La agenda legislativa del Botànic ha entrado en velocidad de crucero. El tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat y los grupos parlamentarios que lo sustentan en el poder han acelerado los trámites para introducir reformas en la recta final de legislatura. El PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem han pisado el acelerador, especialmente, durante el último mes. Los plenos ordinarios del actual periodo de sesiones concluyen, precisamente, esta semana, y en el orden del día se ha introducido el debate y votación sobre una de las propuestas que ha generado más controversia desde el anterior mandato. Se trata de la aprobación de la tasa turística que con carácter municipal y voluntario podrán empezar a aplicar los ayuntamientos dentro de un año, según recoge la proposición de ley que nace de las Cortes Valencianas. En la misma sesión se someterá a votación la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, un proyecto de ley que emana del Consell.

El impuesto a las pernoctaciones turísticas de entre 0,5 y 2 euros por noche que podrán aplicar los municipios ha sido uno de los que más quebraderos de cabeza ha generado al grupo mayoritario del Botànic. Las divergencias entre los socios han sido notables, pero ha sido el PSPV-PSOE el que ha presentado una mayor resistencia frente a una figura fiscal que puede tener una especial trascendencia en Alicante, potencia turística de la Comunidad Valenciana. El tripartito firmó el acuerdo para impulsar su implantación hace casi un año, durante la tramitación de las cuentas para 2022, y será este jueves cuando se vote su aprobación definitiva. Todo a pesar de que en el último año, marcado por los últimos coletazos de la pandemia y, después, por los efectos de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, los socialistas han venido lanzando mensajes contradictorios. De hecho, el líder del partido y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, repitió una y mil veces que, en un contexto marcado por las dificultades y la incertidumbre, la tasa turística no era una prioridad, alineándose con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, contrario a la norma. Con todo, el impuesto a las estancias turísticas, que cuenta con una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta finales de 2023, saldrá adelante. Lo hará con la férrea oposición de Hosbec, la patronal hotelera que, no obstante, ha evidenciado sintonía con el jefe del Consell y, en particular, ha respaldado las medidas para apoyar al sector en momentos complicados. El último guiño ha sido la luz verde a una subvención de 6,70 euros por cada pernoctación del Imserso. Ha sido la derecha, y en especial el PP de Carlos Mazón, la que más apretado con estrategia para erosionar al tripartito con todo este asunto. 

Aitana Mas y Arcadi España conversan con diputados del PSPV-PSOE y de Compromís. German Caballero

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica ha tardado prácticamente tres años en ver la luz. El proyecto nace de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica y se aprobará con la que ha sido su impulsora, la exconsellera Mireia Mollà, fuera del Gobierno valenciano, tras su destitución, impulsada por la vicepresidenta Aitana Mas, también de Compromís, y el nombramiento de Isaura Navarro como sucesora. Este proyecto de ley también ha sido motivo de encontronazos entre los socios y, finalmente, introduce tres nuevos impuestos para tratar de frenar las emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, penalizar a quienes las generen. No obstante, no se aplicarán en lo que resta de legislatura. Tienen una moratoria de un año y medio para su activación, por lo que no entrarán en vigor hasta después de las elecciones, al igual que la tasa turística.

La denominada fiscalidad verde, que grava con mayores impuestos a quienes más contaminan, introduce un gravamen para vehículos contaminantes, otro para grandes superficies comerciales generadoras de gran movilidad por desplazamientos hasta el establecimiento y un tercero para penalizar la emisión de gases de efecto invernadero en la industria. Este último punto fue el más polémico. Los socialistas plantearon en solitario varias enmiendas destinadas a rebajar el impacto fiscal de la ley en determinadas empresas afectadas por la crisis actual, con la vista puesta en las azulejeras. Finalmente, la Ley de Cambio Climático incluirá una deducción de hasta el 100 % del impuesto previsto en esta normativa a las emisiones de gases contaminantes para aquellas empresas que emitan menos de 20.000kt CO2/año, siempre que acrediten inversiones certificadas para reducir sus emisiones.

En el último mes también ha sido aprobada la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para el fomento de la Economía Circular en la Comunidad Valenciana, que se ha demorado casi cuatro años en los plazo previstos. La normativa, impulsada por los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic, introduce novedades como la reintroducción en los comercios del sistema de bebidas de envases reutilizables. De esta forma, se abre la puerta a poner precio, por ejemplo, a las botellas, de forma que el consumidor podrá recuperar el importe abonado cuando retorne el casco a un establecimiento. La normativa recoge, igualmente, la obligatoriedad de la hostelería de servir gratis agua del grifo a los clientes que lo soliciten, evita que alimentos en buen estado acaben siendo desechados en los puntos venta y, entre otras medidas, impulsa el desarrollo de un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados para contrarrestar la obsolescencia programada. Para poder impulsar los nuevos retos, se ha acordado la creación de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular.

Poe otro lado, este mismo martes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana aprobó el dictamen al anteproyecto de Ley Integral de Medidas contra el Despoblamiento.

Bienestar Animal y Agencia de la Energía, en 2023

La actividad parlamentaria se centrará hasta el 22 de diciembre en el debate y la aprobación de los presupuestos para 2023 y la Ley de Acompañamiento a las cuentas. La gestión de las renovables, la creación de la nueva Agencia Valenciana de la Energía y la bonificación del Impuesto de Sucesiones para empresas familiares que facturen más de 10 millones de euros, que propone el PSPV-PSOE, son los principales puntos de fricción de un tripartito que, no obstante, llega a final de año con la aprobación de una reforma fiscal que rebaja impuestos a las rentas de hasta 60.000 euros y, además, incrementa la presión fiscal a rentas altas y grandes patrimonios.  

Las sesiones ordinarias en las Cortes Valencianas se retomarán a finales de enero . Será el periodo más corto del mandato puesto que, salvo sorpresa, las elecciones autonómicas se celebrarán en mayo. Para ese entonces, la izquierda valenciana confía en haber aprobado la nueva Ley de Bienestar Animal, mientras que la Agencia de la Energía, que Compromís y Unides Podem marcan como una prioridad, está en el aire por desacuerdos. No obstante, fuentes socialistas precisan que la negociación sigue abierta y, por tanto, se pueden aproximar posturas.

 Además, los valencianistas y los morados aprietan para que los ayuntamientos tengan más poder de decisión sobre las renovables, y para priorizar que las plantas de energía verde se dispongan en suelos urbanos (favoreciendo el autoconsumo), industriales y degradados. Por su parte, los socialistas aseguran que introducir cambios al decreto «omnibus» aprobado por el Consell en mayo para acelerar la instalación de renovables supondría poner palos en las ruedas y, por tanto, cierran la puerta a esa posibilidad.