El PP plantea colaborar con la sanidad privada ante el «colapso» sanitario

Mazón propone incentivos para los profesionales que trabajen más de 35 semanales y derogará el requisito lingüístico si logra gobernar

El líder del PPCV, Carlos Mazón, este jueves

El líder del PPCV, Carlos Mazón, este jueves

Borja Campoy

Borja Campoy

Ante lo que considera un «colapso» de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana, el líder autonómico del PPCV, Carlos Mazón ha propuesto sus recetas para revertir esta situación. El planteamiento del dirigente popular tiene como principales propuestas establecer una colaboración con la sanidad pública y ofrecer incentivos para aquellos profesionales sanitarios que estén dispuestos a trabajar más de 35 horas semanales. Junto a esto, el alicantino ha manifestado que, en el caso de que gobierne, derogará el acuerdo sobre el requisito lingüístico para el acceso a la Función Pública, con el que, por ejemplo, se valora más el conocimiento del valenciano que las tesis doctorales. 

La propuesta hecha pública por Mazón pasa por la derivación de los pacientes en lista de espera a la sanidad privada sin coste alguno cuando pasen de los cincuenta días en lista. «La sanidad pública valenciana ha hecho definitivamente aguas, no funciona, ha colapsado», lamenta el también presiente de la Diputación de Alicante, que igualmente lanza un mensaje dirigido a los pacientes: «Lo son más que nunca, por la paciencia tan extrema que están demostrando. La paciencia se nos está acabando a todos, pero no nos resignamos».

Documento

Desde las filas populares se asegura que el plan sanitario que se ha elaborado está incluido en un documento que ha sido bautizado con el nombre de «100 medidas para los 100 primeros días de Gobierno», en el que están trabajando de cara a la campaña de las elecciones autonómicas del próximo año, que tendrán lugar, si no se produce un adelanto, a finales del mes de mayo. La primera de las medidas sanitarias del PPCV también ha sido bautizada ya, cono el nombre de «La norma 50». Esta propuesta derivará a los pacientes en lista de espera de la sanidad pública a la sanidad privada «sin coste» cuando hayan cumplido 50 días a la espera de una operación.

«Lo que proponemos es un plan de colaboración público-privada claro y trasparente», defiende Mazón, a la vez que asegura que pretende que esta iniciativa se quede blindada «por ley» para que para la Generalitat y todos los profesionales sanitarios sea «obligatorio atender a todos los pacientes en un plazo máximo de 50 días». El segundo de los ejes planteados por los populares es el de un plan de incentivos especiales para los profesionales que «quieran y puedan» trabajar más horas, por ejemplo, por las tardes. La propuesta del PPCV es abordar el objetivo de que se realicen 35 horas a la semana y, a partir de ahí, se producirían los incentivos y las remuneraciones extra.

En cuanto al baremo de méritos en el procedimiento excepcional de consolidación de plazas planteado por la Conselleria de Sanidad, Mazón anuncia que lo denunciará ante los tribunales si, finalmente, el conocimiento del valenciano puntúa tres veces más que una tesis doctoral, al considerarlo un requisito encubierto». El dirigente popular considera que este baremo incumple el «requisito de equidad» y tiene su origen en los «prejuicios ideológicos» del Consell, que «no pueden imperar sobre la captación y formación» del personal sanitario.

Trasvase

Esta no es la única cuestión por la que Mazón ataca al Consell, en particular, y a su jefe, Ximo Puig, en concreto. También lo hace por el recorte sufrido por el trasvase Tajo-Segura. El líder popular sostiene que el presidente de la Generalitat «quiere vender como un acuerdo» lo que «en realidad es una renuncia y una capitulación de los intereses de la Comunidad Valenciana». «Entiendo que le produzca urticaria hablar de la guerra del agua, porque por su parte no hay guerra. Hay rendición a los intereses de la Comunidad y, particularmente, de Alicante», añade al respecto.

Según las consideraciones que Mazón hace públicas, Puig ha sido llamado a capítulo por Ferraz y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, motivos por los cuales ha acabado «capitulando». «Luego no ha tenido más remedio que vendernos que se había alcanzando un gran acuerdo cuando, en verdad, se han cargado el 30% del trasvase que merecemos», finaliza.