Aliviar los efectos de una inflación galopante que provoca que a las familias de la Comunidad Valenciana les cueste cada vez más llegar a final de mes sin que se produzca una merma significativa de los ingresos que ponga en riesgo el estado del bienestar y la prestación de servicios públicos. Este es el difícil equilibrio al que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tiene que hacer frente tras anunciar, el pasado martes, durante el debate de política general, su reforma fiscal. Todo ello soportando las presiones que le llegan desde Moncloa, donde sus medidas no fueron recibidas con los brazos abiertos en primer momento, aunque un par de días después se sumaran a la rebaja fiscal, y desde sus socios en el Botànic, Compromís y Unides Podem, quienes le siguen exigiendo que hay que cobrarle más a los que más tienen. Al margen de estas componendas de carácter político, expertos en la materia, pertenecientes a los ámbitos académicos, económicos y fiscales, analizan para INFORMACIÓN el impacto que creen que tendrá el plan que ha puesto en marcha Puig.

La primera en tomar la palabra es la catedrática de Economía Aplicada la Universidad de Alicante (UA) Paloma Taltavull, quien pone en duda que la principal medida del plan del presidente, reducir los impuestos para las rentas inferiores a 60.000 euros, beneficie al 97,4% de los contribuyentes, según los datos que maneja el Consell. Taltavull alerta del riesgo que se corre de que los ingresos de la Generalitat se reduzcan notablemente. Eso no quita para que celebre que los fondos que se liberen incidirán directamente en el consumo y contribuirán a rescatar la economía.

La catedrática de la UA considera que la reforma va encaminada hacia conseguir una mejor distribución de la renta, con unos hogares con mayor volumen de liquidez para dedicarla a la adquisición de bienes. «Uno de los problemas que nos encontramos es que, si los pobres no consumen y la clase media tampoco puede hacerlo por la inflación, los ricos no lo van a hacer en nuestro territorio, porque sus mercados son otros que están fuera de la Comunidad Valenciana», añade al respecto, antes de incluir entre los beneficios una repercusión positiva en la creación de empleo.

Expansión

Ante todos los argumentos expuestos, Taltavull define el anuncio de rebaja fiscal de Puig como «buenísimo», ya que cree que provocará una expansión del mercado y rehabilitará la actividad económica. A esto añade que el entorno de la Comunidad Valenciana, que ofrece buena calidad de vida y muchos kilómetros de costa, puede servir como reclamo para atraer extranjeros y lograr un mercado laboral mejor y más denso. Como resumen, cree que asumir el riesgo de reducir los ingresos merece la pena porque los beneficios que provocarán el aumento del consumo y la creación de empleo son mayores.

La valoración que hace el responsable de la comisión fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez, también es positiva. Sus argumentos para el optimismo se basan en la mayor renta disponible, lo que permitirá paliar los efectos de la inflación. «La subida de los precios de la energía ha arrastrado el incremento del precio del resto de productos». Así resume la situación que se está viviendo en Europa desde que a principios de año estallara la guerra en Ucrania.

Los economistas reclaman que el Estado actúe de forma integral, por encima de una "guerra" autonómica

El presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad, Luis Chinchilla, quiere puntualizar en primer lugar que lo anunciado por Puig esta semana no se puede catalogar como reforma fiscal. «Para hablar en estos términos, tendríamos que hacerlo de una actuación a nivel estatal, y no es el caso. Nadie se atreve a hacerla», sostiene. De hecho, son varios los expertos consultados que apuntan que lo más efectivo sería una reforma que aglutinara a todo el Estado, en lugar de la «guerra» en materia fiscal que se está viviendo entre comunidades autónomas en los últimos tiempos.

Algunos analistas creen que la tendencia alcista de los precios se va a prolongar y la solución exige "sufrimiento"

Al igual que apuntaba Antonio Pérez, Chinchilla considera que el principal objetivo que busca Puig es plantar cara al sobrecoste de los productos energéticos. Para ello se pretende alcanzar un equilibrio adquisitivo en determinados tramos de la renta y el experto considera que la medida es necesaria en este momento, pese a que su puesta en marcha pueda perjudicar a los presupuestos de la Comunidad. Por último, vaticina que «la inflación se prolongará durante un tiempo y solo se puede solucionar sufriendo».

Captura

El que fuera rector de la UA Ignacio Jiménez Raneda sostiene que hay que acudir a la «letra pequeña», ante la magnitud de lo planteado por el presidente de la Generalitat. También alerta del riesgo que asumen las cuentas autonómicas de resentirse, sobre todo en un caso como en el de la Comunidad, en el que se sufre la infrafinanciación. «Puig ha querido lanzar una señal de alivio a la población con el poco margen de competencias fiscales que tiene», apostilla en su análisis.

Para Jiménez Raneda, la cuestión central no es la bajada de impuestos. «Si hiciéramos esta pregunta, todo el mundo estaría de acuerdo», se responde. El exrector cree que hay que evaluar las consecuencias en profundidad de un anuncio así, sobre todo las que están relacionadas con la prestación de los servicios públicos. «Los impuestos no se aplican por una cuestión graciosa. Con ellos se busca recaudar fondos para ofrecer una contraprestación a la sociedad», añade antes de concluir apuntando, como otros expertos, que una de las grandes claves es poner freno a la subida del precio del gas y los carburantes, ante un otoño y un invierno que serán muy complicados.

Otro argumento, más en términos políticos que económicos, es el de la «carrera electoral» en la que ya se encuentran metidos todos los partidos, un periodo que lleva a autoridades como Puig a realizar anuncios de gran calado. Hacia esta tesis apunta la catedrática emérita de la UA e investigadora del IVIE Carmen Herrero. «Las decisiones unilaterales en el sistema fiscal son peligrosas y absurdas», sentencia.

La catedrática emérita de Fundamentos del Análisis Económico considera que en una sociedad global cualquier acción que se toma tiene influencia en el resto, y ese ascendente no siempre es positivo. También cree que el problema de fondo es que no se afronta «una reforma fiscal seria». Del mismo modo, alerta de que el peligro es que «la presión se concentra en las rentas medias del trabajo y no hay una progresión suficiente hacia las más altas». En último lugar, avisa de las «medidas temporales» y pone en tela de juicio la competencia entre autonomías, rebatiendo tesis como las del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla: «Ninguna empresa va a dejar Madrid para instalarse en Andalucía».

Bajada

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche José María Gómez Gras es otro de los que se pregunta que quién puede estar en contra de una bajada de impuestos. «Está claro que, ante la inflación galopante, había que tomar alguna medida», razona. Al margen del anuncio hecho por Puig, Gómez Gras también considera que la Generalitat tendría que trabajar en otros impuestos, como son los de patrimonio y sucesiones, al igual que se está haciendo en diferentes puntos de la geografía española.

Para el catedrático emérito de la UA y exdirector de su Instituto de Economía Internacional, Antonio Escudero, lo que está haciendo Puig es actuar en contra de las doctrinas que han establecido el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, cuya propuesta no es bajar los impuestos directos, sino crear un tributo extraordinario para las grandes fortunas y repartir ese dinero entre las familias más vulnerables y las mercantiles en crisis.

En último lugar, el director del departamento de Disciplinas Económicas y Financieras de la UA, Emilio Cencerrado, sostiene que las medidas anunciadas «benefician a todos». Elevar el mínimo exento o deflactar la tarifa del IRPF son algunos de los principales argumentos en los que apoya su postura. «Deflactar es positivo porque corrige la inflación y las leyes lo deberían incluir de forma semiautomática todos los años», puntualiza Cencerrado.