La reforma fiscal acordada por el Gobierno autonómico tiene mucho más de gesto político que de efectividad sobre la economía real. Esa es la opinión generalizada de los expertos, que coinciden a la hora de señalar que las medidas acordadas van a tener un impacto casi irrelevante sobre la actividad y el consumo. Y no solo eso, sino que, añaden, generan riesgos de relevancia, como es la posible huida de grandes fortunas o la caída de ventas de viviendas u otros artículos de lujo.
El responsable de la comisión fiscal del Colegio de Economistas, Antonio Pérez, destaca que la reducción del IRPF para las rentas inferiores a los 65.000 euros anuales y el aumento previsto para las rentas superiores a partir de 2023 «no va a comportar cambios significativos sobre la actividad económica, aunque sí que permitirá una mayor recaudación, tampoco demasiado significativa».
El peligro de esta medida, así como del aumento del 0,25% en los tres últimos tramos del Impuesto de Patrimonio, es que pueda propiciar un éxodo de grandes fortunas. «Se trata -señala- de un impuesto que ya no debería estar vigente, como así lo demuestra el hecho de que en Europa prácticamente ha dejado de existir. Pero es que, además, el hecho de que se aumente puede propiciar que algunos se planteen un cambio de residencia a otras comunidades o que busquen otros instrumentos para pagar menos».
De igual forma, añade Pérez, la subida de un punto en el Impuesto de Transacciones Patrimoniales para las operaciones que rebasen el millón de euros va a tener un efecto disuasorio sobre la compra de artículos y viviendas de lujo, que, resalta, «también generan altos impuestos».
Por su parte, el economista Ignacio Jiménez Raneda, ex rector de la Universidad de Alicante, coincide a la hora de señalar que el impacto sobre la actividad va a ser muy limitado y que, en su opinión, lo que ha querido el Consell es trasladar a la población una imagen de progresividad fiscal, aliviando a las rentas más bajas sin castigar a las clases medias.
Según sus palabras, «la realidad es que no hay ningún estímulo para la actividad. Se trata de una apuesta redistributiva limitada, con una mirada que también se puede interpretar en términos electorales, como es normal y natural en las decisiones que adoptan todos los partidos políticos».
El presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, Luis Chinchilla, considera que el Consell ha intentado dar soluciones al incremento de la inflación, pero recuerda que el tipo marginal del IRPF en esta autonomía, situado en el 54%, es muy elevado, y que «no ayuda ni mucho menos a que atraer a foráneos para que se instalen aquí».
También tiene sus dudas sobre el motivo por el que se ha decidido que sean la rentas inferiores a los 65.000 euros las que se beneficien de las deducciones, cuando, destaca, «no se ha definido cuál es la barrera para ser o no rico». Para Chinchilla, las medidas adoptadas son «un poco populistas» y no contribuyen a potenciar la cultura del esfuerzo. «Hay gente -señala- que puede llegar a plantearse que, si tiene que pagar más, dejará de crear riqueza, cuando resulta que es algo imprescindible para el empleo y la inversión. Igual, lo que se tiene que hace es incentivar el gasto y el consumo».
Las empresas critican el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones
La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha calificado de acertada la reducción del IRPF, aunque al mismo tiempo se ha mostrada muy crítica con el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones y la ausencia de medidas de apoyo a las empresas.
El presidente de la organización empresarial, Salvador Navarro, destaca que la reforma planteada «demuestra que es posible una rebaja fiscal», y que en un contexto de altos niveles de inflación y de ralentización de la economía, sobre todo del consumo privado, es positivo que se rebaje el IRPF respetando la progresividad para que beneficie en mayor medida a las rentas más bajas.
Por la misma razón, y dado que el contexto económico es el mismo y los costes también están subiendo para las empresas, desde la CEV se echan en falta otras medidas de apoyo a las empresas. En este sentido, Navarro recuerda que una promesa electoral, como es ampliar la reducción de la base imponible del 95% al 99% a todas las empresas familiares en el Impuesto de Sucesiones, con independencia del volumen de facturación, «vuelve a no materializarse».
Esto mismo destaca la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Maite Antón, que espera que todavía se pueda reconducir el tema a través de enmiendas. También coincide con la CEV en que una gestión más eficiente de las administraciones públicas y la lucha contra la economía sumergida darían margen para ir más allá en la reforma fiscal y aprobar otras medidas sociales y de ayuda al tejido productivo.
