Los municipios de la Comunidad Valenciana tendrán vía libre para activar la tasa turística en diciembre de 2023, siempre que la izquierda revalide la mayoría parlamentaria. El gravamen a las pernoctaciones que impulsa el Botànic, con el rechazo frontal de la oposición y la patronal Hosbec, superó este miércoles su último debate en las Cortes Valencianas. Solo resta la votación de este jueves.
La luz verde al nuevo impuesto está garantizada gracias a la mayoría de votos del PSPV, Compromís y Unides Podem, que ponen el acento en que será un tributo de carácter municipal y voluntario. Por tanto, solo será aplicado por aquellos ayuntamientos que lo decidan. La derecha parlamentaria, a sabiendas de que no tiene opciones de frenar la medida, redobla sus ataques contra el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, a quien acusa de ser el responsable último de un ataque contra la actividad turística con especial incidencia en Alicante. En modo electoral, a seis meses de los comicios autonómicos, el PP asegura que derogará la tasa si gobierna.
Siete años han transcurrido desde que la izquierda valenciana abrió el melón de la tasa turística. La norma no se tendrá que aplicar en todo el territorio autonómico, como estaba previsto inicialmente. De esta forma, los municipios podrán gravar con una horquilla entre 0,5 euros y 2 euros las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en función de su rango. Esa es una posibilidad que se materializará siempre y cuando la izquierda retenga la Generalitat tras las elecciones de mayo de 2023. De cambiar el equilibrio de fuerzas, no se aplicaría. El texto legal recoge una moratoria de un año . Por tanto, su activación se retrasa hasta después de la cita con las urnas.
En todo este tiempo, los socialistas han sido la pata del Consell que más resistencia ha mostrado a la tasa. Durante largo tiempo se ha calculado el desgaste que supondría la campaña en contra de Hosbec, apoyada por la oposición, o viceversa, que es lo que ha sucedido.
El sector hotelero fue uno de los más afectados por el bloqueo del covid y, ahora, un damnificado más por la crisis energética. Puig ha tratado de hacer equilibrios. Por un lado y como jefe del partido, ha permitido que se empuje a favor de la norma, con los condicionantes de que sea municipal y voluntaria. Por otro lado, ha venido lanzando el mensaje de que no era una prioridad y que, además, no era un buen momento para activarla. Aunque, efectivamente, han sido los socialistas los que han forzado que se aprobara una moratoria de un año, la bancada del PP, Cs y Vox, en la sesión parlamentaria de este miércoles, elevó el tono contra el que será candidato del PSPV-PSOE en los próximos comicios.
«Hoy se consuma el disparate que ha querido Puig, que es el mayor culpable de que se apruebe la tasa. Ha dado instrucciones para que cuente con mayoría en la Cámara». «Los valencianos pagaremos un nuevo impuesto para dormir. El regalo de Puig a los valencianos es un nuevo impuesto». Esas fueron algunas de las afirmaciones que el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll lanzó desde la tribuna. El popular trató de dibujar a un jefe del Consell que ha sido rehén de los valencianistas y los morados para aprobar esta norma. También puso en el foco al secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, que encabeza el sector de los críticos del partido con la tasa. «Tendría que dimitir tras ser vilipendiado», añadió.
La diputada Trini Castelló (PSPV) puso el acento en los aspectos positivos de la ley. «Ayudamos a la ciudadanía valenciana, ustedes los condenan a pagar los servicios municipales por sí solos», reprochó a la oposición. Con esas palabras, refrendaba que también los socialistas defienden ahora que los residentes en municipios turísticos afrontan el pago por unos servicios de los que, en definitiva, también se benefician los turistas, como la iluminación viaria o la limpieza urbana.
Castelló hizo gala del diálogo y las aportaciones que han realizado desde diferentes sectores para mejorar el texto. «¿No la quieren aplicar? Pues no la apliquen», le dijo al PP tras rechazar las acusaciones de «turismofobia». Ejemplificó que mientras el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dice que no la aplicará, la ahora candidata socialista a la Alcaldía, la síndica Ana Barceló se sentará con el sector y con la ciudadanía para explicar que con la tasa se podrían recaudar dos o tres millones de euros que, al parecer, «a Barcala le sobran».
Compromís y Unides Podem celebraron la propuesta y destacaron que, ahora, se debe empujar para que se active a nivel municipal. «Es una ley razonable. No tiene sentido hacer una oposición frontal. El resultado de la aprobación será positivo y dependerá de los municipios», dijo Ferran Martínez, de los morados, quien celebró que ha podido salir adelante por la «débil» oposición de la derecha. La síndica de Compromís, Papi Robles, subrayó que la tasa está activa en 21 de los 30 países europeos, celebró el acuerdo botánico y dijo que la Comunidad se sitúa en un espacio europeo de turismo sostenible. «La patronal nos dijo que no era el momento y la ley tiene una moratoria de un año», precisó. También dijo que harán «pedagogía» y trabajarán para que los consistorios apliquen esta tasa.
Desde Cs, Carlos Gracia sostuvo que, con esta norma, «se consuma la traición del Botànic al sector turístico» mientras que Puig «se rinde ante sus socios y baile como un títere al compás de sus compañeros de bancada». Destacó asimismo que el turismo genera una recaudación de 4.000 millones en las arcas de la Generalitat mientras que la Administración sólo invierte un tercio de ese dinero en el sector. Y consideró que el PSPV es cada vez «más nacionalista, populista y turismofóbico». Ana María Cerdán, de Vox, cuestionó el afán recaudatorio de esta ley.
Desde Hosbec se lanzó un mensaje para reclamar al PSPV que vote en contra. La patronal tildó el impuesto de «inoportuno», consideró que la industria hotelera y del alojamiento turístico valenciano va a perder competitividad y que se estudia ya impugnar la norma en los tribunales.
Cambio climático y tres nuevas figuras fiscales
La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que incluye la creación de tres impuestos verdes para gravar las emisiones de dióxido de carbono, fue debatida este miércoles en las Cortes Valencianas y será validada este jueves. La norma nace con la pretensión de definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de la economía valenciana hacia una economía baja en carbono, competitiva, innovadora, eficiente en el uso de recursos y resiliente al clima, e impulsar medidas derivadas de obligaciones europeas y nacionales en materia de energía y clima. La norma introduce gravámenes sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas, y por el volumen de vehículos que acceden a determinados establecimientos comerciales implantados en grandes superficies. Incluye una moratoria de año y medio y, por tanto, no se activarán los impuestos hasta el próximo mandato.
La derecha tiende la mano al PSPV en Sucesiones
«En materia fiscal estamos abiertos a la negociación con el PSPV. Queremos que se baje el Impuesto de Sucesiones a las empresas, pero también a las familias. Los socialistas tienen que decirse y pactar con el PPCV y romper con sus socios porque hay que priorizar el interés de los ciudadanos al de las urnas. En nuestro ADN está bajar los impuestos». Con esas palabras, la síndica del PPCV en las Cortes, María José Catalá, tendió este miércoles la mano a los socialistas para sacar adelante su propuesta para extender la bonificación del Impuesto de Sucesiones a empresas que facturen más de 10 millones de euros. Se trata de una iniciativa que rechazan Compromís y Unides Podem. Por tanto, si los socialistas quieren sacar adelante esa medida tendrá que ser con el apoyo de la derecha. No obstante, no parecen querer sentarse a negociar con la oposición. La portavoz socialista, Ana Barceló, se limitó a instar a los populares a apoyar su enmienda.
El PP aprieta con la agenda nacional
El principal partido de la oposición, el PP, ha iniciado una estrategia de desgaste contra la marca del puño y la rosa apretando con cuestiones de calado nacional. De esta forma, y con las polémicas que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez, persigue desgastar, sobre todo, al PSPV de Ximo Puig. La diputada popular Verónica Marcos afirmó que, con la reforma del delito de sedición, el presidente del Gobierno «premia a quienes atacan la democracia con el único fin de mantenerse en el poder». Abordó, asimismo, que el jefe del Ejecutivo está «desprotegiendo al Estado y nos está dejando sin armas para protegernos de golpistas, corruptos y violadores», en alusión a la rebaja de penas de agresores sexuales por la ley «sí es sí». Precisamente, la síndica María José Catalá introducirá ese asunto en la sesión de control a Puig de esta semana.
