Transparencia y acceso a la información: mucha palabra y poco compromiso práctico

Hay formaciones políticas que, cuando han estado en la oposición, han presentando reclamaciones al Síndic de Greuges denunciado que los equipos de gobierno de sus municipios les ponían muchas trabas a la hora de facilitarles documentos e información para realizar su labor de fiscalización del poder. Cuenta el propio defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, que en varias ocasiones ha comprobado que cuando esas mismas formaciones han dado el salto al gobierno después de unas nuevas elecciones, han actuado exactamente igual del mismo modo que denunciaban cuando se encontraban en la oposición. 

Basta este ejemplo para poner de manifiesto uno de los grandes males de las administraciones locales y autonómicas sobre el que el Síndic lleva alertando desde hace muchos años, una forma de actuar que menoscaba considerablemente la calidad democrática y que merma los principios de transparencia y acceso a la información pública sobre los que debería sustentarse. Al ser preguntados sobre esta forma de proceder, los responsables políticos de toda la paleta de colores, incluidas las síndicas en las Cortes, se llenan la boca afirmando que hay que trabajar por la trasparencia y poner a su disposición todos los mecanismos y recursos necesarios para que no se produzcan fallos. Pero, si se atiende a la práctica y a los informes que elabora el Síndic, se comprueba que toda esta palabrería está hueca y que, en realidad, hay poco compromiso por llevar a la práctica lo que defiende la teoría. Su blindaje legislativo ni se plantea. 

Numerosas quejas

Esta misma semana, en el Foro del Municipalismo organizado por INFORMACIÓN, Luna ha arremetido contra la falta de trasparencia que muestran los ayuntamientos y ha puesto de manifiesto las numerosas quejas que recibe por parte de concejales de la oposición y de ciudadanos sobre la opacidad en el acceso a la información pública. «No se puede consentir que ayuntamientos medianos y grandes desprecien las normas básicas del funcionamiento de la democracia, como está sucediendo hoy en día en la provincia de Alicante», manifestó el Síndic en un contundente discurso que no dejó indiferente a nadie de los que lo escucharon.

Estas denuncias de Luna han quedado reflejadas negro sobre blanco en los diferentes informes que elabora periódicamente, como en el que presentó a las Cortes Valencianas correspondiente al año 2021, en el que ya solicitó expresamente la modificación del artículo 128 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, con el fin de regular específicamente el acceso directo de todos los concejales a los documentos y a la información contenida en los sistemas informáticos de gestión electrónica de los expedientes municipales, salvo aquellos datos de las personas físicas que estuvieran protegidos o reservados.

El Síndic de Greuges arremete contra los ayuntamientos por su falta de transparencia

En sus propios informes y resoluciones, el Síndic sostiene que las nuevas tecnologías y la digitalización de las administraciones tendrían que jugar a favor para facilitar la transparencia de las instituciones, lo que, a la hora de la verdad, no ocurre. En sus escritos Luna también ha dejado constancia de que, en las democracias avanzadas, el papel de la oposición debe ser molesto para quien ejercer el poder y que, por lo tanto, las instituciones tienen que eliminar las «numerosas» trabas y obstáculos que ponen. Por último, el Síndic insiste en que la información requerida por la oposición tiene que ser puesta a su disposición de forma rápida.

«Uno de los aspectos que más me preocupa es que, cuando denuncio este tipo de cosas, todo el mundo dice que está muy bien lo que dice el Síndic, pero luego nadie hace caso», reflexiona Luna. «Siempre se piensa que los que actúan mal son el resto de los partidos y ninguno se para a analizar en profundidad cómo lo está haciendo en su casa», añade el defensor del pueblo autonómico, antes de compartir un último pensamiento: «La obligación de los responsables políticos es preocuparse por el funcionamiento de sus instituciones y evitar que vulneren las normas básicas que rigen el comportamiento de una sociedad democrática».

Ayuntamientos

Ante las reiteradas denuncias del Síndic, ¿cuál es la respuesta que ofrecen los ayuntamientos de los municipios más poblados de la provincia? Empezando por la ciudad de Alicante, su alcalde, Luis Barcala (PP), se limita a afirmar que coincide en que «todas las administraciones públicas deben trabajar para ser más transparentes». El portavoz del principal grupo de la oposición, Miguel Millana (PSPV), denuncia que «hay varias deficiencias en el Ayuntamiento de Alicante», lo que considera que supone un «problema muy grave que se está repitiendo todos los años».

En Elche, su alcalde, Carlos González (PSPV), también presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP, indica que respeta el criterio del Síndic, pero no lo comparte. «En los últimos años, en el ámbito municipal hemos dado un salto en materia de trasparencia», apostilla. El líder de la oposición, Pablo Ruz (PP), recuerda que el Síndic ha hecho «decenas de advertencias» sobre la opacidad del equipo de gobierno ilicitano «sin que se tomen medidas».

Un poco más al sur, en Torrevieja, el primer edil, Eduardo Dolón (PP) asegura que el Ayuntamiento de la ciudad salinera «siempre colabora con el Síndic y con todos los organismos públicos que le solicitan información y transparencia». No piensa de la misma forma el portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz: «No es posible que no tengamos acceso a los expedientes públicos. El Ayuntamiento de Torrevieja es uno de los más opacos de toda la provincia. Lo que denuncia el Síndic es una verdad como un templo, hay que actuar de otra manera».

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro (PSPV), afirma que desde que su formación accedió al poder, «el Ayuntamiento ha mejorado notablemente su índice de transparencia, ciberseguridad y participación ciudadana». Este es uno de los pocos casos en que desde la oposición se coincide. Así lo afirma Fran Muñoz (PP): «Podemos hacer muchos reproches al equipo de gobierno en materia de gestión o falta de ejecución presupuestaria, pero, cuando solicitamos información, se nos da».

En el caso de Alcoy, el alcalde, Toni Francés (PSPV), recuerda que «la transparencia es una obligación de todas las administraciones y, gracias a la digilitazición, se puede facilitar la información en tiempo real». También portavoz socialista en la Diputación, Francés afirma que en la institución provincial «hay poca transparencia». El portavoz de la oposición en Alcoy, Quique Ruiz (PP), lamenta que su grupo ha tenido que recurrir al Síndic en muchas ocasiones para que el equipo de gobierno les facilite información.

En último lugar, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), manifiesta que «todas las instituciones tienen que cumplir con la ley» y coincide con Luna a la hora de señalar que «la transparencia es un elemento fundamental que tiene que ser atendido». Desde la oposición, Cristina Escoda (PSPV) apunta que está de acuerdo en que «los representantes políticos y los técnicos municipales tienen que ser responsables para salvaguardar la independencia y la garantía de los bienes que gestionan las administraciones públicas».