Los futuros altos funcionarios de la Generalitat deberán acreditar un grado C1 de conocimiento del valenciano (equivalente al antiguo mitjà) y no un B2 como hasta ahora aunque el sistema de educación será el encargado de validar estos conocimientos si se saca al menos un 7 en la asignatura en Bachillerato, al estilo del modelo gallego. Esta es la principal novedad de los futuros decretos en los que están trabajando tanto la Conselleria de Interior y Función Pública como la Conselleria de Educación y que, en la práctica, suponen desbloquear el conflicto sobre el requisito lingüístico en el acceso a la función pública que llevaba siete años enfrentando a PSPV y Compromís.

Según explicaron las conselleras de Función Pública y Educación, Gabriela Bravo y Raquel Tamarit, respectivamente, el nuevo requisito lingüístico entrará en vigor a partir de las oposición públicas de 2025 y aplicará a todos los funcionarios de grupo A1 y A2 de la Administración de la Generalitat Valenciana, administraciones locales, personal no docente de las universidades y empleados públicos de los consorcios de todo el territorio valenciano, incluidas las comarcas en las que ahora hay posibilidad de solicitar una exención al estudio del valenciano, exención que ahora es «residual» según aseguró Tamarit.

El nuevo decreto marca que los subgrupos A1 y A2 (la escala más alta del funcionariado) necesitarán un C1. Mientras, los del grupo B y C1 (escala media) necesitarán un B2 en valenciano y los del grupo C2 un B1, tal como se pide ahora. En estos dos casos también se obtienen por el sistema educativo.

Eso sí, ambas quisieron dejar claro que el requisito del C1 (un mitjà) no será necesario para los docentes ni para el personal sanitario, que queda fuera de este requisito lingüístico por tener su regulación propia. «En el caso del ámbito sanitario ya tiene su propia regulación de 2017 que contempla el conocimiento del valenciano como un mérito», recordó Bravo.

Según el detalle aportado, el nivel de conocimiento del valenciano exigido cambiará a partir de 2025 pero hasta entonces se mantendrá un periodo transitorio en el que seguirá siendo de aplicación pedir un B2 también para el alto funcionariado.

Mientras se pone en marcha este requisito de acceso a la función pública, Educación trabajará también un decreto propio para hacer posible que la competencia del C1 se obtenga directamente a través del sistema educativo. Así, el alumnado que acabe la ESO obtendrá un certificado de nivel B1, el que acabe el Bachillerato aprobando el valenciano, un B2, pero para conseguir el C1 a través del sistema educativo se tendrá que obtener al menos un 7 de nota en los dos cursos de valenciano del Bachillerato, de ahí que «no haga falta otro examen posterior», según aseveró Bravo, para optar a puestos de alto funcionariado.