Las tres fuerzas que conforman el Botànic reman en la misma dirección en materia de fiscalidad. Existe una voluntad compartida en recorrer el camino hacia un sistema tributario más progresivo que permita aligerar la carga impositiva hacia las rentas medias y bajas en un contexto de dificultad por la escalada de precios generalizada que provoca la inflación. Ahora bien, el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem se sumergen ahora en un periodo de negociación para perfilar la propuesta que lanzó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general, el pasado martes. Sus socios de gobierno les han reclamado ajustes que se empiezan ahora a concretar. Los valencianistas exigen que las bonificaciones fiscales que el jefe del Consell situó en rentas de hasta 60.000 euros se bajen hasta los 50.000 y, también, incrementar el IRPF a las rentas de más de 150.000 euros, además de gravar más el Impuesto de Patrimonio. En ese último punto coinciden con Unides Podem, que pide además modificar los tributos sobre Sucesiones y Donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados.
El Consell se prepara ya para adentrarse en el debate sobre la reforma tributaria mientras los grupos parlamentarios que lo sustentan empiezan a hacer públicas sus reivindicaciones en materia de fiscalidad, un asunto que impregnado en el debate en clave nacional a partir de la batalla de las autonomías por modificar los impuestos. Una guerra en la que ha acabado por entrar hasta el Gobierno central, con una fórmula en las antípodas de lo que vienen aprobando las regiones gobernadas por el PP, con la supresión o bonificaciones del Impuesto de Patrimonio o la deflactación del IRPF. Ese es, precisamente, uno de los puntos de partida de la reforma fiscal que se avecina en la Comunidad Valenciana, donde no se suprimirán los tributos que gravan a los grandes patrimonios, como sí han hecho Andalucía o Galicia.
El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca (Unides Podem) apuesta por incrementar los gravámenes a las rentas más altas, una cuestión en la que no se quiso adentrar Puig. Illueca defendió este lunes que hay más vías al margen de la modificación del IRPF y puso el foco en tributos como el de Sucesiones y Donaciones, que a su juicio está cimentado en una escala "desfasada" y pide actualizar su coeficiente multiplicador. Apunta en la misma dirección en el de Actos Jurídicos Documentados que grava, entre otras cuestiones, la formalización de hipotecas, teniendo en cuenta el patrimonio preexistente para hacerlo más progresivo. Y en cuando al de Patrimonio, se plantea suprimir el mínimo exento. Lo que el vicepresidente vino a defender es que existen diversas fórmulas para tratar de incrementar la recaudación con el objetivo de compensar la merma de ingresos que se produciría con la bajada de impuestos a las rentas medias y bajas. Lo importante, destacó Illueca, es que la reforma "no afecte a los servicios públicos y que queden garantizados los servicios sociales".
En esa línea, el diputado Ferrán Martínez (Unides Podem) subrayó que algunas de las propuestas que los morados pondrán sobre la mesa son las mismas que expusieron durante la anterior reforma fiscal. Por ejemplo, reordenar los beneficios fiscales para que tengan un mayor impacto en las familias, como las deducciones por hijos o mayores a cargo, el alquiler o la rehabilitación de vivienda. En lo relativo a Sucesiones y Donaciones, valoró que la tarifa del impuesto está muy anticuada -incluso aparece en pesetas- y defendió que es necesario reordenarlo para afinar los beneficios fiscales. También, hacer más progresivo el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y aumentar el de Patrimonio.
Po su parte, Carles Esteve, de Compromís, valoró que parece que existe competencia para ver quién le da una mejor paga a los ricos en otras comunidades y recalcó que no puede ser que eso se sostenga con lo que aportan las clases populares. "Planteamos una alternativa que cabe incluir en la reforma fiscal. Que los ricos pongan un poco más para que las clases más humildes puedan tener garantizados los servicios públicos". Unos días después del anunció del líder socialista, Compromís ha elaborado un documento de trabajo con sus planteamientos en base a una de las propuestas de la Cátedra de Tributación Autonómica de la Universitat de València que asesora al Consell en la reforma.
Esteve señaló que si el salario medio de los valencianos es de 30.000 euros, debería fijarse el límite para las deducciones fiscales en 50.000 euros y no en 60.000 euros, como propuso Puig. Todo a pesar de que la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, aseguró el pasado viernes, tras el pleno, que Compromís respaldaba la propuesta inicial de Puig, la de los 60.000 euros. También destacó que en otras autonomías el tope máximo del Impuesto de Patrimonio es más elevado, por lo que instó a revisar al alza esta cuestión, así como la de elevar el IRPF para rentas de más de 140.000 o 150.000 euros.
Paralelamente, Compromís se muestra en contra de la medida anunciada por Puig de establecer una deducción fiscal de cien euros en las hipotecas para rentas de hasta 30.000 euros, al considerar que se puede convertir en un "café para todos" y que sería más efectivo repartir ayudas o transferencias. Insiste además en su propuesta de crear un impuesto para las bebidas azucaradas, ya que recuerda que "seguir la hoja de ruta 'botánica' pasa necesariamente por cumplir los acuerdos establecidos", y llama a seguir reforzando y modernizando el sistema tributario valenciano para conseguir los ingresos que faltan en la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Muñoz, ha insistido en que la reforma de Puig es "muy positiva" para la mayoría de los valencianos y es "complementaria" a las medidas anunciadas días después por el Gobierno. "Evidentemente, las cosas pueden matizarse a nivel interno dentro del Consell, pero no hay que desviar el foco de atención sobre lo que es realmente importante", ha remarcado, para defender que "lo importante es ser riguroso en la política fiscal".
Por parte de la oposición, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha criticado que los socios del Botànic "todavía están discutiendo porque no saben cómo aplicar los anuncios de Puig", al que ha vuelto a reprochar su "'ximoanuncio'" de una reforma "invisible" porque no está ni concretada ni negociada.
Ha lamentado así que "los valencianos seguirán hasta diciembre como mínimo con los tipos del IRPF más altos de toda España" y ha acusado al líder del PSPV de optar por los anuncios y la "verborrea" en lugar de propuestas eficaces.
