La síndica del grupo popular de las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha señalado que “la desautorización de Moncloa y la presión de sus socios impide a Puig presentar su rebaja fiscal en las propuestas de resolución”.
Catalá ha indicado que “estábamos expectantes para ver las propuestas de resolución del Botànic que desgranara la propuesta fiscal que ayer trajo Puig y nuestra sorpresa ha sido no ver nada. Estamos decepcionados. Puig cada día se parece más a Sánchez dice una cosa y la contraria en 24 horas y no le importa desdecirse o no cumplir su palabra. El parche fiscal que anunció ayer Puig no aparece negro sobre blanco. Nosotros queríamos analizar la propuesta para negociarla, mejorarla y hacerla efectiva”.
La síndica popular ha calificado de “tomadura de pelo” no presentar ninguna propuesta, “porque los anuncios del debate de política general se trasladan a propuestas, se debaten y se pactan. Lo de Puig no tiene nombre. No sabemos si le han desautorizado desde Moncloa y no ha querido presentarla o le han desautorizado sus socios y no ha podido. No nos parece serio que algo que necesitan los valencianos como es una bajada de impuestos no se haya materializado, y más si tiene efectos retroactivos como aseguró ayer el president para ser aplicado desde el uno de enero de este año. No tienen mucho más tiempo ni le queda mucho margen”.
“El GPP sí ha presentado una propuesta de resolución con la bajada de impuestos concretada. Por eso, el PSPV tiene la ocasión hoy acordar una concreción de esa rebaja de impuestos real para los valencianos. Tienen todo el día de hoy para llegar a un acuerdo”, ha añadido.
La síndica popular ha afirmado que “en cualquier caso, la propuesta de Puig es insuficiente. Tiene la oportunidad hoy de negociar con el PP porque nuestra propuesta es diez a uno. Donde nosotros planteamos un ahorro de 1.500 millones de euros, él lo deja en 150 millones. Hay que ser serios y les quedan muchas cosas por afinar. No ha concretado la tarifa del IRPF, ni aclarado si la deducción por vivienda para los jóvenes es compatible con la que ya hay, o las deducciones ampliadas para las familias que solo suponen uno o dos euros al mes. Eso no ayuda a mejorar la cesta de la compra. Hay que ser serios. Los valencianos necesitan con urgencia que acordemos la bajada de impuestos”.
Propuestas de resolución
La síndica del GPP ha anunciado que el GPP “ha presentado 12 propuestas de resolución agrupadas sobre bajada de impuestos, financiación autonómica, señas de identidad, medidas sanitarias, mejoras en la educación, cambio de política forestal y medidas contra la pobreza y de apoyo a la familia, así como potenciar la implantación de energías renovables”.
En concreto, en materia de financiación autonómica, el GPP propone que se convoque de inmediato el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se apruebe un nuevo modelo que entré en vigor en enero de 2023 y que se reconozca la deuda histórica de la Comunidad Valenciana.
Además, el GPP ha presentado su propuesta fiscal con todas las medidas contempladas tanto en la bajada del IRPF, patrimonio, sucesiones y compra de vivienda, rechazando la implantación de nuevos impuestos en la Comunidad Valenciana, como es el caso de la tasa turística.
Así, el GPP ha presentado una propuesta de resolución con medidas exclusivas para jóvenes en la que además de medidas fiscales concretas para la compra de vivienda o el emprendedurismo, se pide al Consell que prolongue la gratuidad del transporte público de la Generalitat más allá del 31 de diciembre de este año y hasta que la inflación se sitúe por debajo del 3% en la Comunidad Valenciana.
El GPP propone la “aprobación en un plazo de un mes de un decreto ley para la aprobación de todos los proyectos de desarrollo de energía solar que se encuentran en tramitación, además de medidas concretas de apoyo a la industria cerámica”.
En política social, el GPP ha solicitado poner en marcha una batería de medidas de carácter social de apoyo y protección a la infancia, a las personas mayores y a dependientes. Un plan extraordinario para combatir la pobreza en la Comunidad Valenciana, ampliación el número de plazas en residencias de mayores y aprobar una Ley de Conciliación Familiar”.
El GPP pide efectuar una “reforma legal que determine los tiempos máximos de demora quirúrgica y diagnóstica para acabar con las listas de espera. Además, las propuestas que en materia educativa ha planteado el GPP piden garantizar la libertad de los padres para elegir el centro y la lengua en la que quieren educar a sus hijos”.
