El Consell aprobará el próximo lunes la reforma fiscal que fue anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante el debate de política general, hace tres semanas. El presidente autonómico ha anunciado que las modificaciones de impuestos para hacer frente a la inflación serán abordadas en un pleno extraordinario que se ha fijado para el próximo lunes. En esa reunión el Botànic aprobará igualmente la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2023. Con todo, todavía no existe un acuerdo a tres bandas entre el PSPV, Compromís y Unides Podem para sacar adelante el paquete fiscal al completo.

En concreto, el Gobierno valenciano dividirá la aprobación de las medidas a través de dos procedimientos. Por un lado, se abordará la aprobación de un decreto ley que incluirá la rebaja tributaria para rentas menores de 60.000 euros, con efectos retroactivos desde el uno de enero. Por otro lado, la modificación de impuestos al alza dirigida a las rentas altas y grandes patrimonios se plasmará en la ley de acompañamiento a los presupuestos. A ese respecto, desde Compromís y Unides Podem señalan que el acuerdo se está negociando. Incluso los valencianistas aseveran que si no se consigue cerrar un pacto, habría que posponer la aprobación de ambas baterías de medidas puesto que, según recalcan, una cosa va de la mano de la otra, es decir, que no se puede rebajar la recaudación si no se aprueban al mismo tiempo las modificaciones que permitan compensar la bajada de ingresos.

Puig ha puesto fecha a la aprobación de la rebaja fiscal durante la sesión de control que se celebra esta mañana en las Cortes Valencianas. Lo ha hecho durante una respuesta a la síndica del PPCV, María José Catalá, donde ha indicado que también en el presupuesto de 2023 continuarán "avanzando en la progresividad fiscal".

Fuentes de la Generalitat han indicado que la reforma tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, para empezar a beneficiar a las familias desde este año. Además, durante la sesión celebrada hoy en la Cámara valenciana, Puig ha anunciado que la Conselleria de Sanidad ampliará el programa de detección precoz del cáncer de mama hasta pacientes de 74 años. Por otro lado, Puig ha avanzado que la rebaja hasta el 31 de diciembre del 30% en el precio del transporte público de competencia autonómica, incluidas las concesiones de los autobuses, se prorrogará hasta la finalización de 2023. La rebaja también convivirá en el tiempo con la gratuidad en 2023 en los viajes de Cercanías y Media Distancia anunciada por el Gobierno de España.

Catalá ha iniciado la ronda de preguntas para fiscalizar al Gobierno valenciano poniendo el foco en tres cuestiones. Por un lado, en la reforma fiscal anunciada hace 23 días y que todavía no se ha concretado. Por otro, criticando que la ley de acompañamiento prevé aumentar un 10% más a 4.529 tasas a todos los valencianos. Ha recordado, además, que la izquierda valenciana prevé aprobar hasta cuatro nuevos impuestos, como son la tasa turística y los tres nuevos gravámenes vinculados a la nueva Ley de Cambio Climático. Medidas fiscales que, ha considerado Catalá, castigan a la industria, a las azulejeras y al sector turístico.

La síndica del PPCV en las Cortes Valencianas, María José Catalá. BIEL ALIÑO/EFE

Suben impuestos por la puerta de atrás”, le ha reprochado la síndica popular, quien ha cargado igualmente contra los Presupuestos Generales del Estado, poniendo especialmente el acento en el agravio que se produce contra la provincia de Alicante, al ser la última del país en inversiones previstas. "¿De que le sirve usted a los valencianos?", le ha inquirido Catalá a Puig, a quien le ha preguntado, además, si piensa asistir a la manifestación prevista en Alicante la próxima semana, en concreto el 27 de octubre, para rechazar las cuentas del Estado. Puig ha escurrido el bulto y no ha contestado a esa pregunta, que ha sido formulada hasta en dos ocasiones por los populares. A juicio de Catalá, lo que necesita la Comunidad es bajar los impuestos, cambiar el modelo de financiación y una mayor inversión del Estado.

La síndica del PP ha pedido al president que acepte los votos del PP para pactar enmiendas que mejoren los presupuestos generales del Estado. "Acepte nuestros votos para bajar los impuestos y que no entre el nuevo castigo a azulejeras, industrias y sector turístico”, ha dicho.

Por su parte, el jefe del Consell ha subrayado que desde su Gobierno se continúa trabajando para "revertir hacia un equilibro interno" en la Comunidad Valenciana a cuenta de las cuentas del Estado para 2023. El líder autonómico ha reprochado a Catalá su su "cinismo" por salir a criticar ahora los presupuestos del Gobierno Central, que recogen una inversión del 9,4% en el global de la autonomía, mientras que cuando gobernaba el PP rondaban el 6%. Puig ha defendido la política de impuestos que aplica el Gobierno que preside y ha comparado el modelo que plantea el principal partido de la oposición con la fórmula que ha tratado de sacar adelante la primera ministra de Reino Unido, la 'tatcheriana' Liz Truss, con "su receta impositiva", que ha dejado al país al borde de tener que convocar elecciones. "Ahora no se atreven a seguir defiendo este modelo porque ha sido un fracaso monumental", ha espetado al PP. Porque para Puig, el modelo que aplicaría el PP frente a un contexto de crisis es el mismo que ya se vio en la crisis de 2008, que fue "subir impuestos y recortar los servicios públicos". Frente a eso, ha dicho que lo primero que ha tenido que hacer el Botànic ha sido revertir los recortes que hizo en su día el PP y, al mismo tiempo, impulsar una política dirigida a las personas. De este modo, ha resaltado que gracia a fortalecer Estado del Bienestar una familia media se está ahorrando unos 300 euros en los libros de texto, unas 280 euros al mes en la escuela gratuita desde los 2 año, 40 euros al mes en comedor, 270 euros en matrícula universitaria, o las ayudas al alquiler y autónomos o la gratuidad de transportes.

Bancada de la izquierda en las Cortes Valencianas. Información

"Guerra fiscal"

También sobre la reforma fiscal, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha acusado a Puig de "cambiar de posición" al afirmar antes de anunciarla que era necesario penalizar a las comunidades que se benefician del sistema de financiación autonómica.

"La que lio en un rato", ha dicho respecto a la "guerra" que a su juicio despertó en el seno del PSOE el anuncio de la reforma fiscal de Puig, tras lo que ha criticado que "se desdijo al más puro estilo Pedro Sánchez".

La portavoz de los naranja ha hecho notar que de momento es una "reforma fantasma" y que, según sus cálculos, "su rompedora rebelión fiscal supone de media un ahorro anual de 111 euros" para cada valenciano, lo que ve como una "limosna". "Ha querido distanciarse de Sánchez, pero no cuela", ha espetado.

Además, ha instado al presidente a no sacar pecho de la gratuidad del transporte público de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) porque hay "miles de personas sin cita previa" para la segunda cita para obtener el título.

En su respuesta, Puig ha asegurado que "en ningún momento" dijo que la reforma fiscal supondría un "castigo" para la Comunidad, sino que el sistema de financiación tenga en cuenta el esfuerzo de cada autonomía. "Y sobre todo, que tenga en cuenta de verdad lo que aporta cada ciudadano", ha recalcado.

Ha defendido que la Generalitat acata lo que dicen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo -"peligrosos izquierdistas", ha ironizado- y ha negado que la Comunidad "vaya mal". "Datos como que somos la comunidad con la tasa más baja de personas en situación de sin hogar levantan la moral de este gobierno", ha aseverado.

Priorizar salarios altos

Por parte de Compromís, Papi Robles ha abogado por una cláusula en la contratación pública para que la Administración priorice a las empresas que le pagan mayor salario a los empleados, ya que "la gente trabajadora y las familias son las que están pagando esa crisis".

Robles ha defendido un pacto de rentas "para que la gente cobre más" y ha propuesto "blindar los servicios públicos siempre". Por ello, ha considerado que "no se pueden bajar los ingresos de la administración" ya que son estos los que garantizan los derechos públicos.

En su respuesta, Puig ha señalado que es un momento "muy complicado" para las familias que tienen menos ingresos y ha asegurado que el Consell está "determinado a intentar influir para intentar proteger a las familias".

Por ello, ha apostado por un "pacto de rentas real" para evitar las "diferencias insolidarias" que "no son asumibles para que se rompa la sociedad". Para Puig, la única manera de blindar estas cuestiones es que "haya una mayoría progresista".

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