Políticas Inclusivas acusa al Síndic de mensajes alarmistas y le demanda moderación

Las primeras respuestas al informe del Síndic de Greuges no se han hecho esperar. Junto a las críticas del PP hacia el Botànic, está la respuesta de las consellerias sobre las que el organismo puso el foco. Es el caso principalmente de la de Igualdad y Políticas Inclusivas que registró 1.066 quejas de las 1.794 que se dirigieron al Consell. 

Desde el área que dirige Aitana Mas ayer se lanzaron dos mensajes. El primero, general, como Administración autonómica, y se refiere a que la gestión está mejorando si se atiende a la reducción de reclamaciones presentadas y, segundo, la actitud y acción colaborativa. Los datos respaldan esta afirmación, pues el Síndic de Greuges inició y admitió a trámite 14.096 quejas en 2016, mientras que el año pasado fueron 2.908 para todas las administraciones. 

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Por otra parte, y en el caso concreto de Igualdad y Políticas Inclusivas, se habla en términos de colaboración y es cierto que de las 1.066 quejas dirigidas a esta área, el departamento colaboró en 988 casos, es decir, en el 92,68% de las reclamaciones y no colaboró en 76, esto significa que bien no compartió las recomendaciones o bien no contestó. 

En cualquier caso, las discrepancias vinieron respecto a algunas afirmaciones de Ángel Luna durante la presentación del informe, pues desde la Vicepresidencia entienden que «la vocación del Síndic es mejorar el sistema» y pidieron «moderación en los mensajes alarmistas». Así uno a uno respondieron a los temas destacados como la dependencia. Para la conselleria, el sistema viene experimentando cambios desde la llegada del Gobierno del Botànic que «apuntan a cambios beneficiosos para la sociedad. Basta acudir a los parámetros marcados desde el Observatorio Estatal de la Dependencia» para comprobarlo. 

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También están las cuestiones relativas a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El Gobierno valenciano niega que se desincentive la búsqueda de trabajo. «Las personas perceptoras de RVI tienen la posibilidad de compatiblitizar la prestación económica con tres meses de trabajo. Por ejemplo: temporada naranja, meses de verano». Por otra parte, se ha asegurado que los servicios sociales ofrecen ayudas de urgencia a las personas que lo necesitan durante la tramitación de la renta y, por último, y respecto a la modalidad de renta complementaria de ingresos del trabajo, la que nace de cuatro quejas, «todavía no se ha implementado esta modalidad al estar pendiente de la aprobación y entrada en vigor el reglamento estatal que desarrollará la prestación del Ingreso Mínimo Vital, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», tal y como se le trasladó al defensor.

Vivienda

Respecto a Vivienda, que era la conselleria pendiente de recibir un positivo, según han indicado fuentes de la misma a este diario, «atendiendo las recomendaciones del Síndic, se está preparando una nueva herramienta para la tramitación de las ayudas». Mientras tanto, Vivienda ha habilitado canales alternativos, como el trámite zeta para atender a las solicitudes.

El PP carga contra Puig

Por último, la portavoz de Políticas Sociales en las Cortes, Elena Bastidas, afirmó que el documento «saca los colores a Puig y evidencia que su Gobierno es un lastre para las políticas sociales en la Comunidad». La diputada popular señaló que la memoria anual de 2022 presentada por el defensor valenciano, Ángel Luna, «demuestra que las personas más vulnerables siguen siendo olvidadas por la Administración de Puig, que tarda meses, e incluso años, en emitir resoluciones y aprobar medidas para paliar su situación». La portavoz de Política Social destacó que «precisamente las personas en mayor grado de vulnerabilidad requieren una respuesta rápida y no ser sometidas a un doble castigo por parte del Gobierno valenciano».