Minutos después de oficializarse en el pleno del Consell la destitución de Pedro Fresco como director general de Transición Ecológica, la vicepresidenta Aitana Mas justificaba su salida asegurando que con ella, el departamento de Isaura Navarro trasladaba la idea de que el Botànic «quiere agilizar más» la implantación de las energías renovables. Sin embargo, si algo preocupa en la cuota socialista de gobierno es que la marcha de Fresco, que ha insistido en su aceleración, suponga justo lo contrario.

Ni en el PSPV ni en Presidencia se inmiscuyen en una situación que, aseguran, pertenece al ámbito exclusivo de Compromís en el Ejecutivo autonómico. «No vamos a entrar a eso», aseguran fuentes del partido del puño y la rosa que dicen «respetar» la decisión de sus socios de gobierno. La única coletilla que añaden es sobre el avance de las renovables, un asunto sobre el que el PSPV viene haciendo mucho hincapié en los últimos meses a sabiendas de lo que significa.

En este sentido, en la formación que lidera Ximo Puig confían en que el cambio de nombres en el departamento que dirige Navarro no añada más trabas. Así, los socialistas consideran que la política de renovables es un asunto transversal que afecta a todo el Consell y que por ello no les interesa «polemizar» con sus socios, sino simplemente, que la gestión se acelere. En el horizonte, los 452 expedientes que la patronal del sector fotovoltaico aseguran que están pendientes y deben recibir respuesta de Declaración Ambiental antes del 25 de enero.

Esta fecha preocupa en el Palau. Los mensajes de Puig en esta línea han sido constantes en los últimos meses. No solo por el hito marcado por el Gobierno para dentro de algo más de 50 días y que de no alcanzarse podría suponer una cascada de demandas por parte de los promotores, sino porque la transición energética es un objetivo al que obliga la Unión Europea y que afecta directamente a los bolsillos de la ciudadanía a través del recibo de la luz. Es, también, parte de la imagen de gestión del Ejecutivo. No obstante, en Presidencia confían en que llegarán a tiempo.

Para ello se aprobó el macrodecreto en mayo y por ello también el PSPV ha rechazado las peticiones de Compromís y Unides Podem de modificarlo a través de la Ley de Acompañamiento. Los del puño y la rosa aceptaron crear la Agencia Valenciana de la Energía, pero se negaron a cualquier cambio (como incrementar el poder de decisión de los ayuntamientos sobre la implantación de este tipo de instalaciones) en las condiciones para autorizar proyectos de fotovoltaicas porque añadiría más dificultades a los objetivos fijados para el 25 de enero.

Acelerar en Territorio

En la gestión de las renovables también está la Conselleria de Territorio, especialmente a partir del área de Paisaje. La conselleria está en manos de los socialistas, con Rebeca Torró al frente, mientras que la dirección general lo está en manos de Rosa Pardo, de Compromís. Este área se ha convertido en una de las que más trabas ha puesto a la instalación de plantas fotovoltaicas por su afección al territorio, algo que ha generado numerosos choques internos en este departamento.

De hecho, en este departamento se ha acabado recurriendo a un informe de la Abogacía ante las «dudas» de interpretación de las diferentes leyes para acelerar las renovables. En este, los servicios jurídicos de la Generalitat rechazaron algunas de las trabas que hasta ahora ha puesto Paisaje. Desde la dirección general, de hecho, llegaron a alegar el informe y la Abogacía se ratificó en un segundo documento. «No tengo ninguna duda de que la dirección general de Paisaje aplicará lo que la Abogacía ha dicho», dijo Torró como aviso al respecto.

En Unides Podem tampoco entran a valorar la situación en la Conselleria de Agricultura. Su postura, no obstante, es diferente a la de los socialistas y mucho más próxima a la de Compromís. En las Cortes han compartido algunas de las propuestas de la coalición valencianista, sobre todo, en lo que respecta a la autonomía local.

Mientras tanto, en Compromís, fuentes de Iniciativa lamentaron haber virado el discurso sobre las renovables, focalizándose solo en el autoconsumo, y haber dejado «todo el espacio libre al PSPV» para defender la transición energética a partir de las plantas fotovoltaicas de las que, recuerdan, la Generalitat tiene competencia para las de menos de 50 MW. «Y si no tramitamos esas, vendrán las macroplantas con autorización estatal», avisan.