Antifraude investiga una de cada cuatro denuncias presentadas

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes 21 la Ley Estatal de Protección de las Personas Denunciantes de Corrupción. España cumplía, con retraso, la disposición europea que vela por la transparencia y las buenas prácticas dentro de la administración. La Comunidad Valenciana cuenta desde hace siete años con este instrumento y, tras este largo periodo, los partidos políticos coinciden en señalar que su puesta en marcha es positiva, especialmente para las fuerzas que componen el Botànic. 

Los últimos datos disponibles corresponde al tercer trimestre de 2022 y, con ellos, se aprecia claramente cómo el «buzón» de denuncias se ha convertido en el canal preferente de presentación de escritos. Hasta septiembre, representaba el 88%, una cifra similar a la de los últimos tres años. De los 195 informes previos de verosimilitud registrados, el 25% han pasado a fase de investigación, eso representa que uno de cada cuatro registra indicios o cumple con los requisitos marcados por la Agencia. El 34% fueron inadmitidos y el restante 41% se archivaron.  

Antifraude investiga las octavillas electorales de Mazón

A finales de marzo, se presentará la memoria de 2022, pero desde el organismo se destaca que ya, en 2021, se mantuvo estable la línea en el número de entradas de denuncias en la Agencia desde su creación y puesta en funcionamiento en 2017, «siendo las administraciones de carácter municipal, incluyendo las entidades correspondientes a su sector público, las que reciben un mayor número de denuncias, con una media del 67,13% del volumen total de denuncias de ese año». En segundo lugar, la administración de la Generalitat Valenciana acumuló un 15,32%. 

Cambio de paradigma

Todos los grupos políticos , salvo Vox, ven en la Agencia un instrumento útil y los matices que marcan los bloques son finos y ligados al cambio que supuso introducir una entidad pública de esta esfera. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, pone en valor que fue su formación la que «precisamente promovió la Agencia». «La corrupción y el fraude se convirtieron en un problema estructural que tiene un impacto social, económico y en el descrédito de las instituciones y de la misma democracia en la Comunidad Valenciana que había que atajar, con esta entidad se consigue prevenir y atacar de raíz la corrupción tan instaurada durante años». Para Lima, es una herramienta útil, porque «gracias a la denuncia de los funcionarios y ciudadanía se está consiguiendo conocer malas prácticas en la Administración Pública, y con ello cambiar las dinámicas que se estaban dando con el bipartidismo».

Desde el grupo socialista, Mercedes Caballero puntualiza que «es uno de los mayores aciertos del Botànic, sobre todo por la situación de corrupción política generalizada que se instauró en la Comunidad Valenciana en los 20 años de gobierno del Partido Popular y que cabía atajar» y, en la parte de balance, añade la importancia de las recomendaciones que emite de cara a las buenas prácticas. 

En este sentido, el síndic adjunto de Compromís, Carles Esteve, coincide en la necesidad de una herramienta que nació para romper con una etapa de «paella y corrupción». Además, hace un apunte dirigido a la concienciación de la ciudadanía: «Hace falta desarrollar más la agencia y que ciudadanía tenga más confianza en ella».

Oposición

Desde los grupos parlamentarios de la oposición, la valoración enlaza con la actualidad política. Así el diputado autonómico popular, Fernando Pastor, explica que «siempre hemos defendido cualquier instrumento que sirva para combatir el fraude y la corrupción y en definitiva las malas prácticas; pero aquí añadimos una cuestión: se debe medir siempre con el mismo rasero y con la misma vara de medir a todo el mundo. Creo que ese matiz es importante». En el punto crítico remarca el alto alquiler que se paga por la actual sede y denuncia que el gobierno de Puig no haya aceptado la propuesta de ubicarlo en uno de los inmuebles de la administración autonómica. 

Por su parte, la síndica de Cs, Mamen Peris, se muestra crítica con los partidos del Consell por desoir las recomendaciones de la agencia. «Tal y como vemos, su utilidad sigue siendo clave, pues apareció el caso Azud, también el Alquería o las subvenciones del hermano de Puig. La corrupción sigue estando a la orden del día en el ámbito político en la Comunitat Valenciana. Aprovechamos para pedir que las fuerzas del Botànic no le ponga trabas, la crearon y ahora no parece que quieran escucharla".

En una postura muy diferente está Vox. Su síndica Ana Vega antepone el hecho de que estas denuncias se pueden hacer en fiscalía. Además, es especialmente crítica con la estructura del organismo: «Lo cierto es que la agencia antifraude es un gasto innecesario, y como ejemplo hay que decir que prácticamente el 70 % de su presupuesto está dirigido a pagar nóminas. Además, prácticamente todos los puestos, son de libre designación con lo cual eso supone un obstáculo a la transparencia y la convierte en un chiringuito más.

Por último, los parlamentarios consideran imprescindible que la agencia dé pasos en el ámbito municipal y precisamente el pleno de Consell aprobó este viernes un convenio de colaboración entre la propia agencia, la Conselleria de Participación, la FVMP y las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, para un estudio de diagnóstico de los niveles de integridad pública en las entidades locales que llevará a cabo la Universitat de València.