La presentación de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales que acompaña a los presupuestos de la Generalitat para 2023 ha evidenciado el divorcio que existe, hoy por hoy, entre los socios parlamentarios del Botànic en torno a tres asuntos sobre los que no han alcanzado un acuerdo. El PSPV, pese al rechazo de Compromís y Unides Podem, mantiene adelante su propuesta de extender la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones a empresas familiares, proyectado para beneficiar a firmas con una facturación de más de 10 millones de euros. La creación de la Agencia Valenciana de la Energía es otro de los grandes puntos de fricción que ha motivado que los valencianistas y los morados presenten una enmienda conjunta al margen de los socialistas. Y lo mismo han hecho con una serie de propuestas para aplicar lo que defienden como mejoras para impulsar las energías renovables y la protección del territorio. Con todo, todavía tienen por delante prácticamente un mes para tratar de acercar posturas. 

En total, han sido 51 enmiendas rubricadas por los tres socios, que se suman a las 17 presentadas por el PSPV en solitario; las 25 compartidas entre los morados y los valencianistas, y ocho más exclusivas de Unides Podem. 

El incremento de la bonificación de Sucesiones del 95% al 99% a las mercantiles con el citado volumen de negocio que promueve el PSPV podría salir adelante con la suma de votos de los socialistas y los grupos de la oposición. De hecho, PP y Cs ya anunciaron que apoyarán una modificación en ese sentido porque, además, también han presentado enmiendas propias en esa línea. Compromís y Unides Podem critican que los socialistas ni si quiera se han sentado a negociar. 

La creación de la Agencia Valenciana de la Energía se pactó en mayo entre los tres grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, si bien, no han sido capaces de aproximar posturas sobre los términos en los que debe apuntalarse este organismo, cuya creación está en el aire. Los de Papi Robles y los de Pilar Lima acusan al PSPV de pretender vaciar de contenido la futura Agencia, mientras que los de Ana Barceló defienden que no se puede dejar abierta la actividad si no se regulan mediante normas específicas las funciones de este organismo.  

Sobre el impulso a las energías renovables y la protección del territorio, los grupos a la izquierda del PSPV cuestionan que su socio rechace que se tipifique en qué tipo de áreas se debe priorizar la instalación de energía verde, apostando primero por suelos urbanos, industriales o degradados con tal de preservar el medio ambiente. También el hecho de que se quiera dar un mayor poder de decisión a los ayuntamientos. Sin embargo, los socialistas rechazan incluir modificación alguna que pueda entorpecer el decreto que aprobó el Consell para agilizar la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas y generadores eólicos. Robles destacó que la oportunidad de diálogo y negociación continúa abierta. Una vez más, se evidencia que la gestión de las renovables sigue siendo un motivo de enfrentamiento en la izquierda valenciana. 

Con todo, no solo ha habido diferentes miradas en el Botànic, pues también ha habido numerosos puntos de encuentro. La síndica de Compromís destacó de entre las enmiendas subscritas por los tres grupos la destinada a eliminar la prueba de sonometría que convertía las ITV valencianas en una de las más caras del Estado. «Recordemos que se trata de una prueba impulsada por el conseller Blasco y el PP. Se da un paso histórico para superar la corrupción del PP en las ITV», subrayó.

Salud mental 

El grupo de Unides Podem-Esquerra Unida registró también enmiendas, que cuentan con el apoyo de sus socios, con el objetivo de que antes de acabar la legislatura se dé impulso a la protección de la salud mental en la Comunidad Valenciana. Lima explicó que, a falta de una ley específica, proponen el refuerzo de las actuaciones en salud mental contempladas en el sistema valenciano de salud, así como el refuerzo del personal especializado en salud mental para cubrir las carencias en Atención Primaria y hacer frente a un problema que requiere una respuesta decidida y consensuada en el Botànic. Lo que pretenden es que se garantice que, al menos, se dispondrá de un psicólogo clínico en cada centro de salud, como recomiendan las organizaciones europeas de salud mental. Se trata de un objetivo que servirá, igualmente, para desmedicalizar los trastornos mentales comunes. 

Entre las propuestas de Cs, la formación destacó que los alumnos de las universidades públicas valencianas tengan matrícula bonificada en función de los créditos aprobados en el curso anterior, con el fin de «premiar el esfuerzo de los alumnos y garantizar la igualdad de oportunidades».