La Agencia Valenciana de la Innovación, entidad de Derecho Público que depende de la Generalitat, ha adjudicado la batería de subvenciones contempladas para el ejercicio 2022. El presupuesto destinado a financiar iniciativas de I+D+i en el marco autonómico ha superado los 47 millones de euros. Esta vez, la provincia de Alicante recibirá un 16% más de fondos que el año anterior. En total, 9,7 millones de euros a repartir entre empresas, universidades, organismos de investigación, asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales. De esta forma, la estrategia para impulsar la mejora del modelo productivo, a través del organismo que mantiene a Andrés García Reche como vicepresidente ejecutivo, relega, una vez más, al territorio alicantino. A fin de cuentas, recibe solo uno de cada cinco euros.
Ni el chaparrón de críticas desatado a raíz del controvertido resultado de la edición de 2021 ni los esfuerzos que asegura haber realizado el Ejecutivo que preside Ximo Puig para tratar de elevar el volumen de proyectos presentados desde Alicante han conseguido dar la vuelta a los datos. El reparto del pastel sigue siendo prácticamente el mismo, a todas luces desproporcionado. Hasta el punto de que las instituciones, organismos y universidades con sede en València reciben más del triple de las subvenciones que se inyectan a la provincia. Absorben el 66% de la totalidad del presupuesto disponible.
El balance global no es nuevo, el agravio se mantiene, pero, esta vez, en un contexto todavía más sangrante, con una crisis energética que obliga a acelerar la capacidad innovadora para poner rumbo a un crecimiento sostenible basado en la eficiencia. Por tanto, competir en igualdad de condiciones y disponer de las mismas oportunidades para potenciar la actividad investigadora sigue siendo una quimera en Alicante.
El análisis de los datos relativos al conjunto de programas de concesión de ayudas impulsados por la AVI, siempre según los datos aportados por la Generalitat, revela que la provincia de Alicante percibirá solo el 20% del total de los fondos que maneja García Reche para el desarrollo de cuatro programas estratégicos, que son los de impulso a la cadena de valor empresaria, proyectos estratégicos en cooperación, y valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas. La suma de todos ellos agrupa 9,7 millones de euros para la provincia, mientras que en Valencia las ayudas se disparan más del triple. Allí se superan los 31,3 millones de euros, al tiempo que Castellón recibe 4,3 millones de euros.
Cierto es que los datos fueron, incluso, más difíciles de sostener el pasado año, cuando a los proyectos gestados en la provincia le fueron asignados tan solo el 16,8% del total de los recursos (8.807.091 euros) frente al 83,2% que acapararon los de Valencia y Castellón (43.535.522 euros). En este aspecto hay que tener en cuenta que el volumen total de ayudas previstas fue significativamente superior. Frente a los 47 millones de esta anualidad, en 2021 se dispusieron 52,3 millones. Por tanto, en esta convocatoria Alicante ha obtenido más ayudas a pesar de que había menos presupuesto disponible. No obstante, no se puede pasar por alto que uno de cada cinco euros parece demasiado poco para una demarcación que aporta en torno al 30% al PIB regional, y en el que las pymes son un pilar fundamental del tejido productivo.
Concurrencia competitiva
El posicionamiento oficial de la AVI no ha cambiado. Se defiende que los proyectos se asignan por concurrencia competitiva y, en ningún caso, se distribuyen las ayudas con base en criterios territorializados. La controversia generada tras el resultado de la pasada edición, que puso incluso en pie de guerra a los rectores y a investigadores de renombre, empujó a la conselleria del ramo a tomar cartas en el asunto. Entonces, se achacó la escasa inyección de fondos que llegó a la provincia al menor volumen de proyectos presentados en comparación con Valencia. Con todo, se reconoció que en uno de los programas, en concreto el de valoración y transferencia de resultados de investigación a la empresa, el territorio alicantino recibió mucho menos de lo que proporcionalmente le hubiera correspondido en función de las propuestas aportadas. Por ello, se desplegó una estrategia para tratar de corregir esa situación, trabajando en dos vías. Por un lado, con una campaña informativa, a través de reuniones con todas las instituciones académicas y personal científico para difundir la convocatoria de ayudas con tal de guiarles en la presentación de proyectos que se ajustasen a los objetivos que promueve la AVI. Por otro lado, trabajando en la creación de unidades científicas de innovación empresarial, un sistema dirigido a institutos universitarios de investigación y a centros de investigación para crear una estructura especializada en innovación que facilitara la transferencia del resultado de los proyectos a la empresa, según se informó a principios de este año. Sin embargo, las cifras son las que son y lo cierto es que cuatro de cada cinco euros que maneja la AVI se siguen invirtiendo fuera de la provincia. El éxito, pues, es cuestionable.
Con los 47 millones en subvenciones para este año se financian un total de 215 proyectos en los que cooperan 163 entidades distintas. Por tipo beneficiario, las empresas se erigen en esta edición en los principales receptores de las ayudas con el 57% del total; seguida de las universidades, con un 20%; y los institutos tecnológicos y los centros de investigación, con un 7% en cada caso.
