La Audiencia Nacional ha avalado que se juzgue al exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitdad Valenciana Serafín Castellano (PP) por formar parte de una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ratifica íntegramente el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor, Manuel García Castellón, en el conocido como caso del cártel del fuego, respecto de Castellano, para quien la Fiscalía pide 21 años de prisión.
Organización criminal
García Castellón propuso juzgar a Serafín Castellano y a 31 personas más por formar una organización criminal cuyos amaños se extendieron a otras comunidades e incluso otros países, y solo en la Comunitat Valenciana, donde se han detectado mayor cantidad de irregularidades, se concertaron contratos por 151.585.386,22 euros entre 1999 y 2017.
La Audiencia Nacional considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.
En su auto, la Sala de lo Penal considera que existen "indicios de criminalidad" y explica que el auto del juez "no carece de motivación ni hay indeterminación de los hechos provisoriamente imputados".
García Castellón indica en su auto que de lo investigado "ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar" los procesos de "contratación y adjudicación pública".
Con ese fin, prosigue el auto, "se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado".
La Fiscalía acusa a Castellano de favorecer presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Una actuación por la que, era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones.
