La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves el nuevo impuesto que gravará a las grandes fortunas y las medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros, algo que beneficiará al 50% de los contribuyentes. Esos son algunos de los ejes principales sobre la reforma tributaria impulsada por el Gobierno central, unas medidas que se hacen públicas tan solo tres días después de que el barón socialista con más peso, el jefe del Consell, Ximo Puig, se lanzara a la carrera de rebajas de impuestos patrocinada por las comunidades gobernadas por el PP. El paso al frente del presidente de la Generalitat para retocar las tributaciones desató un incendio de consideración entre València y Madrid. Se interpretó que Puig había tirado por tierra el discurso de La Moncloa y de Ferraz al entrar al juego de la derecha, anunciando rebajas en el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 60.000 euros. Ahora, en cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez contraataca con su propia batería de medidas que no solo incluyen aliviar la carga tributaria al 50% de la población que menos gana. También elevar la presión sobre las grandes fortunas, que es un terreno en el que Puig no se había querido adentrar hasta ahora pero que, sin embargo, le están exigiendo sus socios, Compromís y Podem. Eso es algo que se ha vuelto a poner de manifiesto durante la segunda jornada del debate de política general, que se celebra este jueves en las Cortes Valencianas, donde la oposición ha vuelto a cargar contra la propuesta de Puig al considerar que está descafeinada.

Hasta este miércoles, los mensajes directos lanzados desde el Gobierno para mostrar su disconformidad por la senda que quiere recorrer Puig en materia tributaria fueron constantes. Lo hizo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño y también Montero. Ambas pusieron el acento en cuestionar l la "competición a la baja" en materia fiscal que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y, además, les pidieron coherencia porque son las mismas que están pidiendo más recursos al Gobierno. Mientras tanto, al PP le pusieron en bandeja poder entonar la crítica contra el Ejecutivo central, al que instaron a seguir los pasos de Puig en la Comunidad. Los mensajes velados siguieron este jueves. Durante su comparecencia para explicar las claves de la reforma tributaria, Montero dijo que hay que evitar las rebajas masivas de impuestos y no entrar en una carrera porque hay que mantener los servicios públicos. Por todo ello, pidió que se ejerza la competencia fiscal con responsabilidad, aunque subrayó que eso es algo que entra dentro de las competencias autonómicas. En esa línea, defendió que lo más adecuado es seguir la línea marcada por el Gobierno. "Protegemos al 50 % de trabajadores de nuestro país con una medida que tiene para ellos un alto impacto, 746 euros frente a los veintitantos que aporta cualquier deflactación, y que además es selectiva porque solo y exclusivamente beneficia a las personas que tenemos que proteger", ha afirmado la ministra. El paquete fiscal del Gobierno reportará unos ingresos fiscales netos de 3.144 millones de euros en los dos próximos años, logrando "un modelo más justo" de sociedad, ha añadido.

Al mismo tiempo que Montero defendía el nuevo paquete de medidas del Gobierno, el debate sobre fiscalidad incendiaba de nuevo las Cortes Valencianas. El PSPV defiende que la propuesta de reforma fiscal anunciada por Puig va en la línea del Gobierno de España y de los organismos internacionales de hacer una rebaja para las clases más bajas, pero "sin hacer un agujero en la recaudación" que ponga en peligro los servicios sociales y que ahora será concretada en el seno del Consell. Por su parte, sus socios en el Botànic han recalcado que es solo una propuesta que no está cerrada, sino que debe seguir negociándose en el Consell para "blindar" el estado del bienestar. "La reforma fiscal del Botànic no es lo que ha anunciado Puig sino que se tiene que seguir trabajando", han apuntado desde Compromís. Por contra, desde la oposición PP y Cs han lamentado que se trata de otro "ximoanuncio, una propuesta fantasma que no han traído a esta Cámara y, además de que no se ha concretado, es insuficiente".

Así, el portavoz de Economía del PSPV, José Muñoz, ha negado "absolutamente" que esta reforma rompa el discurso impulsado por Pedro Sánchez y suponga una aproximación al PP, sino que ha recalcado que, de hecho, va en línea del Gobierno de España y Europa de "bajar las rentas a las personas que menos tienen, pero sin hacer un agujero a la recaudación para seguir invirtiendo en el Estado de Bienestar", ha recalcado.

Hemiciclo de las Cortes Valencianas. Información

Muñoz, que ha explicado que la concreción se debatirá en el seno del Consell, ha apuntado que este debate "complejo" debe plantearse en función de a quién beneficia la reforma, "si como defiende el PP con bajadas indiscriminadas de impuestos que, como en Andalucía solo benefician al 0,2% de la población por supresión del Patrimonio y Sucesiones, o la propuesta de Puig para las rentas inferiores de 60.000 euros, que beneficia al 97,4% de los valencianos", mientras que las rentas superiores "seguirán pagando lo mismo". Además, al ser con retroactividad, "este año se verá ya cómo paga menos".

En esta línea, ha recalcado que ante esta crisis los poderes públicos deben invertir en sus ciudadanos, pero ha advertido de que la propuesta del PP supondría dejar de ingresar 1.500 millones de euros menos para los valencianos, con "una repercusión clarísima en los servicios públicos", mientras que la de Puig al ser "selectiva" supone una disminución de 150 millones, que "será compensada con la recaudación que hemos tenido este año". "Que la gente vea y decida porque el Partido Socialista siempre estará al lado de la mayoría social", ha apostillado.

Sin embargo, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha matizado que el anuncio de Puig se corresponde a las actuaciones realizadas hasta ahora, pero ha recalcado: "La reforma fiscal del Botànic no es lo que ha anunciado Puig sino que se tiene que seguir trabajando". En ese sentido, ha insistido en que conocieron el anuncio la noche antes del debate, pero que "no está finalizada, aún no ha visto la luz y cuando la vea, será de la mano de todo el Botànic" y debe estar "más pronto que tarde porque las familias lo necesitan, por ello no pasará de este curso".

En ese sentido, preguntada por las formas del anuncio de Puig, ha recalcado: "Lo que valoramos es el espacio conjunto en el que el Botànic estamos plenamente unidos y esos son los hechos". "Es verdad que Puig tiene la capacidad de anunciar lo que él valora, pero el trabajo conjunto del Botànic es otro en el que estamos muy satisfechos y se debe traducir en un acuerdo del Consell que se verá reflejado en la Ley de Presupuestos o en un decreto". Así, ha subrayado que "la reforma debe blindar los servicios públicos y en esta línea calcularla" como "establece la propuesta de resolución presentada en el debate de bajar la presión a las rentas más bajas y aportar más las que más tienen".

Del mismo modo, desde Unides Podem, Ferran Martínez ha señalado que conocieron el anuncio antes del debate --sin concretar cuándo-- y ha coincidido en que la reforma no está cerrada y que "debe negociarse dentro del Consell.

Martínez ha explicado que coinciden con la reforma anunciada por Puig porque cumple con la progresividad que ellos defienden, pero advierte de que "supone una pérdida de ingresos fiscales". Por ello, exige "completar" esta propuesta para "compensar la pérdida de ingresos pidiendo un pequeño esfuerzo adicional a las rentas más altas y patrimonios".

Así, ha recalcado que el Botànic ha acometido "dos reformas fiscales que ya han mejorado la recaudación y progresividad y somos la comunidad con un sistema más progresivo". "Ese es legado del Botànic y nuestra hoja de ruta para el futuro y es lo que vamos a plantear a nuestros socios", ha señalado.

"Otro Ximoanuncio"

Por contra, desde el PP Ruben Ibáñez ha señalado que la reforma de Puig es "invisible" y "falsa": "Puig ha hecho lo que hace Ximo Puig: marcarse un "Ximoanuncio" a lo grande sin registrarla para que pueda ser hoy debatida", le ha recriminado.

No obstante, ha destacado que el PP ha logrado "cambiar el dogma mental de la izquierda: ahora bajar impuestos es bueno y no significa bajar servicios". "Son las dos grandes lecciones que la izquierda ha aprendido; a partir de ahí, el cómo no lo sabemos porque no se ha presentado el documento", ha señalado.

En esta línea, le ha afeado "haber perdido una rapidísima oportunidad" porque ha señalado que la reforma solo "tendrá efecto en junio de 2023 cuando las personas hagan el IRPF". "Puig no está para dar soluciones sino para hacer anuncios y esa es la diferencia entre una política fiscal coherente y una política de confeti que practica Puig", ha apostillado.

Del mismo modo, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha criticado la "reforma fantasma" de Puig y ha mostrado su incredulidad: "Hasta que no la vea no se me la creo". En cualquier caso, ha señalado que es "insuficiente" porque con la reforma que defiende su partido supondrían un ahorro de 650 euros para las familias frente el ahorro de 100 euros de la de Puig. "Es solo un parche", ha recriminado.

Paquete fiscal

En concreto, Montero, que compareció en rueda de prensa, indicó que el nuevo impuesto se aplicará en 2023 y 2024 y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%. Con este nuevo impuesto, que afectará a unos 23.000 contribuyentes (el 0,01% del total), el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros. El tributo evitará la doble imposición, dado que la cuota abonada por el Impuesto de Patrimonio será deducible en el nuevo impuesto.

Al mismo tiempo, el Gobierno elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más. Con esta medida, espera recaudar 204 millones de euros y afectará a 17.814 contribuyentes. Junto con esta subida a las rentas altas, el Gobierno también aprobará medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros. Esta medida va a suponer un ahorro de 1.881 millones de euros y beneficiará al 50% de los contribuyentes. Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF. También en este impuesto, se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada. Beneficiará a más de 577.000 empleados por cuenta propia, que se ahorrarán 184 millones de euros.

El paquete fiscal presentado hoy por Montero también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. El impacto económico es de 292 millones de euros y se beneficiarán más de 400.000 empresas.

Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal. Con esta medida, Hacienda espera recaudar 2.439 millones entre 2023 y 2024.

En el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina.

Con todo este conjunto de medidas, el Gobierno pretende recaudar 3.144 millones de euros adicionales.