que se inició «el 29 de septiembre de 2001» y «se acabó en verano de 2016» aunque siguieron «compartiendo el inmueble hasta finales de agosto o principios de septiembre de 2017». El monitor Luis Ramírez Icardi trabajaba en el centro de acogida de menores (CAM) Niño Jesús València desde el 1 de enero de 2010.

Al ser designada vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad el 29 de junio de 2015, asegura que «por responsabilidad política y exigencia ética» comunicó «verbalmente al subsecretario [de la Conselleria de Igualdad, entonces Francesc Gamero] y unos meses después [ya en 2016] por escrito para que quedara constancia» que su marido trabajaba en el centro de menores.

Porque, admitió Oltra a preguntas del juez, «se imponía un deber de abstención por mi parte en las decisiones que afectasen a dicho centro, así como no intervenir en ningún asunto que tuviera relación directa con el mismo».

Una llamada de teléfono

De ahí que, ratificara ante el magistrado, con la respuesta «así es» que «no tuvo conocimiento de los hechos atribuidos a su marido, señor Ramírez Icardi, hasta el 4 de agosto de 2017». «Tuve una llamada de teléfono de mi ex, -explicó Oltra- porque yo estaba de vacaciones con mi madre en Alcossebre. Como había dificultad de comunicación telefónica, le pedí que me leyera la primera hoja. Y ahí es donde me di cuenta de que había unas previas. Yo de las DIP (diligencias de investigación penal) obviamente no sabía nada y le pongo de manifiesto lo que significaba».

Ese mismo día, «inmediatamente después», Mónica Oltra declaró que se puso en contacto con su jefe de gabinete en la Conselleria de Igualdad, Miquel Real, «y lo primero que le digo es que recabe información y acerca de si de esto en la conselleria alguien sabe algo, porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera».

Aunque ante esta respuesta el magistrado se interesó por saber «por qué dio instrucciones a su jefe de gabinete, si usted entendía que era una exigencia ética y una responsabilidad política por su parte abstenerse en todo lo relativo al CAM Niño Jesús en relación con su parentesco con el señor Ramírez».

«No podía pasar este asunto -respondió Oltra- sin ponerlo en conocimiento de la conselleria, porque en todo caso el deber de abstención implicaba el no tomar una decisión sobre este asunto, pero no obviamente ante una información tan importante, ocultarlo».

Fue la primera y única decisión que adoptó en este asunto, según su declaración. Porque esa misma noche, según reveló Oltra por primera vez, un problema médico de uno de sus hijos le impidió estar y participar en el día a día de la Conselleria de Igualdad durante todo el mes de agosto de 2017, cuando se adoptaron las principales decisiones sobre el expediente administrativo abierto por los abusos del monitor y exmarido de Oltra a la menor tutelada. «Mis preocupaciones esos días eran que mi hijo no se muriera. Y, por tanto, yo no tuve intervención, ni decisión alguna sobre este tema», respondió Oltra al magistrado de Instrucción 15.

A preguntas del Fiscal, Mónica Oltra también admitió que desde que tuvo esta conversación con su jefe de gabinete, «ya no tuve más conocimientos de los hechos» hasta 2020, cuando tuvo que preparar una comparecencia en las Cortes. «¿Ignoraba los hechos?», se interesó el fiscal. «Si ignorar es desconocer los pasos que se dieron por los técnicos, sí». Y añadió que «no intervine en ningún caso en esta cuestión, más precisamente porque afectaba al padre de mis hijos, y por tanto al deber de abstenerme en relación con las actuaciones de los técnicos, estaba mi voluntad de no interferir en ninguna actuación».

El fiscal parecía no dar crédito a esta determinación de Oltra de abstenerse de obtener información por parte de Oltra. «Permaneció usted ayuna de toda información hasta la primera sentencia de la Audiencia Provincial? [de diciembre de 2019] ¿No utilizó cauces no oficiales para enterarse de lo que ocurría?». A lo que Oltra respondió categórica: «Ni oficiales, ni extraoficiales».

Por tanto, si Oltra se abstuvo durante todo el proceso, la pregunta obligada de magistrado y fiscal fue por qué declaró a los medios de comunicación el pasado 7 de febrero que fue ella quien ordenó abrir el expediente sobre los abusos a la menor, «parajudicial» según la Audiencia. «Fue un estallido emocional. El día antes imputaron a cinco personas y mi hijo me preguntó si esas personas no eran compañeras mías, que tendrían familias y estarían padeciendo también. Esa pregunta de mi hijo desató, tras un desayuno informativo con los medios, en el que las preguntas iban enfocadas a las imputaciones, un momento de alta tensión emocional. Tras los periodistas una funcionaria lloraba. A mi me parecía muy injusto que por una cacería de la extrema derecha, personas que no deben estar encausadas, porque el blanco de la persecución era yo, ellos y sus familias estuvieran padeciendo. Y fue mi manera de desahogarme».