Un paso más cerca por aquí, otro más lejos por allí. Así se puede resumir la jornada protagonizada ayer por los tres socios que forman el Botànic. Mientras que en materia de energía las posturas parecen más próximas, después de que Compromís presentara una nueva oferta sobre las funciones que desempeñará la nueva agencia, en busca de favorecer un acuerdo con el PSPV-PSOE, en el terreno fiscal la entente se vislumbra mucho más lejano. Tanto los valencianistas como Unides Podem (UP) insisten en su negativa a bonificar el Impuesto de Sucesiones, al tiempo que instan a los socialistas a dar explicaciones a sus votantes.
La nueva propuesta en materia energética planteada por Compromís a sus socios pasa, principalmente, por matizar alguna de las funciones que desempeñará la Agencia Valenciana de la Energía. La síndica de los valencianistas, Papi Robles, compareció un día después de que el lunes se presentara el modelo energético de Compromís, que apuesta por aprovechar los techos y cubiertas de los edificios para instalar paneles solares y construir fotovoltaicas en suelos degradados o que ya hayan sido urbanizados.
Negociación
«Estamos avanzando, estamos en la línea de querer negociar», afirmó Robles, quien se mostró convencida de que puede haber acuerdos en esta cuestión, así como «en todas las medidas que van alrededor del territorio y que necesitan una planificación estratégica y dar prioridad para el uso de los suelos». En este contexto, cabe recordar que la implantación de las energías renovables lleva mucho tiempo generando profundas discrepancias entre los tres socios del Botànic. Estas diferencias, entre otros motivos, sirvieron como detonante para la destitución de la ilicitana Mireia Mollà como consellera de Agricultura y Transición Ecológica.
Tras la propuesta que le han planteado al socio mayoritario del Botànic, el PSPV, desde las filas de Compromís esperan alcanzar un acuerdo antes de mañana sobre las enmiendas presentadas a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat del próximo año. «Si el problema son las palabras, seguramente las encontraremos. En el contenido parece que tenemos un acuerdo», insistió Robles tras ser preguntada por las discrepancias que se han generado en torno a la agencia. La síndica defendió que la postura de su grupo no se aleja del pacto del Botànic y añadió que «todas las partes acabarán negociando, como no puede ser de otra manera».
Enmienda
En otra de las grandes diferencias que separa en estos momentos a los miembros del Gobierno autonómico, relacionada con el terreno fiscal, las posturas no parecen tan próximas, ya que el PSPV está dispuesto a mantener su enmienda para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones de euros. Esta propuesta no es compartida para nada por Compromís y UP. «No cabe ninguna aproximación, no es una enmienda en la que se pueda cambiar o modificar algo que se pueda aproximar», valoró la síndica socialista, Ana Barceló.
Tras estas manifestaciones de la exalcaldesa de Sax, desde Compromís, su portavoz adjunto en las Cortes, Carles Esteve, afirmó que su grupo ha dejado claro desde el principio que no está «por la labor de hacer regalos fiscales en un momento en el que la ciudadanía tiene la percepción de que va hacia una temporada complicada». Siguiendo con este debate, el portavoz adjunto de UP, Ferran Martínez, pidió sentarse y llegar a acuerdos en esta cuestión, al tiempo que señaló que el PSPV deja claro que «ni habrá ni quiere negociación». Lo que parece evidente es que cada uno de los socios del Botànic empieza a desmarcarse y marcar su perfil político, con la vista puesta en las elecciones del próximo año.
La oposición de derechas también entró ayer al trapo en este debate. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos descartaron que el grupo socialista haya contactado con ellos para recabar su apoyo a las dos enmiendas que ha presentado en solitario a los presupuestos de la Generalitat de 2023 que están relacionadas con el Impuesto de Sucesiones.
La oposición se opone al requisito lingüístico para los funcionarios
La oposición de derechas en las Cortes, formada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, mostró ayer su oposición frontal al requisito lingüístico para los funcionarios, que fue anunciada el pasado lunes por la Generalitat tras la culminación de una negociación que se ha arrastrado durante años. Los tres partidos también advirtieron de que se está preparando otro requisito lingüístico «encubierto» para los sanitarios, ya que se están puntuando más los conocimientos del valenciano que las tesis doctorales. «Es un requisito encubierto y muy peligroso», denunció la síndica del grupo popular, María José Catalá, quien también lo calificó como «discriminatorio».
