Nuevo revés al Consell: el TSJ desestima el recurso y mantiene en suspenso el Fondo de Cooperación

El Consell ha vuelto a recibir un nuevo revés en la disputa que mantiene abierta desde hace años con la Diputación de Alicante a cuenta del Fondo de Cooperación Municipal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat, tras el auto de principios del pasado mes de diciembre en el que dejó en suspenso el proyecto de inversión del Ejecutivo que preside Ximo Puig. De esta manera, la institución provincial eludió la obligatoriedad de tener que destinar 13,4 millones de su presupuesto de este 2023 al fondo, tal y como marcaba la ley. El nuevo auto del TSJ, en este sentido, recoge algunos de los principales argumentos en los que, desde el principio, la Diputación, con su presidente, Carlos Mazón, a la cabeza han fundamentado su rechazo al plan inversor del Consell.

Nuevo auto

En concreto, en este nuevo auto en el que la sala tumba el recurso del Gobierno autonómico, lo que se sostiene es que «los intereses en liza no son los de los municipios, extraños y ajenos al recurso por cuanto ninguno de ellos interviene en el procedimiento y ningún dato existe sobre una supuesta discriminación o deficiente gestión que se pretenda corregir». Los magistrados, en esta línea, puntualizan que «lo que está en juego es el legítimo interés en preservar la autonomía de la Diputación en gestionar sus recursos dentro del marco legal que le confiere unas determinadas atribuciones que, a través del recurso entablado por el ente local -la Diputación- se pretenden preservar, defender y amparar».

Ahora bien, el TSJ no se queda ahí, y deja claro que lo que se está haciendo es apoyar una medida cautelar -la de dejar en suspenso el proyecto inversor de la Generalitat hasta que se entre en el fondo del asunto- para evitar una situación que podría perjudicar a la Diputación si finalmente se le da la razón en un proceso que la misma sala reconoce que puede durar años. «Si no se adoptase la medida cautelar, y para el caso de prosperar el recurso, la ejecución del acuerdo y su no suspensión con la consiguiente obligación por parte de la Diputación de contribuir a la financiación del fondo le obligaría a la aportación de importantes recursos en detrimento de sus competencias y funciones por cuanto, conociendo el ritmo de resolución de los asuntos que entran en la Sala, su decisión se puede demorar varios años, lo cual solo se podría paliar con la adopción de la medida suspensiva solicitada», puntualiza el auto.

La Diputación saca contra el Fondo de Cooperación la calculadora: alega que su plan triplica la inversión

Unas funciones las de la Diputación en las que, por otra parte, y como destacan los magistrados, tiene un papel predominante la de asistencia a los municipios. «Destacaremos también la función institucional de la Diputación, ‘de lege data’ conforme a nuestra norma fundamental, que se alza como escalón cuya misma existencia se justifica en buena medida en su papel de asistencia y subsidio a los entes locales municipales».

Con estos puntos de partida, el TSJ es contundente en sus conclusión: «La autonomía local es dentro de la ley y la Diputación tiene precisamente autonomía financiera constitucionalmente garantizada para alcanzar o administrar sus propios recursos y fuentes de financiación y tomar la decisión en sus presupuestos que le permita atender sus obligaciones competenciales». Contra este nuevo auto, no obstante, el Consell puede volver a recurrir.

Reacciones

Las reacciones tanto de la Diputación como de la Generalitat no se hicieron esperar nada más conocerse el sentido del auto del TSJ. Por parte de la institución provincial tomó la palabra el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, uno de los portavoces del equipo de gobierno, que celebró que, con esta resolución, «ganan los alicantinos». Gutiérrez remarcó «la importancia de este nuevo reconocimiento en favor de la Diputación, una institución que está por encima de todos los partidos políticos y en la que debe respetarse su autonomía».

La réplica por parte del Consell llegó de manos del director general de Administración Local, Toni Such, que lamentó «la traición con la que la Diputación somete a los ayuntamientos de la provincia, la discriminación a los municipios y el interés por distribuir los recursos de forma poco objetiva y clara». Such también reiteró el compromiso de la Generalitat para que «el Fondo de Cooperación sea el instrumento vertebrador para alcanzar una financiación justa, objetiva e incondicional para la provincia de Alicante».