La Diputación de Alicante mantiene abierta su línea de ayudas para suministro de equipamiento cortafuegos (firewall) a los ayuntamientos de la provincia de hasta 20.000 habitantes. El diputado de Innovación y Agenda Digital, Juan de Dios Navarro, ha supervisado en la mañana de este miércoles junto a técnicos del área parte de los equipos destinados a promover medidas de protección de los activos tecnológicos de los consistorios de la provincia, su hardware, software y los datos almacenados como producto de su labor diaria. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de ciberseguridad provincial que la institución provincial desarrolla con el objetivo de establecer mecanismos de protección ante ciberataques, siguiendo las directrices de los organismos europeos y nacionales como el Centro Criptológico Nacional.
Prioridad
La lucha contra la ciberdelincuencia es una prioridad para la Diputación. Prueba de ello es que detecta y frena cada día una media de 3.500 intentos de ataques informáticos procedentes de todo el mundo, una situación que ha llevado a la institución a reforzar en los últimos años la inversión y los mecanismos destinados a luchar contra la ciberdelincuencia, tanto en la propia Diputación como en los ayuntamientos de la provincia. Se trata de un fenómeno que genera verdaderos dolores de cabeza al global de la Administración porque, lejos de disminuir, registra una evolución ascendente. Si hace un año los intentos de intrusión en la red provincial que da servicio a decenas de ayuntamientos se cifraban en torno a los 2.000 diarios, en la actualidad han crecido hasta un 175%. La desestabilización generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría ser una de las claves que expliquen parte de ese incremento. De hecho, los ciberataques procedentes desde el país gobernado por Vladímir Putin se han multiplicado por cinco.
Si en junio de 2021 se detectaron 1.200 ataques desde territorio ruso ( 432 muy graves), en el mismo mes de 2022 la cifra ascendió hasta los 5.800 (997 muy graves), según datos de la institución provincial. Además en los últimos 30 días ha habido un incremento enorme: 34.800 ataques desde esa misma procedencia y 5.700 de ellos se han calificado como muy graves.
Canales seguros
La necesidad de establecer canales seguros en la propia Administración y en su relación con los administrados se torna cada vez más imprescindible teniendo en cuenta que los datos y procesos telemáticos que se manejan desde los ayuntamientos crecen a un ritmo vertiginoso. Con ello, las instituciones manejan una ingente información sobre los ciudadanos que puede servir para cometer innumerables delitos y estafas si cae en malas manos. Y no solo eso. La digitalización motiva que cada vez con más frecuencia servicios básicos como las redes de agua potable, las de electricidad, la señalización semafórica o la recogida de residuos se controlen a través de programas telemáticos. Por tanto, se evidencia que una intrusión podría generar en cuestión de segundos un auténtico caos. De hecho, existen diversos ejemplos en la provincia. El Ayuntamiento de Mutxamel sufrió esta legislatura uno de los ciberataques más graves. Un virus «ransomware» bloqueó la red de ordenadores del consistorio y encriptó toda la información.
