Cierre de filas en el Botànic alrededor de la ley de creación de la Agencia del Cambio Climático

La primera sesión del pleno de las Cortes Valencianas está constatando el cierre de filas del Botànic alrededor de sus proyectos estrella. Al final de esta mañana, las formaciones avanzaban su posición en las votaciones que se realizará mañana y la Ley de creación de la Agencia Valenciana del Cambio Climático será una realidad. Por su parte, la oposición ha mantenido su postura que se ha basado en tachar de "chiringuito" este organismo e innecesario en la medida que hay una dirección general en la Generalitat.

Los miembros del Botànic consideran que la Agencia dará "eficacia y agilidad" a las políticas de lucha contra el cambio climático. Desde Unides Podem, Beatriu Gascó, ha negado que se trate de un chiringuito, sino que es "una estructura muy necesaria" para hacer frente a los retos del cambio climático, pues si se quiere hacer frente a la emergencia climática es necesito "tener estructuras para poder hacerlo". La diputada ha destacado la transversalidad de la norma y poder "dotar de músculo" las políticas que desarrolla el Consell. Para terminar ha añadido el dato de que la Dirección General de Cambio Climático ha ejecutado el 73% del presupuesto y que esta cifra podría aumentar con la agencia.

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Por su parte, Graciela Ferrer (Compromís) ha asegurado que esta agenda es "una herramienta necesaria para la aplicación efectiva y ágil de la ley valenciana de Cambio Climático y para hacer frente a los retos de mitigación y adaptación".

Mientras que desde las filas socialistas, David Calvo, ha asegurado que la emergencia climática "es un hecho irrefutable, a pesar de la existencia de cavernarios y terraplanistas", y ha afirmado que la finalidad de la agencia es "convertirse en un órgano ejecutor de las políticas medioambientales". "Proponemos hacer la parte alícuota que nos corresponde", aunque la Comunidad Valenciana sea un porcentaje reducido del territorio global, ha defendido Calvo, quien ha considerado que este organismo será "un referente autonómico y nacional".

Una negativa firme

En la bancada contraria, la oposición ha expresado su negativa de manera firme. En este sentido, la diputada popular Elisa Díaz, ha vuelto a definir la agencia de "un chiringuito más" que costará 3,5 millones de euros al año. Ha añadido que este tipo de propuestas por parte del tripartito han supuesto ya 500 millones en gasto y ha argumentado que ya existen dos direcciones generales creadas expresamente para hacer frente al cambio climático, como son la de Calidad Ambiental y la de Cambio Climático, además de organismos nacionales y europeos.

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En una línea similar se han manifestado Ciudadanos y Vox. Eduardo del Pozo (Cs) cree que no es momento de crear un nuevo organismo público, sino de gastar el dinero en aquellas cuestiones que necesita la ciudadanía, mientras José Luis Aguirre ha considerado "innecesaria" esta agencia pues "los cambios climáticos han existido y existirán siempre". Además, ha añadido, la Comunidad Valenciana "no podría luchar sola contra algo de tal magnitud" como plantean los grupos del Botànic, ya que sería como "apagar un incendio con un pis".

Funciones del organismo

La agencia entra en el pleno de las Cortes tras un largo debate en comisiones y en el seno interno del gobierno valenciano. La creación del organismo supuso uno de los momentos de tensión de esta legislatura por cuanto se tuvo que separar de la ley de este ámbito, escuchadas las dudas jurídicas de constituirla sin tener una partida económica específica. Así, tras más de un año de negociaciones y cambios en el texto, los grupos apretaron el acelerador para que la ley entrara en este penúltimo pleno.

La agencia es uno de los primeros puntos del Acuerdo del Botànic II y su sustanciación prevé funciones como la coordinación y ejecución los marcos estratégicos, planos, programas y presupuestos de carbono que se aprueban para la lucha contra el cambio climático. Además, se encargará de proponer y evaluar las políticas climáticas y de los planes de acción sectoriales en el ámbito de mitigación y adaptación al cambio climático.

Entre sus cometidos está también la elaboración de un barómetro social, de carácter bienal, para hacer un seguimiento detallado de las percepciones de la sociedad sobre los efectos del cambio climático y su impacto. La ley incluye, además, la creación de un Consejo de Participación Ciudadana.