El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado los ejes principales de su reforma fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación. Las variaciones en materia tributaria permitirán bajar los impuestos a 1,3 millones de contribuyentes con rentas medias y bajas. En términos globales, permitirá un ahorro de 149 millones de euros a las familias de la Comunidad Valenciana, a una media de 111 euros por contribuyente, pero solo beneficiará a las rentas por debajo de los 60.000 euros. Todos aquellos que ingresen por encima de esa cantidad mantendrán su «esfuerzo» tributario. Aunque todavía no ha entrado en vigor, el impacto de las nuevas medidas ya ha ido más allá del 97,4% del total de contribuyentes a los que beneficiará, pues ha desencadenado una onda expansiva en clave nacional. El jefe del Consell es el primer barón socialista que se ha lanzado a la batalla de las rebajas impositivas y las repercusiones han rebasado las fronteras autonómicas.
La actualización de tributos anunciada por el jefe del Consell durante el debate de política general, que arrancó este martes en las Cortes Valencianas, se enmarca en un contexto preelectoral en el que las comunidades gobernadas por el PP han lanzado una ofensiva para reducir la presión fiscal. Eso es algo que está siendo utilizado como una línea directa de confrontación con La Moncloa y su morador, Pedro Sánchez. Es una cuestión que domina el debate público y, en ese escenario, el paso al frente protagonizado por Puig ha agitado el tablero político, con réplicas que han llegado desde la Cámara valenciana hasta el Congreso de los Diputados pasando por el Gobierno central, que no ha ofrecido respaldo al jefe del Consell.
Puig entonó ayer el discurso de la necesidad de aliviar la carga impositiva a las economías familiares al tiempo que subrayó la necesidad de mantener fuerte el estado del bienestar para hacer frente a los retos de la actualidad, con una crisis inflacionista derivada de la invasión de Rusia por parte de Ucrania que ha puesto contra las cuerdas a los sectores productivos. La apuesta del president por reducir el tramo autonómico del IRPF gira en torno al modelo de la progresividad y deja al margen cualquier tipo de retoque en el Impuesto de Patrimonio, que ha sido recientemente suprimido en Andalucía y bonificado al 50% en Galicia. En cualquier caso, la deflactación del IRPF ha sido una de las medidas estrella de los gobiernos de la derecha y, por tanto, el hecho de que Puig haya apostado por una jugada en ese sentido no ha pasado desapercibido. Hasta el punto de que el Gobierno central evitó bendecir la propuesta del líder autonómico, pidió responsabilidad y advirtió que cuando se producen mermas de ingresos también hay consecuencias, que no son otras que acabar imponiendo recortes en los servicios públicos. Al mismo tiempo, a los de Alberto Núñez Feijóo se les puso en bandeja la crítica. Aplaudieron que Puig aplique sus recetas y reclamaron al PSOE que se aclare en materia de fiscalidad, que fije un posicionamiento común y no varíe su discurso a un lado y otro del tablero nacional. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como era de esperar, salió en tromba.
Puig arribó al Parlamento valenciano acompañado por los dos vicepresidentes, Aitana Mas y Héctor Illueca. Bajo el brazo portaba una generosa batería de anuncios consensuados con sus socios, Compromís y Unides Podem, que fueron lanzados a ocho meses de las elecciones. Con todo, el foco principal estaba puesto sobre la reforma tributaria. « Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas, no como en otros sitios», aseveró Puig. De esa forma, el jefe del Consell cuestionó la supresión del Impuesto de Patrimonio por el que, según aseguró, tan solo tributan el 0,5% de valencianos, que son los que ganan más de medio millón de euros al año. Un colectivo que en 2022 ha aportado 187 millones por este gravamen, aunque la cantidad final se ha elevado hasta los 200 millones gracias al trabajo de la inspección, según se encargó de remarcar.
El presidente de la Generalitat defendió a ultranza la necesidad de reforzar el escudo social para ayudar a que las economías familiares y los sectores productivos puedan sortear las consecuencias de una crisis energética que lo condiciona absolutamente todo y cuya evolución es del todo incierta. Con ese complejo escenario, Puig defendió que es posible bajar impuestos y que, de hecho, el Botànic va a recorrer esa senda, pero rechazó que tenga similitudes con la propuesta del partido que lidera Carlos Mazón (PP), que aboga por una rebaja de impuestos diez veces superior, hasta los 1.500 millones de euros, tal y como defendió la síndica, María José Catalá. La oposición, en bloque, consideró que la reforma tributaria de Puig no es más que una operación de maquillaje que se queda corta. Puig defendió que el modelo que se ejecutará en el territorio que presiden va en consonancia con el principio de progresividad que consagra la Constitución. Y aunque también él se ha apuntado a la rebaja de impuestos, siguió defendiendo que el esfuerzo fiscal de las comunidades debe computar en el reparto de los fondos del sistema de financiación, es decir, que se penalice a los territorios que reducen la carga fiscal para poder «acabar con un dumping insolidario e injusto» del que en numerosas ocasiones a acusado a la Comunidad de Madrid. «Nuestra perspectiva es clara: no al populismo fiscal», recalcó en alusión a la postura de los presidentes autonómicos del PP, insistiendo en que es una reforma pensada para la mayoría y que los más ricos «pagarán igual que hasta ahora».
Los efectos de esta reforma serán retroactivos desde el uno de enero de este año y será de aplicación en la renta de 2022. Pasarán de 25.000 a 30.000 euros las rentas que pueden beneficiarse de la deducción, mientras que las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. La reforma fiscal valenciana supondrá un ahorro medio de 111 euros por contribuyente y un ahorro global de 149 millones a las familias, según ha precisado durante su discurso en las Cortes Valencianas.
Aunque Puig trató de marcar distancia una y otra vez entre su modelo y el de la derecha, todo apunta a que no terminó de convencer a los suyos en Madrid. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esquivaron las preguntas sobre si el Ejecutivo está de acuerdo o no con la vía valenciana. «Cada vez que se reducen ingresos está el debate de qué recortar», advirtió la portavoz, que pidió «responsabilidad» a las comunidades. No obstante, fuentes del Ejecutivo trataron de diferenciar las medidas de Puig de la propuesta de deflactación del IRPF del PP y se afirmó que el jefe del Consell tiene toda la legitimidad para hacer lo que considere oportuno.
Con esa disparidad de criterios, Núñez Feijóo entró al trapo. Pidió coherencia al PSOE, «que no digan una cosa y a 100 kilómetros la contraria», e instó a Pedro Sánchez a que tome ejemplo de Ximo Puig.
Fiscalidad para beneficiar a las rentas inferiores a los 60.000 euros. Por un lado, aumenta en un 10 % la cuantía exenta de tributación a toda la ciudadanía. Además, habrá nueva tarifa autonómica del IRPF. Las rentas de 10.000 euros se ahorrarán 94,5 euros, las de 20.000 se ahorrarán 117 euros, las de 30.000 se ahorrarán 67 euros y las superiores a 60.000 euros, nada. En tercer lugar, todas las deducciones y bonificaciones fiscales aumentan un 10 %. Las rentas que pueden acogerse a deducciones pasan a 30.000 euros. La reforma será de aplicación en la renta de 2022, porque tendrá efectos retroactivos al 1 de enero.
Los anuncios del president
Deducción de 100 euros por hipoteca y transporte gratuito. Aprobación de una deducción fiscal de 100 euros para las familias con hipoteca, dirigida a las rentas individuales de hasta 30.000 euros o de 47.000 euros para el caso de tributación conjunta. Gratuidad del transporte público de metro, tranvía y autobuses de la Generalitat para jóvenes de 0 a 30 años entre octubre y diciembre.
Transición energética. Se completarán las ayudas del Gobierno al sector gasointensivo hasta el límite que fije la UE. Se solicitará que se declaren de interés público superior los proyectos de renovables, su conexión a la red, la propia red y sus activos, lo que permitirá que los grandes proyectos de energías renovables puedan ser autorizados en un año, se presentará un plan valenciano para el desarrollo de la industria solar.
Empleo y apoyo a las empresas. Se promoverá el mayor plan de empleo, con más de 200 millones de euros. Los programas de contratación de jóvenes se incrementarán el 50% (hasta 57 millones) y se duplicará el apoyo a la contratación indefinida de colectivos vulnerables. El IVF movilizará 180 millones en préstamos a las empresas al 1,5%, con un 20% de ayuda no reembolsable y a devolver en 10 años, con hasta 5 millones de euros por empresa ante la subida de los tipos de interés.
Sanidad concertada contra listas de espera. Como medida excepcional para diciembre y hasta la normalización de las demoras en intervenciones quirúrgicas, la Generaliat se compromete a que aquellos pacientes que tengan que ser operados de las patologías más prevalentes y vayan a tener que esperar más de 60 días puedan elegir la opción de ser intervenidos en la sanidad concertada. También se amplía el test prenatal no invasivo a todas las mujeres embarazada. Se facilitará la extensión del cribado para detectar cáncer de cérvix en toda la población diana a partir del 2023.
Educación y prevención de suicidios en adolescentes. Se iniciará una campaña de sensibilización entre adolescentes para prevenir conductas suicidas y autolesivas, se pondrán en marcha 10 centros integrados de FP en los próximos años, un centro formativo para atender las necesidades de la gigafactoría de Sagunto y un centro junto a la Ciudad de la Luz para reforzar el tejido laboral audiovisual.
Atención social. La Vicepresidencia pilotará la renovación y ampliación del pacto contra la violencia de género, así como actuaciones como un nuevo sistema de teleasistencia avanzada a través de 50.000 soportes tecnológicos complementarios, la puesta en marcha de la historia social única, para hacer un seguimiento del contexto social de la persona dependiente y la creación de la figura de la persona asistente infantil para acompañar a menores con diversidad funcional que necesitan rehabilitación terapéutica.
Vivienda. La Vicepresidencia Segunda acometerá la aprobación de una normativa de vivienda pública que cumplirá una demanda histórica de los promotores. El nuevo texto, que se publicará en diciembre, permitirá agilizar la colaboración público-privada para acelerar los planes de promoción pública de la Generalitat. Además, otra importante medida, prevista para octubre, será un nuevo concurso de solares para impulsar la construcción de vivienda pública. Con ello, se aspira a edificar 1.090 viviendas en terrenos públicos distribuidos en 51 áreas de la Comunidad Valenciana. En conjunto, 50 millones en estas promociones, con los que se movilizarán 151 millones de colaboración público-privada.
Fondo de Cooperación Forestal Valenciano. Se busca un mejor mantenimiento de los bosques, prevención de incendios y una mayor reforestación con un presupuesto de 50 millones de euros que transferirá la Generalitat a los ayuntamientos. Se propondrá a las diputaciones que suplementen este plan con 30 millones más.
