La Generalitat, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, homologará el sueldo entre los cerca de 12.000 profesionales de los servicios sociales que pertenecen directamente a la Administración pública y el resto, los que trabajan en centros concertados, «reparando así una injusticia histórica». Ese es uno de los proyectos estrella para 2023 del área que lidera la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, que ha incluido en el presupuesto una partida de 50 millones de euros para iniciar el proceso de actualización de sueldos, que se ejecutará de forma paulatina hasta 2026. «Posiblemente, la medida feminista más importante de los últimos años», valoró la consellera, que recordó que se trata de un sector altamente feminizado y puso dos ejemplos sobre cómo incidirá el ajuste retributivo.
Por ejemplo, una enfermera de una residencia de personas mayores que en 2022 percibía 1.445 euros mensuales de salario base, en 2026 percibirá 2.170’60 euros, es decir, un incremento salarial en cuatro años de 725,54 euros. De igual modo, el personal de servicios generales (limpieza, mantenimiento, cocina, etc...) que hoy cobra una media de 969,37 euros, es decir, por debajo del salario mínimo, alcanzará en 2026 los 1.430 euros.
La vicepresidenta compareció este martes en las Cortes Valencianas para detallar las líneas de actuación prioritarias para 2023. Garantizó que no faltarán recursos para financiar dos de los principales baluartes de la política social del Consell, como es la Renta Valenciana de Inclusión y la Dependencia. Los créditos previstos en las cuentas de la Generalitat se ampliarán tanto como sean necesarios para garantizar las coberturas, aseveró.
Su presupuesto asciende a 2.309 millones de euros, un 5% más que el ejercicio anterior. Ese es un hecho, el de aumentar la partida global, que evidencia el compromiso con auxiliar a la población vulnerable en tiempos de especial dificultad, defendió la consellera. Todo a pesar de que la infrafinanciación del Estado obligue al Consell a endeudarse para sostener prestaciones y servicios públicos, criticó.
La vicepresidenta explicó que la Renta Valenciana de Inclusión arranca con 288 millones pero dicha cantidad «se ampliará tantas veces como haga falta». Y lo mismo sucederá en Dependencia, con 462 millones para atender a las 135.000 personas que tienen reconocido ese derecho y otras 16.000 nuevas prestaciones, superando así la tasa de reposición por defunciones y a pesar del déficit de financiación del Estado. Porque el Gobierno, según dijo, adeuda 1.979 millones por haber sufragado solo el 15% de las ayudas, cuando tendría que asumir el 50%.
Sobre la Renta Valenciana de Inclusión, recordó que el 70% de las más de 75.000 titulares de esta prestación dispone del complemento de recursos energéticos, alquiler o hipoteca fundamentales ante la fuerte crisis energética y la escalada brutal de precios del alquileres” por lo que ha abogado por instar al Gobierno de España a la regulación de los precios del alquiler.
En línea con la Dependencia, Aitana Mas explicó que se hará efectivo el incremento del 33% de las prestaciones para cuidados en el entorno, desarrollados por personas con contrato, que pasarán a cobrar mensualmente 100 euros más; el incremento de las horas e importes del Servicio de Ayuda a domicilio o la instalación de 50.000 terminales de teleasistencia avanzada.
Por otra parte, en el campo de las políticas para personas mayores, está previsto destinar 190 millones de euros al programa Cuida’m; y más de 15 millones en concepto de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, que comprende 2 millones de euros para vacaciones de personas mayores, 1,7 millones euros para termalismo y dos millones de euros para atención a personas con enfermedades neurodegenerativas, entre otras medidas.
En cuanto a la atención a la salud mental, el presupuesto es de 55 millones de euros a los que se añade la transferencia al IVASS contemplada en el programa de Infraestructuras de Servicios Sociales, 38 millones de euros en a través del contrato-programa, 157 millones de euros más al concierto de diversidad funcional y 2 millones a través de líneas nominativas, “lo que suma un total de 254 millones para financiar los servicios que requiere el colectivo de personas con diversidad funcional o problemas de salud mental”.
En concreto, el Programa de Atención y Seguimiento para Personas con problemas de salud mental graves (SASEM) dispondrá de 7,3 millones de euros mientras que los Centros de Atención Temprana estarán financiados con un presupuesto de 23 millones de euros, “dos millones más que este año y 16 millones más que en 2015, el que supone atender anualmente casi 10.000 niños y niñas”.
Elena Bastidas (PP) reprochó a Mas la subida del 4% en sueldos del Consell y dijo que la inversión total en políticas sociales sobre el presupuesto global ha disminuido con el Botànic, a lo que la consellera replicó que el presupuesto de su área es un 176% en comparación con 2015. María Quiles (Cs) cuestionó que «aumenten irresponsablemente la deuda» y criticó la baja ejecución del presupuesto a estas alturas del año. La consellera replicó que es a final del ejercicio cuando afloran los números reales y aseveró que el departamento que lidera siempre cierra el año con una ejecución superior al 90% sobre lo planificado.
Infancia y Juventud
Entre las medidas previstas para atender a la infancia, “se consolidan las prestaciones económicas familias acogedoras fomentado así la acogida familiar de niños y niñas en situación de desamparo, para lo que “se triplica el presupuesto desde 2015, al pasar de 6,1 millones presupuestados a 19,4 millones de euros en 2023”. Además, los equipos específicos municipales contarán con 10,7 euros, “cuatro veces más que en 2015” y los centros de día dispondrán de otros 5 millones de euros.
Por lo que respecta a las políticas de juventud Aitana Mas destacó como novedad “la gratuidad del carné joven, la ampliación de la red joven hasta llegar a casi 400 profesionales, convirtiéndose así en referencia europea, con una dotación de 11’2 millones de euros”.
Violencia de género
Aitana Mas informó de que las políticas de lucha contra la violencia de género y machista dispondrán en 2023 de un presupuesto de 30,23 millones de euros, de los que 15 millones son para centros y servicios ambulantes de atención a víctimas; 8,7 millones a recursos residenciales y 2,7 millones de euros en ayudas directas a mujeres supervivientes e indemnizaciones por gran invalidez o incapacidad permanente así como para las familias de mujeres asesinadas.
Asimismo, resaltó que el Plan Corresponsables que financia las actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijos e hijas menores de hasta 16 años, la creación de ocupación de calidad y la formación de hombres en corresponsabilidad dispondrá de un presupuesto de 16,4 millones de euros.
114 millones de euros para el Pla Convivint
El tercer gran objetivo del presupuesto de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para 2023 es continuar con el Pla Convivint de Infraestructuras Sociales, a que se destinará más de 114 millones de euros, que permitirá “mejorar la atención, apostar por la equidad territorial reduciendo la brecha que hay entre unas comarcas y también crear puestos de trabajo, de los que 2.850 serán en el sector de la construcción”, precisaron fuentes de la conselleria.
Entre los proyectos previstos Aitana Mas destacó la continuación de las obras de las residencias de personas mayores ‘Catí’ de Elda, Sant Mateu y el centro para enfermos mentales de Dènia; el inicio de las obras de las residencias de personas mayores ‘Monteolivete’ en València, Castelló de la Plana, centro de día para personas mayores ‘Campoamor’ en Alicante (que será el primer público en la ciudad) y el complejo de salud mental de La Torre, en València. Asimismo, está prevista las licitaciones de mejoras en las residencias de Carlet, Rojales y ‘Oriol’ en Orihuela; y de reforma integral de centros en Alicante, Torrevieja, Crevillent o Segorbe.
Consolidación de derechos sociales
La vicepresidenta destacó que este presupuesto “se centra en la consolidación de derechos sociales desplegados normativamente los últimos años, así como en avanzar con la universalización de los servicios públicos. Además, son una apuesta decidida por la ocupación de calidad, de proximidad, con valor añadido y no deslocalizable”.
En este sentido, aseguró que uno de los grandes objetivos para 2023 es “continuar en la construcción del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y consolidarlo como cuarta pata del Estado de Bienestar y como yacimiento de ocupación de calidad”.
Así, además de las mejoras salariales, está prevista una adecuación de las ratios en los centros de atención directa, lo que supondrá que, “por ejemplo en el caso de las residencias de personas mayores de gestión integral, se duplique el número de cuidadores”
De esta forma, resaltó que este presupuesto “supone que la Generalitat financiará para el 2023 casi 33.000 puestos de trabajo, un 20,3% más que este año, porque “para cuidar, curar y criar hace falta profesionales reconocidas y muy remuneradas”.
