La ley del “sí es sí” y el delito de sedición tendrán cabida en el próximo pleno ordinario que celebrará la Diputación de Alicante, que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. El grupo popular ha registrado dos mociones para que se aborden dos cuestiones que están de actualidad en el debate de política nacional. Con la primera de las mociones se solicita al Gobierno de España la tramitación especial de urgencia sobre la reversión de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. La propuesta de los populares pretende que la Diputación “condene firmemente los ataques vertidos contra jueces y magistrados con motivo de la aplicación de la vigente ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, mostrando su apoyo y respeto a las decisiones de los tribunales”.

Ataques

Del mismo modo, el PP insta en su escrito al Consell a que condene firmemente los ataques vertidos contra los jueces y magistrados con motivo de la aplicación de la vigente ley orgánica, de garantía integral de la libertad sexual y muestre su apoyo y respeto a las decisiones de los tribunales. A su vez, se le pide al Consell que inste al Gobierno central a exigir al presidente, Pedro Sánchez, la destitución inmediata de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a que promueva la revisión, por vía de urgencia, de la ley orgánica para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de este mismo año.

El segundo de los escritos que ha presentado esta semana el grupo popular en la Diputación está ligado con la revisión del delito de sedición. La propuesta del PP pretende, en primer lugar, que se retire de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y que no se lleve a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. El segundo acuerdo que se pretende alcanzar es el de cumplir, acatar y respetar la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndum ilegales y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Negociación

En la exposición registrada por el grupo popular en la institución provincial se asegura que “recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención de reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el Ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo”.