La polémica institucional entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana a costa del Fondo de Cooperación Municipal suma un nuevo episodio. La ley que regula este plan del Consell obliga a la institución provincial a comprometer 13,4 millones de euros de su presupuesto del próximo año para ser repartidos entre los ayuntamientos. El equipo de gobierno de la Diputación, controlado por el PP, que estaba pendiente del recurso de inconstitucionalidad que presentó contra esta norma, dio un nuevo paso este miércoles al anunciar que interpondrán un contencioso administrativo ante el TSJ de la Comunidad Valenciana y solicitarán como medida cautelar la suspensión de la aplicación del Fondo. La reacción de la Generalitat a este anuncio no se ha hecho esperar y ha llegado a través del director general de Administración Local, Toni Such, quien ha acusado al presidente de la institución provincial, y del PPCV, Carlos Mazón, de promover la confrontación institucional y denunció que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos está realizando un «intento de boicot».
Los servicios jurídicos de la Diputación han emitido un informe previo al ejercicio de acciones legales que concluye que tanto el acuerdo del Consell como la Ley 5/2021 vulneran la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En base a ese informe, la Comisión de Hacienda de la institución alicantina propondrá al Pleno la interposición de un recurso contencioso-administrativo con la intención de anular el acuerdo del Consell. Los servicios jurídicos alertan, además, de que la normativa «compromete el presupuesto provincial para imposibilitar actuaciones de su competencia».
Mazón ha recordado este miércoles que «desde el primer momento se ha rechazado el carácter obligatorio del Fondo y el camino de la imposición por el que ha optado el presidente Ximo Puig», en una acusación directa a quien será su principal adversario en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año. El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, también ha abordado esta cuestión: «La aportación del Fondo es irrisoria frente a nuestra propuesta».
Ante esta declaración de intenciones del equipo de gobierno del Palacio Provincial, el director general de Administración Local, Toni Such, ha lamentado «el intento del PP y de Mazón de instrumentalizar la Diputación para confrontarla con la Generalitat, en una acción burda y lamentable». El representante de la Generalitat ha realizado un llamamiento al diálogo «a todos aquellos que estén dispuestos a hablar, aportar y ser solidarios con todos los demás», antes de cargar de nuevo contra el PP: «La actitud de Mazón discrimina a los municipios de la provincia».
Por su parte, el grupo socialista en la Diputación también se ha manifestado, al mostrar su oposición a la interposición del recurso y lamentar que «los dirigentes del PP continúen su ofensiva en contra de los intereses de la población alicantina». Su portavoz, Toni Francés, ha apostillado que «el Fondo garantiza un sistema estable de financiación».
Un pleno la próxima semana para que se apruebe el recurso
El recurso de la Diputación para que se solicite la suspensión del Fondo de Cooperación debe contar con la aprobación del Pleno y el plazo para su presentación concluye a finales del presente mes. Por lo tanto, la próxima sesión ordinaria, prevista en principio para el 2 de noviembre, llegará tarde. Este es el motivo por el que la institución provincial convocará un pleno extraordinario la próxima semana, sin que aún se haya fijado el día concreto.
