Varapalo al Consell: el Tribunal Superior de Justicia da la razón al PP y deja en suspenso el Fondo de Cooperación

Varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) al Consell. La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido de forma cautelar la ejecución del acuerdo de la Generalitat que obliga a la Diputación de Alicante a aportar 13,4 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal para el ejercicio de 2023. La resolución supone un espaldarazo para la institución provincial y, en particular, para Carlos Mazón, en el que es el principal conflicto institucional que mantiene con la Administración autonómica y el jefe del Consell, Ximo Puig. Precisamente en año electoral, que era cuando debía entrar en vigor la nueva ley, dejando así el auto vía libre al PP para aprobar sus presupuestos junto a Cs. De hecho, el diputado provincial de Presidencia, Eduardo Dolón, asevera que el auto avala la autonomía de la Diputación «frente a las imposiciones de Ximo Puig y sus socios», mientras que el director general de Administración Local de la Generalitat, Toni Such, lamenta que los populares «sigan marginando a los pueblos de Alicante», motivo por el que anuncia la interposición de un recurso.

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, liderado por el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, decidía el pasado mes de octubre presentar un recurso ante el TSJ para reclamar la suspensión cautelar del Fondo de Cooperación impulsado por el Consell. La ley que regula este plan obligaba a la institución provincial a comprometer 13,4 millones de euros de su presupuesto del próximo año para repartirlos entre los ayuntamientos de la provincia. Los servicios jurídicos de la Diputación, sin embargo, emitieron un informe, cuya conclusión era que tanto el acuerdo del Consell como la citada ley vulneraban la Constitución y el Estatuto de Autonomía, de ahí que se decidiera la interposición de este recurso.

Pues bien, sin entrar al fondo del asunto, que será objeto de análisis en su momento en el Tribunal Constitucional, el TSJ ha accedido a la petición de la institución provincial de suspender cautelarmente la aportación de los fondos, a fin de evitar «perjuicios de difícil reparación» a la demandante en caso de que finalmente se estime su recurso de inconstitucionalidad.

Política de gastos

Los magistrados, en concreto, destacan que la aportación exigida «desaprovecha de manera irremediable la política de gastos ya prevista o diseñada para el ejercicio de 2023 en favor de los municipios de la provincia de Alicante», que, añade el auto, «se verán perjudicados como consecuencia de tal exigencia por no recibir ese cambio de destino de tales recursos». Además, este hecho, asevera el TSJ, dañaría «las competencias y funciones genuinas de la Diputación de soporte a las necesidades financieras de los municipios de la provincia, en particular, para los de menores recursos económicos e impidiéndoles el ejercicio de sus deberes de auxilio económico», adhiríéndose así a uno de los principales argumentos del PP.

Asimismo, se subraya que «no se puede aceptar que tales perjuicios admitan reparación por cuanto que, dado lo avanzado de la elaboración del presupuesto de 2023 cuando nos encontramos a finales del ejercicio de 2022, teniendo en cuenta las exigencias del acuerdo impugnado, esa aportación habría de detraerse de los presupuestos de 2023 para atender las necesidades del fondo, impidiendo, si no se adoptase la medida cautelar, que los ayuntamientos reciban la financiación prevista y necesaria para sufragar los servicios de asistencia a sus ciudadanos».

Por todo ello, la sala resuelve decretar la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido, lo que supone que la Diputación, con el PP al frente, gana el primer asalto en el que viene siendo el principal motivo de enfrentamiento institucional con el Consell. 

Algo ante lo que no ha dudado en sacar pecho Eduardo Dolón, quien resalta que la suspensión cautelar «supone un respaldo judicial a la autonomía de las diputaciones frente a los intentos de control del tripartito de la Generalitat». Según sus palabras, los sistemas de reparto de la Diputación benefician más a los municipios de menor población, que, resalta, «son una prioridad para la institución». Con todo ello, Dolón insta a Ximo Puig a «rectificar su forma de hacer política», añadiendo que siguen teniendo la mano tendida al diálogo».

Recurso

Toni Such, por su parte, lamenta que el PP «utilice la Justicia de nuestra Comunidad para seguir discriminando de una forma dramática a los municipios de la provincia de Alicante», los cuales, añade, «no se merecen de ninguna manera la Diputación que tienen y, sobre todo, el partido que la gobierna». Para el representante del Consell, «una vez más, continúan distribuyendo los recursos de forma torticera», frente a una Generalitat que, subraya, apuesta por el Fondo de Cooperación «desde una perspectiva de justicia y de objetividad». Such, en este sentido, avanza que la Generalitat ya trabaja en la interposición de un recurso.