El Gobierno valenciano ha reflejado en el presupuesto para 2023 el balance de gastos e ingresos que se prevé a partir de la reversión de las ITV. Se trata de un servicio que fue privatizado hace 25 años a través del proceso que centra la investigación judicial del caso Erial, una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Según las cuentas aprobadas por el Consell, durante el primer año de funcionamiento del nuevo modelo de la Inspección Técnica de Vehículos, se obtendrán beneficios por casi 8,5 millones de euros, teniendo en cuenta que se reinvertirán ocho millones adicionales para crear nuevas estaciones.
La recuperación de las ITV se hará efectiva a partir del 1 de enero, de forma que la Generalitat asumirá la gestión en sustitución de las siete empresas actuales. La fórmula impulsada por la Administración valenciana ha sido la de crear una sociedad pública que prestará este servicio en todo el territorio autonómico. En concreto, el volumen de gastos por desarrollar las funciones inherentes a las ITV ascenderá a 65.050.490 euros, mientras que los ingresos previstos son de 73.546.560 euros. Casi la mitad de las ganancias netas se invertirán en la puesta en marcha de cuatro nuevas estaciones en diferentes poblaciones de València y Castellón. Otro de los objetivos que se marca la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la que dependerá esta empresa pública, es el de adecuar las tarifas, reduciendo en la mayoría de los casos los precios actuales, ajustándolos a los costes del servicio, puesto que, según explican fuentes del citado departamento, no se pretende obtener beneficio.
«Se trata de seguridad y, por lo tanto, no se mira solo el beneficio y la rentabilidad», destacan desde la conselleria. Con todo, el subsecretario de este área de Gobierno, Natxo Costa, apunta a que las previsiones económicas se han realizado con base en los datos aportados por las empresas que operan el servicio y, por tanto, está por ver cómo evolucionan durante el próximo ejercicio. En cualquier caso, la nueva mercantil pública estará controlada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La pretensión es que se subrogue todo el personal que actualmente trabaja en las ITV.
Supervisión
A falta de menos dedos meses para que se haga efectiva la titularidad pública de las ITV, el Consell sigue dando pasos para vehicular el proceso. En ese sentido, este viernes se aprobó el decreto por el que se establecen las funciones del órgano de supervisión de la prestación del servicio. Según establece, corresponderá a este órgano el mantenimiento y atención del archivo oficial de vehículos matriculados en la Comunidad Valenciana y el asesoramiento técnico necesario para que en la prestación del servicio de ITV se cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos tanto en materia de vehículos como de meteorología o cualquier otra que le resulte aplicable. También tendrá entre sus funciones la realización de la auditoría técnica, comprobación y supervisión del correcto funcionamiento de las estaciones de la ITV.
El Consell del Botànic ha venido haciendo bandera de las reversiones de servicios públicos que fueron privatizados a través de concesiones durante las dos décadas de poder ininterrumpido del PP en la Comunidad Valenciana. Uno de los grandes hitos que, en ese sentido, el Gobierno autonómico ha destacado durante esta legislatura ha sido la reversión del Hospital de Torrevieja, la segunda operación de estas características en la rama sanitaria tras la experiencia de Alzira. En la hoja de ruta de la izquierda valenciana figuran las reversiones de Dénia y Elche, en 2024 y 2025, respectivamente.
Vega Baja: en vías de negociación para buscar soluciones
La Generalitat valenciana todavía no ha despejado el interrogante sobre cómo asumirá la gestión de las estaciones de servicio de Orihuela y Redován. En ambos casos, la reversión del servicio no incluye que la Administración valenciana recupere las instalaciones ni subrogue al personal. Mientras se libran batallas en los tribunales, porque las mercantiles concesionarias defienden que, en su caso, las concesiones no caducan, desde la Conselleria de Economía se apunta a que se está trabajando en este tema para pactar una solución.
