La Sindicatura de Comptes fiscaliza los planes antifraude de las entidades locales

El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo (OCEX) de las comunidades autónomas acordaron la realización en 2022 de una actuación fiscalizadora coordinada sobre los planes de medidas antifraude en las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 4 de mayo de 2022, acordó ampliar el Programa Anual de Actuación correspondiente al año 2022 e incorporar dicha fiscalización de carácter horizontal.

Auditoría

Se trata de una auditoría de cumplimiento, así como operativa o de gestión. Es de cumplimiento en la medida en que tiene como finalidad verificar si las entidades ejecutoras de las medidas del PRTR han dispuesto de los planes de medidas antifraude previstos en la normativa aplicable. También es operativa en cuanto a que se valoran los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para la aprobación, implantación y seguimiento de los planes antifraude en relación con los cuatro elementos clave del “ciclo antifraude”, esto es, su prevención, detección, corrección y persecución.

Tres de cada cuatro entidades locales no aprueban su presupuesto dentro del plazo legal

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por trece entidades locales de la Comunidad Valenciana que participan de las medidas del PRTR (Alicante, Càlig, Canals, Bigastro, Castelló de la Plana, Gandia, Novelda, La Vall d’Uixó, Mogente, Orihuela, Vila-real, Torrent y València).

Resiliencia

Con carácter general, las entidades locales fiscalizadas disponen de un plan de medidas antifraude que les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Únicamente dos entidades (Càlig y Mogente) no disponen de este plan, si bien las subvenciones que han recibido son de escasa cuantía (4.000 euros).

Los planes de medidas antifraude cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si bien consideramos que hay medidas de prevención y de detección parcialmente implementadas que deberían ser objeto de subsanación. Recomendamos a las entidades revisar sus planes para incorporar la totalidad de medidas de prevención y de detección que prevé la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.