La Diputación de Alicante está cumpliendo con su prestación en materia de digitalización para los municipios más pequeños, aquellos de menos de 20.000 habitantes, pero en este terreno tiene todavía margen de mejora. Por ejemplo, sería conveniente que elaborara un plan de actuación sobre administración digital y que publicara los servicios disponibles para estos ayuntamientos, todo ello con la finalidad de no ahondar la brecha digital que padecen las personas que viven fuera de los grandes núcleos poblacionales. Estas son las principales conclusiones que se pueden extraer tras leer el último informe que ha publicado la Sindicatura de Comptes, en el que se fiscaliza la asistencia a los municipios por parte de las tres diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana en materia de administración electrónica y el estado de implantación en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes, correspondiente a los ejercicios de 2019 y 2020.

Diputación de Alicante

La entidad que dirige Vicent Cucarella concluye en su evaluación que la Diputación de Alicante está cumpliendo, en líneas generales, con las responsabilidades y obligaciones que establece la regulación sobre la prestación de los servicios de administración electrónica para los municipios de 20.000 habitantes, aunque se detectan algunas carencias, entre la que sobresale la falta de una adecuación planificada. En líneas generales, se está cumpliendo con las obligaciones que establece el artículo 36.1g de la Ley 7/1985, pero la Sindicatura echa en falta que las diputaciones no evaluaran con carácter previo el estado de los ayuntamientos en materia de administración electrónica a la hora de ofertar soluciones.

Entre el conjunto de carencias, también se ha detectado que las obligaciones reconocidas netas han sido inferiores a las de la media nacional y que las diputaciones no cuentan con cartas de servicios ni instrumentos similares de declaración de compromisos de calidad que incluyan indicadores de cumplimiento, con el fin de evaluar de forma efectiva los servicios de administración electrónica que se están ofreciendo a los ayuntamientos. El informe fija un grado de cumplimiento a cada una de las corporaciones provinciales. Y, aunque señala que estas "han cumplido de manera general", lo cierto es que lo han hecho diferente nivel. En este sentido, la sindicatura da un 79% de cumplimiento a la Diputación de Alicante; un 76% a la Diputación de Castellón; y un 53% a la de Valencia. Castellón y Valencia suspenden (33%) en protección de datos, mientras que Alicante aprueba con un 50% raspado. En accesibilidad, aprueban Alicante y Castellón (62%) y suspende Valencia (33%).

En cuanto a los consistorios, el informe determina que, aunque todos han iniciado un proceso de adecuación a las exigencias en materia de administración electrónica, no se ha establecido una gobernanza adecuada en este terreno y existe un bajo grado de cumplimiento de la normativa con respecto al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y en materias como la protección de datos personales o la accesibilidad. Los diez municipios de la provincia de Alicante, en la fecha del informe, con una población de entre 10.000 y 20.000 habitantes son los de Albatera, Benissa, Callosa de Segura, Cocentaina, Guardamar del Segura, La Nucia, Monóvar, Pego, Rojales y Teulada. De ellos, solo la mitad han respondido a la encuesta de la Sindicatura de Comptes.

Evaluación

Tras el proceso de evaluación, Teulada es el municipio que mejor parado sale, con bastante diferencia respecto a los otros cuatro ayuntamientos que han presentado la documentación. La Nucia y Benissa quedan en un segundo escalón similar, mientras que más rezagados aparecen tanto Pego como Albatera. En las consideraciones previas del informe únicamente Teulada afirma haber elaborado un estudio previo de la implantación de la administración electrónica, con la finalidad de determinar sus necesidades organizativas, de personal y técnicas. En cuanto a los datos, el consistorio de la Marina Alta ofrece trece servicios, cumple con todos los apartados del ENS y con las aspecto evaluados en materia de protección de datos. Por lo tanto, obtiene la máxima puntuación posible que establece el informe, que es de 28 puntos. En toda la Comunidad, solo la localidad castellonense de L’Alcora alcanza la misma distinción, quedando los siguientes clasificados a siete puntos.